En la zona rural del municipio de Saltento ha circulado un panfleto donde un grupo paramilitar, ligado al Clan del Golfo, profiere serias amenazas contra la vida de líderes agrarios de dicha localidad.
Se trata de una grave situación, pues ya sabemos lo que está sucediendo con los líderes sociales y los derechos humanos del resto del país: están siendo sometidos al exterminio del sicariato, contratado en muchas ocasiones por potentes estructuras vinculadas con el despojo de tierras, el extractivismo minero y el narcotráfico. Además, estudios recientes de la fundación Somos Defensores indican que las amenazas se han disparado gravemente y que el asesinato no se detiene.
Pues bien, Salento es de vital interés estratégico por su topografía y suelos propicios para el desarrollo de la agroindustria; por un subsuelo rico en minerales diversos que lo han puesto en la mira de empresas mineras nacionales y transnacionales; por un sistema hidrográfico del cual dependen buena parte de municipios del Quindío y Norte del valle; y por una economía atractiva para la inversión en turismo (según afirma John Jairo Salinas, un destacado activista de los derechos humanos de la region).
Así mismo, la zona rural de Salento reúne las mejores condiciones para la siembra de aguacates Hass y la explotación de recursos naturales, por lo que empresarios locales e internacionales quieren desarrollar allí sus proyectos del mal llamado oro verde y la extracción de oro... ¿No son curiosas entonces las amenazas de las que son objeto las familias campesinas en las veredas que están georreferenciadas para este tipo de cultivos y actividades mineras?
A pesar de eso, los jefes de la policía y los militares han dicho que tal panfleto no merece ser tomando en serio, repitiendo las respuestas de las autoridades de otros departamentos en los que la muerte no se detiene.
Sin embargo, en el Quindío ya parece sentirse la presencia de los denominados “urabeños”, que es un conglomerado criminal con alianzas y pactos con estructuras locales. De hecho, las AUG (creadas por Don Mario en el sur de Cordoba y encabezadas hoy por Otoniel) al parecer tienen acuerdos con la banda La Cordillera, que opera en el Eje Cafetero y cuya sede es Dos Quebradas, Risaralda.
A esto hay que sumarle que Natalia Andrea Quimbayo Prado (alias Natalia o Peluche), recientemente condenada en Calarcá a 15 años de cárcel, es el enlace con el Grupo de Delincuencia Común Organizada Cordillera, además de la persona de confianza del líder de esa estructura en Quindío. Ella se encargaba de manejar la contabilidad, transportar armas de fuego y sustancias.
Según la investigación de la Fiscalía, la mujer es integrante la organización criminal La Floresta (con injerencia en Calarcá) y cometió diferentes delitos desde el año 2016 para tener control sobre el territorio en el que se dedicaba a la venta de estupefacientes.
Sobre La Cordillera
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación entregó un mapa nacional de las estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país, a propósito del seguimiento y golpes contundentes que han propinado las autoridades al Clan Úsuga. Dentro de este espectro se registra La Cordillera como una banda criminal que delinque en el Eje Cafetero y el Norte del Valle.
