Los homicidios perpetrados contra defensores de derechos humanos (DDHH), líderes sociales, reclamantes de tierras, indígenas, sindicalistas, campesinos y demás personas que desde las regiones adelantan algún tipo de actividad social o en pro de la consolidación de los acuerdos finales de paz, es un tema neurálgico que el gobierno deslegitima, al afirmar (a través de altos funcionarios como Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa y Néstor Humberto Martínez, Fiscal General) que dichos actos no obedecen a un patrón sistemático de violencia.
No obstante, si se analizan las declaraciones de los funcionarios del gobierno; el modus operandi de los homicidas de los más de 25 defensores de DDHH y líderes sociales que desde la firma del acuerdo y hasta la fecha han sido asesinados; el orden público de las zonas donde ocurrieron los crímenes y; los proyectos “empresariales” que en ellos se realizan, se puede afirmar que:
- Dichos homicidios presentan coincidentes patrones de sistemacidad.
- Las declaraciones de los funcionarios del gobierno buscan restarle importancia al tema para evadir responsabilidades y garantizar la impunidad.
- En la mayoría de las zonas donde ocurrieron los asesinatos sí hay presencia de grupos herederos del paramilitarismo; y,
- Los diferentes proyectos empresariales que se desarrollan en dichas zonas tienen una aparente relación con los crímenes.
El patrón sistemático de los homicidios
Usualmente, los líderes sociales y defensores de DDHH primero son amenazados de muerte a través de una serie de panfletos, casi siempre firmados por paramilitares (que el gobierno insiste en llamar Grupos Armados Organizados, GAO o Bandas Criminales, Bacrim) y que ellos se autodenominan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Águilas Negras.
En esos panfletos amenazantes a los líderes sociales se les tilda, generalmente en tono soez, de ser colaboradores de la guerrilla, de comulgar con ideas de izquierda, de adelantar trabajos en pro de la comunidad, la defensa de los DDHH, el medio ambiente y de pertenecer a sindicatos de trabajadores, etc. Por ejemplo:
“Ya venimos exterminando esas ratas izquierdistas, activistas derechos humanos, líderes indígenas, sindicalistas, colaboradores de la guerrillas, ya sabemos como se camuflan y como operan en los diferentes pueblos (…) entorpeciendo el desarrollo de las empresas y grandes proyectos, por tal motivo ya sabemos sus desplazamientos y ubicación para darles de baja (sic)”, dice uno de los últimos panfletos, firmado por la Águilas Negras, que en días recientes circuló en Cesar y Santander.
Luego de las amenazas panfletarias, en ocasiones las intimidaciones se hacen de manera personalizada a través de llamadas telefónicas, notas fúnebres, correos electrónicos o mensajes de texto, donde les advierten a las víctimas que no continúen con sus labores o caerán muertos. Después proceden a perpetrar el asesinato.
El informe: ‘Contra las cuerdas, Situación Anual 2016 del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia’, de la Organización Somos Defensores, da cuenta de que en 2016 fueron asesinados en Colombia 80 defensores de DDHH y en 2015 fueron ultimados 63.
De acuerdo a un reporte presentado el 3 de marzo del año en curso por la Defensoría del Pueblo: “en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, se ha registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones” contra líderes sociales en 19 departamentos del país.
La disparidad en las cifras obedece a que son diferentes instituciones las que recopilan la información acerca de los homicidios perpetrados contra líderes sociales y defensores de DDHH.
Para Somos Defensores, en 2016 se registraron 125 asesinatos, cinco menos que el reporte de la Defensoría, pero presentan la cifra de 80 en 2016 porque solo en ese número de casos pudieron corroborar el perfil de la víctima como defensor (a) de DDHH o líder social.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación respecto del incremento de homicidios en contra de defensores de DDHH:
“Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual”.
En la mayoría de los homicidios, el patrón es el mismo, dos hombres que se movilizan a bordo de una moto, le disparan, siempre en repetidas ocasiones, a la víctima.
De acuerdo con el reporte que adelanta el medio de comunicación web: ¡Pacifista! de los más de 25 líderes sociales asesinados desde la firma final del acuerdo de paz y hasta a la fecha, 23 fueron ultimados mediante arma de fuego y solo dos fueron muertos con arma blanca y golpes contundentes.
