La mayoría de los países que han adoptado la política de un estado social de derecho buscan darles primacía a las instituciones cuya finalidad es defender el interés general y la inmarcesible dignidad humana como garantía de toda sociedad medianamente organizada.
Sin embargo, en este país, y más precisamente en la ciudad de Cartagena, los presupuestos anteriormente citados parecen estar más en el papel que en los actos que ejecutan las autoridades nacionales, departamentales y locales que no buscan mejorar el interés general, sino más bien el particular, soslayando así los presupuestos de un estado de derecho que se presume ser justo e irrestrictamente enfocado en la persona humana.
Si bien la Constitución Política en su artículo 42 señala la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la garantía de una protección integral para la misma, además, la Ley 2126 de 2021, señala en su artículo 4, los principios rectores de las comisarías de familia, entre los que se encuentra el de eficiencia presupuestando que las comisarias deben contar con los recursos y medios humanos, físicos, técnicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de su objeto misional.
Con todo y esto, también se señala en artículos posteriores que los concejos municipales y distritales, en el marco de sus competencias tendrán a cargo la creación y sostenimiento de las comisarías de familia.
A pesar de todo lo precitado, en Cartagena esto parece haber quedado replegado solo en el papel, ante la inobservancia de las autoridades encargadas de proveer todas las condiciones necesarias para que se lleve a buen recaudo los fines esenciales de las comisarías de familia.
Solo falta entrar a una de estas instituciones y hablar con un funcionario, para darse cuenta que no tienen los medios necesarios, tanto de activo humano como de infraestructura, para hacerle frente a la demanda de asuntos sujetos a su competencia.
Se hace impensable concebir que en un Estado como el nuestro, no primen los derechos de protección que tiene la institución familiar, que tal como lo ha venido denunciando el concejal Rafael Mesa, las comisarías de familia no tienen ni para la papelería y que los propios funcionarios deban contribuir de su propio bolsillo para poder comprar sus implementos.
Es una desfachatez que los funcionarios no les sean proveídos equipos de cómputo para poder radicar y tramitar los procesos, ante este escenario, se han visto obligados a comprar sus propios equipos para poder trabajar.
De verdad es menester destacar la admirable labor que hacen los funcionarios de las comisarías de familia y las inspecciones de policía, que aun en 2022, siguen usando máquinas de escribir y papel carbón, para poder cumplir con las funciones propias de su cargo, ante la mirada cómplice de las autoridades.
A eso se le suma, la poca o nula infraestructura dispuesta para que estas entidades trabajen, no tienen oficinas en condiciones, ni tampoco un robusto personal de apoyo, y luego, se quejarán los concejales, hipócritamente, si algunas de estas instituciones no alcanzan los resultados esperados.
Señores y señoras, las comisarías de familia y las inspecciones de policía, son imprescindibles para proteger a la familia y resolver controversias entre los particulares, ayudando así al correcto funcionamiento del estado.
Varios de los cartageneros y cartageneras hemos tenido que ir a alguno de estos establecimientos a resolver alguna disputa, en donde con la entereza propia de la situación, los funcionarios han atendido cada una de las inquietudes que llevamos en el tiempo que le es posible hacerlo, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuetran.
No dejemos que estas instituciones se queden relegadas porque los concejales no han hecho las gestiones de gasto público para mejorarlas, protestemos como los ciudadanos honestos que somos.
Posdata: a los concejales les digo, que, si bien el pueblo los escogió para representarlo, parece que eso ha quedado en el olvido. Entiendan que las funciones de las comisarías y las inspecciones de policía, están revestida de una importancia constitucional, entiendan que la modernización es necesaria para la correcta impartición de justicia y el cumplimiento de los fines esenciales del estado colombiano.
