Desde los primeros anuncios del gobierno, la estrategia trazada ha sido la de contener el contagio del virus COVID-19 para evitar la saturación del sistema de salud. Primero, declarando el aislamiento social y luego tomando medidas para evitar que la población vulnerable “desacate” la cuarentena, cuando salga a ganarse la vida en el día a día, obligada por otra ley, la de no morir ni dejar morir de hambre a su familia.
Para desarrollar esta estrategia, el gobierno ha expedido un paquete de decretos que van desde multas a quienes salgan a la calle, hasta la conformación de fondos para la redistribución de recursos a los municipios. Todo esto, pasando por las medidas de asistencialismo en las que, según el viceministro de hacienda, “el papá Estado proveerá”.
Aun no se tiene información suficiente para evaluar si todas estas medidas son o no las correctas, pero ya la historia se encargará de esto. Tampoco se trata de evaluar el carácter de ese Estado social de derecho garantista, consagrado en la Constitución. Como se afirma en los análisis políticos, si las instituciones son débiles e ineficientes en momentos de relativa calma, qué esperar de ellas en momentos de convulsión social y sanitaria como la actual. El poco control sobre el monopolio legítimo de la violencia; la incapacidad para garantizar el respeto a la vida de líderes sociales y excombatientes; los imperfectos en la democracia procedimental reflejados en la compra de votos; y el notable aumento del desempleo, incluso en momentos previos a la declaratoria del estado de emergencia, son tan solo algunos aspectos que podrían hacer dudar del carácter del Estado social de derecho en el país.
La preocupación en este escrito no va dirigida al análisis epidemiológico del virus, ni al análisis sobre los efectos económicos que puedan resultar, pues sobre esto se encuentra abundante material. El interés, en cambio, se centra en un aspecto considerado fundamental para este momento: ampliar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Entendida como la participación de las comunidades en el control social, y en la promoción y prevención de la salud desde los territorios.
Fortalecimiento de los mecanismos de control social
“No crean todo lo que dicen en WhatsApp”, repiten los medios de comunicación. Aunque no toda la información es verdadera, las redes sociales se han convertido en el principal instrumento que tiene la ciudadanía para denunciar las irregularidades en entrega de mercados, subsidios y demás, o simplemente para hacer visible el abandono del Estado.
Los programas del gobierno distrital de Bogotá (como los bonos de la Secretaría de Educación para los estudiantes) y los del gobierno nacional (como Familias y Jóvenes en Acción, Subsidio y Mercados para Adultos Mayores, Devolución del Iva, Ingreso Solidario, Mecanismo de Protección al Cesante, Mercados Dian, Colombia Emprende e Innova y Emprendedores Agro, entre otros) manejan un rubro importante del presupuesto. De allí que cualquier desajuste en su implementación pueda desatar un estallido social sin precedentes. Ante esto el Estado muy seguramente responderá entendiendo la situación como un problema de orden público y no como un asunto estructural de vulneración de derechos.
Oportunidad para la atención primaria en salud
La participación de la ciudadanía no solo debe ser pasiva acatando las medidas de aislamiento social, o activa ejerciendo el control sobre la implementación de los programas sociales. La participación también debe ser preventiva y basada en los tejidos comunitarios existentes. Decir que las políticas de salud implementadas desde la Ley 100 no van a responder de manera eficiente en los picos de contagio proyectados, no lleva muy lejos. A esto habrá que agregar propuestas que emerjan de otras maneras de entender la salud pública, entre ellas el modelo de Atención Primaria en Salud (APS). Con la actual crisis se abre una ventana de oportunidades para demostrar en la práctica, la necesidad de la atención primaria.
Una de las principales características de la APS, es que convierte a las comunidades en promotoras de salud, a través del cuidado y de la prevención en los territorios, y de los puentes con el sistema de general de salud cuando de la prevención se pasé a la enfermedad. Con este modelo se podrá pasar a una estrategia más directa para abordar la crisis, que implique la búsqueda de pacientes en los barrios y veredas. Esto dará “un compás de puya y no de paseo”, a los movimientos del acordeón que tanto preocupan al gobierno.
¿Qué podemos hacer?
Los análisis y las reflexiones resultan inocuos si no están acompañados de propuesta para actuar. Algunas acciones podrían ir encaminadas a lo siguiente:
1. “Hago parte de la población vulnerable y la ayuda nunca me ha llegado, o en las líneas de atención nunca me contestan, ¿qué hago?”. Se debe divulgar por redes sociales todos los mecanismos existentes para garantizar el control político y social sobre programas asistenciales. Esta divulgación debe explicar de manera muy sencilla, las herramientas que tiene la ciudadanía para denunciar irregularidades y fallas en la implementación de estos programas. En este sentido, los entes de control (Procuraduría, Contraloría, Personería, Defensoría y Veedurías) tienen la responsabilidad de actuar coordinados para generar y difundir ese contenido pedagógico, y para garantizar la atención de las denuncias, el seguimiento y las respectivas acciones sancionatorias, cuando sea el caso. Intolerable la corrupción y mucho más cuando se da en medio de una emergencia. La activación de estos mecanismos no implica quebrantar las medidas de aislamiento social.
2. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las expresiones más básicas de los gobiernos comunitarios. Aunque se han instrumentalizado con fines politiqueros y se han permeado de corrupción a escala barrial, pueden ser una herramienta importante para el actual momento. A través de la JAC, se podrán coordinar campañas de desinfección, búsqueda de pacientes y monitoreo de la expansión del virus en los barrios y veredas. Es decir, desplegar acciones públicas-comunitarias directamente en los territorios, como paso previo y complementario a las acciones en los centros hospitalarios. Las JAC en su mayoría, cuentan con las figuras de comités, que podrían ser aprovechadas para constituir o fortalecer comités de salud con una o dos personas que se capaciten como promotoras de salud: encargadas de monitorear la situación de su barrio o vereda; de alertar sobre casos de pacientes críticos y sobre el desabastecimiento de alimentos y medicamentos; y de apoyar la focalización de pacientes para la toma de muestras, entre otras cosas.