Para la Red de Medios Alternativos Populares, Remap, en Valle del Cauca y Cauca los paramilitares ya han amenazado, además de a líderes sociales y defensores de DDHH, a periodistas que cubren los temas de los acuerdos de paz, a quienes tildan de “serviles al terrorismo”, (ver nota.
Los asesinatos sistemáticos contra los líderes sociales y defensores de DDHH buscan minar, desde las bases, los procesos sociales que pretenden empoderar a las poblaciones más afectadas por el conflicto armado en el país.
En dichas zonas se desarrollan proyectos empresariales como ganadería extensiva, monocultivo para la producción de biocombustibles, proyectos mineros y energéticos a gran escala, siembra de cultivos para uso ilícito, producción de narcóticos, minería y explotación de recursos naturales de manera ilegal y, el control territorial de rutas de narcotráfico.
Las imprecisas declaraciones de los funcionarios estatales
En entrevista para BBC Mundo, Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa, insiste en que dichos crímenes no son sistemáticos y además señala que en la mayoría de los casos se ha comprobado que lo homicidios fueron perpetrados porque los defensores de DDHH y líderes sociales desarrollaban algún tipo de actividad delictiva. También afirma que algunos de los asesinatos los cometió el ELN.
“En este caso la sistemacidad no ha sido documentada. Todos estos asesinatos de supuestos líderes sociales, miembros de organizaciones sociales, parientes de líderes sociales tienen una investigación prima facie de buscar si tienen conexión uno con otros.
“Y eso no ha sido identificado ni por la Fiscalía, ni por la Policía, ni por las Fuerzas Militares, ni por la inteligencia.
“En segundo lugar, los resultados de las investigaciones que ya se han hecho, que van bordeando las 30, de los casos que se han reconocido entre 2016 y 2017, que son 72, muestran causas locales.
“¿Que son qué? Que son el robo de una motocicleta, que son vinculaciones desafortunadas de esas personas asesinadas con el pequeño crimen organizado local, con microtráfico, de supuestos líderes que están asociados por ejemplo a programas de sustitución, donde los que están en esa zona de las mafias interesados en que no haya sustitución amenazan a esa persona.
“Son causas locales lo que hemos podido hasta el momento establecer.
“Inclusive accionar del Ejército de Liberación Nacional, como el caso del departamento del Cauca, donde ya hay detenidos del ELN por haber ejercido esas amenazas, inclusive asesinatos contra personas que ejercen supuestamente liderazgo social”.
El caso que Villegas le atribuye al robo de una motocicleta es de Faiver Cerón Gómez, ocurrido el 18 de febrero en Cauca y en el que, afirmó otro líder que presenció el homicidio, a Cerón lo detuvieron en un paraje solitario y le dispararon en repetidas veces; la motocicleta no fue robada.
Por su parte, la insurgencia del ELN emitió una carta desvirtuando las declaraciones de Mindefensa: “con estas falsedades, el Gobierno busca debilitar nuestros planteamientos en la mesa de Quito, crear confusión sobre el asesinato creciente de líderes sociales, encubrir a los verdaderos responsables y exculparse de su responsabilidad y la de las Fuerzas Armadas estatales frente a tales hechos”.
Para ¡Pacifista!, cuyo staff de periodistas ha documentado la actividad en específico que adelantaba cada uno de los líderes sociales asesinados, éstos se dedicaban a la socialización de los acuerdos de paz, a la promoción de los DDHH, a la defensa de los recursos naturales en contra de proyectos mineros o energéticos y al desarrollo de planes de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de su zona.
Es así como las afirmaciones del ministro de defensa estigmatizan a los líderes sociales, al tildarlos de delincuentes y de paso desvía la atención del curso que deberían tomar las investigaciones de dichos homicidios.
“Definir al paramilitarismo exclusivamente por sus vínculos directamente con agentes del Estado y por su discurso abiertamente contrainsurgente es muy restrictivo e impide comprender sus variantes y su funcionalidad a un proyecto político determinado que se esconde detrás de las actividades ilegales que controla”, dice una misiva que el Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Sindhep, le envió a Carlos Negret Mosquera, Defensor del Pueblo.
Como las críticas arreciaron contra las afirmaciones inexactas de estos altos funcionarios, en los últimos días la Fiscalía decidió crear una unidad especial para investigar los 74 casos de homicidios que, aseveran, se han presentado contra los líderes sociales entre 2016 y 2017.
