El exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, en medio del alboroto de la celebración del fin de 2023, en plenos preparativos para que el primero de enero del 2024, asumiera el cargo la nueva gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí, firmo la liquidación del contrato de concesión de la distribución y comercialización del Aguardiente Platino, que su administración firmó por diez años con la empresa Licochocó SAS.
Una empresa comercializadora de licores con sede en Manizales y con vínculos con los escándalos de corrupción del exsenador liberal de Caldas Mario Castaño, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por los delitos concierto para delinquir, peculado, estafa y concusión dentro del proceso del cartel de las marionetas y quien murió en extrañas circunstancias en la cárcel La Picota.
La decisión del exgobernador Palacios de liquidar dicho contrato dejó en el limbo la distribución y comercialización del aguardiente Platino, la principal renta del departamento del Chocó. Con aquella decisión, Palacios Calderón le propino un golpe certero a la estructura financiera de la gobernación del Chocó, generando un millonario detrimento patrimonial a un departamento que afronta apuros financieros serios, debido a que un gran porcentaje de sus ingresos tributarios dependen de los impuestos que pagaba esta empresa por la comercialización del aguardiente Platino.
Lo polémico es que el exgobernador no ha dado unas explicaciones convincentes sobre las razones que lo llevaron a liquidar unilateralmente dicho contrato el último día de su período de gobierno. La gobernadora Córdoba Curí, y el equipo jurídico de la gobernación, para no incurrir en graves omisiones, deben denunciar ese acto administrativo y pedir unas investigaciones rigurosas a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría sobre la liquidación de aquel contrato que realizó el exgobernador Palacios.
Palacios permaneció 14 meses fuera del cargo, acusado de delitos de corrupción. Fueron tres meses de suspensión por el Ministerio Público y 11 meses por la jurisdicción penal. Marco récord en la historia política chocoana, porque ha sido el gobernador que durante su período de gobierno estuvo más tiempo fuera del cargo, suspendido por delitos contra la administración pública. El 23 de marzo del 2022, el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su detención y el 22 de febrero del 2023 lo dejo en libertad por vencimiento de términos, pero no ordenó su reintegro al cargo.
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Palacios Calderón, sin que existiera una orden judicial que ordenara su reintegro, el 27 de abril del 2023, se tomó el cargo por las vías de hecho con el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro. El gobierno de Petro no acató aquella orden judicial de un juez penal, ni revocó los decretos 1577 del 5 de agosto de 2022, mediante el cual fue suspendido del cargo y el 2646 del 30 de diciembre de 2022 que designó su reemplazo temporal. El gobierno tampoco acató un auto de la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Inés Barreto Ardila, que ordenó al Presidente Petro acatar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
Palacios es un personaje que tiene una historia como funcionario público muy cuestionada. Por eso afronta varios procesos penales por corrupción e irregularidades administrativas en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Amén de otra danza de procesos disciplinarios que afronta en la Procuraduría General de la Nación.
Palacios Calderón con la liquidación de mencionado contrato no solo incurrió en un millonario detrimento patrimonial en contra de las finanzas del departamento, sino que puso en riesgo el funcionamiento de la entidad, porque no se tendrán recursos suficientes para los pagos de los salarios de empleados, contratados y pensionados.
Por consiguiente, la crisis financiera se agudizará más dado que se tiene una deuda con el Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecon) por más de $43 mil millones y con embargos vigentes a las fuentes de recursos del departamento y otra deuda con la Nación por $ 44 mil millones. Según el último informe de la Oficina de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la gobernación afronta un pasivo contingente de $ 143 mil millones. Lo que indica que Palacios Calderón agudizó más la crisis económica de la gobernación y dejó al nuevo gobierno en cuidados intensivos.
Por eso la mandataria Córdoba, también debe pedir que se investiguen las razones por las cuales la administración de Palacios Calderón no renovó el contrato de las estampillas, incurriendo en otro millonario detrimento patrimonial en contra de las maltrechas finanzas del Chocó. En conclusión, algo huele mal en la gobernación chocoana, el exgobernador Palacios no solo dejó en bancarrota las finanzas, sino que actuó de manera perversa y oscura contra del Chocó.
