El presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas ya tienen en la mano el decreto que trabajaron en sigilo y con poca socialización con las comunidades para agilizar la entrega de licencias ambientales para los proyectos de infraestructura y de minería. La idea del proyecto que será firmado por el presidente y el ministro ambiente Gabriel Vallejo, es agilizar la entrega de licencias que permitan iniciar los grandes proyectos en materia de transporte, construcción e infraestructura que lidera el vicepresidente y destrabar algunos de minería que se encuentran atascados. El encargado de impulsar el decreto y socializarlo con los interesados - constructores, inversionistas y las comunidades- será el recién posicionado director de la agencia nacional de licencias ambientales Fernando Iregui. El primero en reaccionar contra el decreto de las ‘Licencias exprés’’ fue el senador del Polo Jorge Robledo quien le envió esta carta al presidente Santos y sus funcionarios reclamándoles por la falta de compromiso ante la problemática ambiental por afán de dinamizar la economía. Esta es la carta del Senador Robledo:
Bogotá, 21 de septiembre de 2014.
Doctores
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República
GERMÁN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
Ministro de Medio Ambiente
FERNANDO IREGUI MEJÍA
Director Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Referencia: El proyecto de decreto que modifica el 2820, y que crea las licencias ambientales ‘exprés’, es irresponsable y dañino.
Cordial saludo:
Las licencias ambientales no existen en Colombia y en el mundo para estorbarles a las empresas que hacen las cosas bien, sino para protegernos de las que lo hacen mal, por incapacidad o por mala fe, atentando contra los intereses de la sociedad. Como las licencias ambientales no entraban los proyectos sino que los viabilizan pero como aciertos, falla el diagnóstico en el que se apoya el nuevo decreto.
También es falso que en Colombia sea un problema la demora de las licencias ambientales. Porque según estudio de Kathleen Hurley contratado por la ANLA, el país es uno de los que menos tiempo emplea para otorgar las licencias (http://bit.ly/Z71D35), no obstante su alta conflictividad ambiental y social y la gran diversidad y complejidad de su naturaleza. Luego reducir de seis a tres meses el trámite de las licencias llevará a que se decida de afán y mal para los colombianos, pero muy bien para unos extranjeros y nativos muy poderosos. A continuación, algunos de los absurdos de las licencias ambientales ‘exprés’.
Es común que las empresas le presenten a la ANLA estudios de impactos ambientales (EIA) incompletos o equivocados, por lo que deben corregirlo. Con la reforma se impone un procedimiento oral que cambia la rigurosidad de un concepto técnico escrito por una conversación informal. Y se permite eliminar del trámite de la licencia la visita de los técnicos de la ANLA al área de los proyectos, facilitando el error o el fraude contra el interés general.
Las vías y los túneles adosados a los existentes –para dobles calzadas, por ejemplo– no requerirán de licencias ambientales porque se considerarán mejoramientos ya amparados por las autorizaciones previas para situaciones de detalle diferentes, cuando en Colombia unos pocos metros pueden cambiar mucho las condiciones. ¡Y los imprevistos y fallas de diseño terminan costándole al Estado sumas enormes!
La norma vigente exige los Diagnósticos Ambientales de Alternativas (DAA), los cuales obligan al constructor de una obra de infraestructura a presentarle a la ANLA varias opciones para de ellas escoger la más adecuada. Hacia adelante también existirán los DAA, pero solo sobre aspectos técnicos y económicos, ¡sin considerar opciones ambientales!
En relación con el muy cuestionado fracking –que no debería utilizarse en Colombia–, la irresponsabilidad supera todo límite: porque si se realiza en campos de hidrocarburos en explotación, no se requerirá de una nueva licencia ambiental sino de una modificación a la que existe y que fue expedida para otras tecnologías, proceso de autorización que es bastante menos exigente.
El nuevo decreto maltrata más el derecho fundamental a la participación de las comunidades en proyectos que les afectan en materia grave sus vidas. Porque hace de la participación una burla total, dado que esta se reducirá a lo que pueda definirse dentro de los tres días siguientes al momento en que la ANLA analice el EIA.
En conclusión, un pésimo decreto que empeora la mediocridad existente, con un agravante: su presentación se calculó para que la ciudadanía no pudiera opinar al respecto. Solo así se entiende que se haya colgado en la web un miércoles con plazo para opinar hasta el viernes siguiente, lapso que también se les impuso a los especialistas de la ANLA, a quienes no se les consultó sobre su redacción. A propósito, un derecho de petición: ¿este proyecto de decreto lo redactó alguien con intereses económicos en el tema?
Concluyo esta amable carta expresando mi rechazo a la cada vez mayor irresponsabilidad con la que el Estado decide sobre los asuntos ambientales en Colombia, para favorecer a unos cuantos inversionistas, principalmente extranjeros. Y les agrego una petición elemental: que el gobierno anuncie que no expedirá ninguna reforma sobre las licencias ambientales hasta tanto la comunidad científica y los colombianos la hayamos podido analizar con tiempo suficiente, incluido debatirla en la Comisión Quinta del Senado.