No obstante, las declaraciones que la vice fiscal, María Paulina Riveros (encargada de la unidad especial) le dio a El Tiempo contradicen las declaraciones del propio Fiscal y del Mindefensa.
El Mindefensa dicen que son 72 casos y Riveros dice que son 74. Para Villegas los casos de deben a retaliaciones por microtráfico y la vice fiscal revela que son producto de venganzas por asuntos personales.
Riveros además señala que ya capturaron a 56 personas relacionadas con 17 de los homicidios, que otras 73 están vinculadas a las investigaciones y que hay avances significativos en otros 27 procesos.
No obstante, Villegas contradice a Riveros al afirmar que las investigaciones no han avanzado mucho en el terreno, debido a la dificultad que tienen los agentes a cargo de las pesquisas para recabar la información.
Recordemos que no es la primera vez que el gobierno niega asesinatos sistemáticos, como los ocurridos a finales de los 80 y los 90 con el exterminio de más de 3 mil militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, UP.
El rearme de los grupos paramilitares
El Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, evidencia el rearme de los grupos paramilitares y la presencia en la región, -luego de haber cumplido sus condenas de 5 u 8 años en el proceso de Justicia y Paz, y aun con las restricciones especiales de movilidad que le impuso la Fiscalía 31 Delegada- de comandantes del frente William Rivas de las AUC, como alias ‘Tijeras’ y alias ‘Emiliano’, quienes se movilizan con escoltas proveídos por la Unidad de Protección Nacional.
Durante 2017, el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo y de algunas organizaciones defensoras de DDHH, ha documentado la presencia de grupos paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Meta, Nariño y Valle del Cauca.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, OEA, que hizo el seguimiento al desarme, desmovilización y reintegración de los grupos paramilitares, anunció en su informe: ‘Alerta al rearme’, que desde 2007, en varios municipios del centro y sur del departamento del Magdalena, por ejemplo, los paramilitares se habían rearmado y controlaban territorios de los cuales habían dejado de hacer presencia desde 2005, año de su “desmovilización”.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por la escasa respuesta del Estado colombiano para proteger a la población las zonas que han dejado las Farc:
“En algunas áreas, las FARC-EP han ejercido el control sobre la población durante décadas. Al trasladarse de estas áreas a los puntos de pre-agrupamiento temporal, el riesgo de violencia relacionada con actividades económicas ilegales ha incrementado. Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consolide nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros”.
Los proyectos empresariales en las zonas donde se cometieron los crímenes
En los departamentos donde han asesinado a defensores de DDHH y líderes sociales se presenta una dinámica empresarial legal que va desde los monocultivos para la producción de biocombustibles, la ganadería extensiva, la minería a gran escala, hasta el avance de proyectos energéticos.
Históricamente y como ha sido documentado por varios organizaciones defensoras de DDHH, dichos proyectos empresariales han utilizado los servicios criminales de las organizaciones armadas ilegales, especialmente a los paramilitares, para amedrentar, amenazar, desplazar y asesinar a los líderes de la población que se les oponen férreamente, con el objetivo de adueñarse de sus tierras, como sucede en Antioquia y La Guajira, por ejemplo.
En otras regiones como Caquetá, Chocó, Putumayo y Santander, donde los cultivos para uso ilícito se contabilizan por cientos de hectáreas, el objetivo de los grupos armados ilegales es controlar el territorio, a través de la violencia, para desarrollar sus actividades delictivas.
“El paramilitarismo sigue más vivo que nunca, ronda las comunidades, convive con la fuerza pública, protege el despojo, asesina, señala, estigmatiza y desaparece personas, trafica, incide en la elección de alcaldes y gobernadores, mientras enriquece a los políticos, terratenientes y empresarios que se beneficiaron de su violencia”, señala otro aparte de la carta que el Sindhep le envió al Defensor del Pueblo.
La connivencia del paramilitarismo con sectores políticos, empresariales y militares también ha sido ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la sentencia del 20 de noviembre de 2013 donde expone pormenorizadamente el ‘Caso de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cararica (Operación Génesis) Vs. Colombia’.
La Fiscalía y las demás instituciones encargadas deben, más allá de la mera protección de los líderes sociales y defensores de DDHH, adelantar investigaciones exhaustivas y juzgar con severidad a los responsables, no solo a los materiales, sino a los autores intelectuales, quienes no desean que se consolide los acuerdos de paz en el país.
De lo contrario, a los líderes sociales y defensores de DDHH los seguirán matando en paz.
