En el mes de marzo del año 2016 cientos de estudiantes nos encontramos en la Universidad de Caldas para realizar el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciaturas. A ese escenario asistimos los "futuros profes" (como fue muy común llamarnos) de todas las regiones del país. Nuestra consigna fundamental era clara: ¡QUE SE DEROGUE EL DECRETO 2450 DEL 2015 Y LA RESOLUCIÓN 02041 DEL 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL!
En esencia nuestras disputas y reivindicaciones partían de una crítica al contenido de esos dos documentos, y al artículo 222 de la Ley 1753 del 2015 (por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018) donde se plantean los tiempos para obtención de la acreditación de los programas de licenciaturas. Dentro de esas críticas habían elementos fundamentales: los lineamientos se construyeron de espalda a los entes educativos y a la comunidad educativa en general (es decir, su principal característica era antidemocráticos), no reconocían las realidades de las regiones en el campo de la educación superior y por ende no se consideraban las necesidades ni mucho menos las capacidades de los centros educativos para el cumplimiento de lo que se demandaba; y en cambio, sí se exigía mucho.
Como estudiantes de licenciaturas nunca negamos la importancia de la obtención de la Acreditación en Alta Calidad de cada uno de nuestros programas, a través del fortalecimiento de contenidos disciplinares y pedagógicos, mayor investigación por parte de nuestros docentes y la formalización de su condición laboral, medios educativos e infraestructura adecuada (por mencionar solo algunas de las exigencias previstas en la Resolución 02041), pero lo que siempre le dijimos al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno Nacional fue que SIN MAYOR INVERSIÓN Y SIN DEMOCRACIA era imposible de las universidades y demás centros de educación superior que ofrecen formación docente en el país, pudieran cumplir con esos requisitos.
En el caso de la Universidad del Atlántico, los “futuros profes” después de venir del Encuentro Nacional, donde pudimos informarnos más a fondo de todo (ya que la Facultad de Ciencias de la Educación nunca expuso esta situación ante la comunidad educativa) decidimos organizarnos y hacerle frente a esta situación. Lamentablemente pocos fueron los estudiantes que se preocuparon por esto, como pasa con la mayoría de reivindicaciones en el sector educativo. Sin embargo, algunos seguimos disputándonos ese tema tan trascendental para nuestra universidad.
Un día en medio de un ‘plantón’ obtuvimos una moción en la sesión del Consejo de Facultad. Allí entramos dos estudiantes a exponer nuestra preocupación por la situación de los programas de licenciaturas de la Universidad, sabíamos que nuestra Alma Mater no tenía los recursos suficientes para cumplir con esto, así que nuestra consigna sonó claramente: LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO DEBE PRONUNCIARSE ANTE ESTA SITUACIÓN Y NO VAMOS A PERMITIR QUE SE NOS DÉ UNA ACREDITACIÓN DE PAPEL.
La respuesta de los consejeros casi logró dejarnos sin ánimos. Fue algo así como “Ustedes como estudiantes pueden movilizarse, pero nosotros como administrativos deben cumplir con todo lo que dictamine el MEN. Además, esa problemática no los afecta a ustedes, no cambia nada para ustedes; las modificaciones serán para los que entren más adelante a los programas”. ¡Caramba!
Después de muchos intentos de organización y movilización de los estudiantes de licenciatura a nivel nacional, e incluso de la manifestación crítica de rectores como Adolfo León Atehortúa Cruz (de la Universidad Pedagógica Nacional), lo tiempos impuestos por el MEN y el Gobierno Nacional siguen transcurriendo, los programas de formación docente se siguen evaluando bajo lineamientos que no están en capacidades de cumplir.
Hace pocos días supimos que a ocho (8) de los programas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UA se les negó la Acreditación en Alta Calidad: Licenciatura en Educación Especial, Educación Infantil, Educación Física, Recreación y Deportes, Ciencias Sociales, Humanidades y Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística y Lenguas Extranjeras. Ante esto la Universidad anunció interponer Recursos de Reposición dentro de los 10 días hábiles.
Lo que me preocupa es que ahora y solo ahora la Universidad del Atlántico se pronuncie frente a los términos impuestos por el MEN, cuando en sesión del Consejo de Facultad prácticamente se negó a tomar una posición crítica. En un comunicado publicado el pasado 15 de junio expresan:
“La Universidad del Atlántico considera que los tiempos para obtener la acreditación de los programas de Licenciatura de todas las Universidades Públicas y Privadas en Colombia, debieron ser más amplias al período de seis meses que otorgó el Decreto 2450 de 2015, que obligó a someterse al proceso de acreditación a todas las Licenciaturas que contaban con cuatro (4) cohortes de egresados.
Asimismo, las directivas de la Universidad manifiestan que el Decreto 892 de 2017, que estableció territorios priorizados en algunos departamentos del país, concedió un plazo de transición de 32 meses para obtener la acreditación de las Licenciaturas que están ubicadas en los Municipios y Departamentos que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, este decreto excluyó a la Universidad del Atlántico quien fue declarada el 31 de marzo de 2016 por medio de Resolución 2015-156962 emitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que la Universidad es reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva.”
Esto debimos hacerlo, como universidad, hace más de un año. Ahora a correr administrativamente para salvar la oferta de estos ocho programas (dimensionemos lo que significan ocho programas de licenciatura en la Región Caribe), aunque me quedan dudas sobre la forma pasiva con la que termina el comunicado: “la Universidad acatará las directrices que emane el Ministerio.”
Frente a esta situación el llamado es a estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad del Atlántico a estar muy atentos del desarrollo de esta situación, a que analicemos cuáles son los intereses reales del Gobierno Nacional con ese golpe a las carreras de formación docente; pero sobre todo, a exigir que el MEN aprenda a reconocer las necesidades reales de las Universidades. No puede haber excelencia académica sin un presupuesto y condiciones dignas para la educación superior en el país.
