La emergencia social producto de la pandemia liberó los controles para que funcionarios del gobierno nacional y local entregaran raciones de alimentos a personas que estaban en situación de hambre. Empieza a descubrirse que esto sirvió, como encontró la Contraloría, para que contratistas las repartieran a personas fallecidas, tal como sucedió con el ICBF, en cabeza de Lina Arbeláez y el reparto de 15 mil raciones alimenticias dentro del programa de Canastas Nutricionales, que simplemente se esfumaron.
Una vez declarada la emergencia sanitaria por la pandemia, el ICBF adecuó una modalidad para que varios operadores hicieran suministro de raciones alimentarias en los hogares de niños y madres gestantes en todo el país. Cada ración le costaba al estado $80 mil millones y por lo tanto el desfalco supera los $ 2,240 millones, dinero con el que los contratistas se habrían quedado en Santander del Sur, el Cesar y el Magdalena y las raciones nunca le llegaron a los beneficiados.
La Contraloría llamó al menos una decena de funcionarios del nivel central y regional del ICBF a responder y se presume que este es sola una primera advertencia de algo que pudo haberse dado en distintas regiones del país. Una situación anómala con un altísimo costo y claros indicios de corrupción por parte de los contratistas, que tendrá que explicar la directora Lina Arbeláez.
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