Los alcaldes deben entender que no pueden seguir cobrando los impuestos a una minoría de contribuyentes por no hacer la tarea de actualizar la información contenida en la base de datos del municipio.
La crisis económica global causada por el coronavirus trajo consecuencias notables por el aumento del gasto en salud, la caída de los ingresos tributarios y el aumento en el déficit público.
Frente a este panorama los entes territoriales deberán adoptar medidas especiales para mitigar la situación y volver a la senda de la disciplina fiscal. Los municipios deben definir medidas concretas de política tributaria que no afecten la reactivación económica.
Sabemos que no tienen un menú fiscal amplio de dónde escoger para salir de la crisis, también soy consciente de que los ingresos tributarios son solo un elemento de la ecuación y que también serán necesarias otras medidas dirigidas a mejorar la racionalidad, eficacia y transparencia del gasto público.
Algunos alcaldes en su afán de mejorar los ingresos tributarios han decidido actualizar los estatutos tributarios municipales y con esta acción solo le terminan aplicando el incremento de los impuestos a la minoría de contribuyentes que vienen cumpliendo con el pago de las obligaciones.
Otros alcaldes han tomado la decisión de realizar una actualización catastral, esta estrategia es costosa, realizable a largo plazo y el incremento que representa el nuevo avalúo catastral lo terminan pagando también la minoría de contribuyentes que pagan el tributo. Algunos mandatarios tomaron la decisión de adelantar cobros coactivos masivos al universo de contribuyentes sin ningún resultado positivo en el recaudo.
Como especialista en finanzas públicas he tenido la oportunidad de analizar muchas bases de datos de contribuyentes de diferentes municipios y la gran mayoría aplican la famosa técnica de cortar y pegar datos de una base de datos a otra, no analizan, no comparan, no depuran y cada vez que agregan una vigencia nueva a la base de datos existente empeoran aún más las inconsistencias.
Si analizamos el impuesto predial unificado, para un municipio complementar la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con la información que maneja la Superintendencia de Notariado y Registro (VUR) y la contenida en el estatuto tributario municipal no es tarea fácil si se tiene en cuenta el volumen de información que se maneja y mucho menos el municipio tiene la capacidad tecnológica para hacerlo, y como resultado de lo anterior solo un universo del 40% de contribuyentes estarán en el radar tributario del municipio y el otro 60% de contribuyentes rezando para que nunca los detecten en la base de datos municipal.
Para la muestra un botón, el distrito de Barranquilla es pionera a nivel nacional en el procesamiento de bases de datos de contribuyente. Esto le ha permitido ampliar el universo de contribuyentes y complementar la información jurídica de los mismos para efectos de los cobros coactivos, colocando a la ciudad como la mejor de Colombia en cuanto al recaudo tributario.
Otro caso para resaltar se evidenció en el municipio de Soledad Atlántico: sin realizar una actualización catastral, sin modificar el estatuto tributario municipal, solo estructurando y complementando jurídicamente la base de datos de contribuyentes y una gestión fiscal estratégica, logró crecer el recaudo del impuesto predial en lo corrido del 2022 en un porcentaje superior al 80% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Es hora que el Gobierno nacional les permita a los municipios el acceso directo y sin tantas trabas a la información disponible de las diferentes entidades del orden nacional y los alcaldes deben entender que no pueden seguir cobrando los impuestos a una minoría de contribuyentes por no hacer la tarea de actualizar la información contenida en la base de datos del municipio.
