La administración Biden le solicitó al presidente de Colombia Gustavo Petro oficie como mediador en la estancada situación que se registra entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana, para que haya elecciones libres este año en el país caribeño.
Eso quedó resuelto tras la reunión del lunes 5 de febrero en Bogotá entre Juan González, asesor principal para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri y Petro.
Al finalizar esa reunión trascendió que EE. UU. prioriza "el proceso electoral” por sobre los candidatos, en lo que podría entenderse como un debilitamiento en el apoyo a la candidatura de la lideresa opositora María Corina Machado.
Machado fue elegida como candidata única de la oposición en elecciones internas realizadas el 22 de octubre 2023, donde arrolló obteniendo el 92,5 % de los votos. Ella ha dicho que seguirá «hasta el final» en su intento de presentarse a la elección.
El chavismo se ha cerrado a la banda negándole a Machado la participación electoral e intensificando sus ataques misóginos con calificaciones de «loca», «sayona» [leyenda venezolana sobre una mujer elegante y muy celosa que castiga a los hombres inconsecuentes en sus relaciones amorosas], «doña pataleta», «doña violencia» y «vieja malcriada»; epítetos provenientes de Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez y del vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, documenta El Pitazo.
«Ante cualquier circunstancia o intento imperialista oligárquico: calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico militar, que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas», expresó Maduro al conmemorar el fallido golpe de Estado que el expresidente Hugo Chávez (1999-2013) encabezó el 4 de febrero de 1992.
¿Por qué Biden, —quien decidió reimplantar algunas sanciones al chavismo luego de la inhabilitación de Machado— le solicita a Petro su intervención?
Porque en abril el presidente colombiano convocó a una instancia internacional en que una veintena de países participó tendiente a facilitar el relacionamiento con Miraflores y porque siendo alcalde de Bogotá, (2012-2016), Petro sufrió una destitución ejercida por el entonces procurador general Alejandro Ordóñez. En aquella oportunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictaminó la reposición de Petro en el cargo y estableció jurisprudencia respecto a que autoridades electas por el voto popular, no pueden ser destituidas administrativamente.
En opinión de González, Petro «puede servir como un puente importante no solo para construir el diálogo entre la oposición y el chavismo, sino también francamente entre Estados Unidos y Venezuela».
El punto es que, hasta el momento de escribir esta columna, Petro no ha manifestado su negativa a la inhabilitación hecha por el chavismo a Machado.
Como tampoco lo ha hecho Lula da Silva, otro de los presidentes latinoamericanos de izquierda, y sí lo hizo el presidente de izquierda chileno Gustavo Boric, como varios mandatarios de la región, más una treintena de expresidentes, en reclamo de elecciones democráticas en Venezuela.
El jueves 8/2 la plenaria del Parlamento Europeo mediante una Resolución condenó la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado en Venezuela, y subraya que «no se reconocerán las elecciones ni los resultados electorales» si no se respetan ciertas condiciones como la participación de Machado. Y agrega que la UE «no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral a Venezuela» caso no se cumplan determinadas condiciones.
La OEA también se ha pronunciado respecto a que la inhabilitación de la líderesa política, ganadora de las primarias opositoras, perjudica la posibilidad de «elecciones libres, justas y transparentes» en Venezuela.
Noruega, país garante en las negociaciones hacia una redemocratización venezolana, reiteró su compromiso y pidió que se implemente «todo lo convenido» el 17 de octubre de 2023 en Barbados respecto a los comicios.
Hasta el presente, la oposición venezolana se mantiene en su exigencia de que sea Machado la candidata que compita electoralmente, —aunque se avizoran disidencias al respecto— se liberen lo presos políticos, y se fije fecha electoral.
Por otra parte, la historia reciente de Latinoamérica demuestra que las dictaduras en retirada proscriben a los principales líderes opositores impidiéndoles ser candidatos en elecciones de transición.
En Brasil hubo un candidato de transición, Tancredo Neves, electo por vía indirecta en 1985, fallecido antes de asumir, con exclusión de candidatos de izquierda. En Chile, Ricardo Lagos y otros dirigentes de izquierda, no compitieron en las elecciones de 1989 ganadas por Patricio Aylwin. En Uruguay fueron proscriptos en 1984 los tres principales dirigentes de la oposición a la dictadura: Líber Seregni, preso durante nueve años; Wilson Ferreira Aldunate, exiliado y detenido a su regreso al país; y Jorge Batlle, permanente opositor dentro del país.
Solamente la dictadura de Argentina se vio impedida en 1983 de imponerle proscripción a Raúl Alfonsín, luego de la aventura catastrófica de Malvinas.
Entretanto, las exportaciones de crudo venezolano en la semana que termina se redujeron un 25% debido a retrasos por cortes eléctricos y, en otro plano, una reciente encuesta de la consultora Poder y Estrategia evidencia que un 9% de los entrevistados — un poco más de 2 millones de venezolanos— quieren emigrar, sumándose a los 7 millones que en los últimos años se han ido del país caribeño.
El presidente de Colombia tiene servida la oportunidad de protagonizar una labor regional en pro de la democracia latinoamericana.
