Hace pocas semanas se celebró con alborozo y gran despliegue informativo la ampliación de la licencia de maternidad a 18 semanas, exaltándose la labor legislativa y la necesaria protección de madres e hijos por igual. Tal acto es un paso en la dirección correcta, máxime al considerarse que las recomendaciones de la OMS y demás entidades nacionales e internacionales, elogian los inmensos beneficios de la lactancia. Hechas estas salvedades y reiterando que es un avance positivo, no deja de ser llamativo -cuando no triste- que semejantes bondades tan aprovechadas por los ponentes del proyecto y avaladas con los seños graves o complacientes de varios congresistas, representan garantías reservadas para una minoría de la población. Es un sector en el que confluyen, es cierto, mujeres tanto ricas como pobres, desde aquellas que devengan un salario mínimo hasta empleadas con todo el poder adquisitivo imaginable, pero, no deja de ser un derecho restringido. Me explico: sólo una escasa porción de las gestantes cuenta con contratos laborales formales donde aplica la Ley 1822 del 4 de enero de 2017, dichas mamás, bajo este marco normativo, tendrán un mejor chance de ofrecer su leche como fuente de alimento exclusiva, lo cual redundaría en el mejor desarrollo de sus hijos, en conjunto con toda la población beneficiada. Tan es así que la estrategia presidencial de Cero a Siempre enfatiza en lo redituable que es invertir en la primera infancia. De coincidir con que estos beneficios son reales, punto en el que asienten prácticamente todas las sociedades de pediatría y neonatología, existiría una marcada diferencia entre los niños que hubiesen sido debidamente amamantados, en comparación con aquellos que lactaran en contextos más precarios o no lo hubiesen hecho en absoluto. Por ende, se profundizaría la brecha entre la descendencia de las mujeres con la facultad de tomar esta licencia, y sus similares sin tales prebendas, lo cual no es un asunto trivial en una sociedad como la nuestra, que se reconoce por ser una de las más desiguales de la región y del mundo, siendo, según el Banco Mundial, apenas superada por: Honduras, Haití y Sudáfrica.
Puede ser llamativo hablar de mujeres privilegiadas cuando se apunta, también, a aquellas que devengan un salario mínimo, dado que dicha remuneración es una de las más bajas de Latinoamérica estando por debajo de países como: Bolivia, Salvador, Guatemala y Costa Rica; de hecho, nuestro SMLV sólo supera en cuantía a los de Brasil, México y Nicaragua. Considérese, además, que en Ecuador el máximo de horas laborales es de 40 por semana, o 45 en Chile, pero en Colombia son 48, cifra que por supuesto no tiene parangón con las democracias continentales europeas, que cuentan con jornadas de 6 horas y un máximo de 40 o incluso 35 a la semana. En suma, el panorama general del asalariado colombiano no es bueno, más desde la eliminación de los recargos nocturnos o los dominicales, ajustes todos del gobierno de Uribe que fueron en detrimento de la clase trabajadora, y que ni siquiera implicaron la presupuestada reducción de la desocupación.
A despecho de lo anterior, hay que admitir que sí son afortunadas aquellas personas que cuentan con un contrato formal. El DANE pondera que la tasa de desempleo a enero de este año fue del 11.7%, además, en lo que a informalidad se refiere: “La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,4% para el trimestre móvil noviembre 2016 - enero de 2017. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue 48,5%. En esa medida, de las personas que no están desempleadas, cerca de la mitad sobrevive en la informalidad, por lo que para una gran porción de la población y de las mujeres en particular, resulta indiferente la ampliación de la licencia de maternidad, salvaguarda que puede resultarles tan esquiva como las horas extra, el auxilio de transporte o incluso una lejana pensión, todos conceptos casi quiméricos como el unicornio o la honradez de la clase política.
Es evidente entonces que estamos en una sociedad inicua, en la que se trata “diferencialmente” a los niños acorde no con sus necesidades sino con su origen; los hijos de madres con contratos formales tendrán mejores oportunidades -supuesto en el que median muchas variables- pero las condiciones están dadas para que reciban una mejor atención. Incluso las contratistas con órdenes de prestación de servicios, la tendrán muy difícil si quieren disponer, así sea de unas pocas semanas, para atender libremente un recién nacido. Los beneficios físicos, psíquicos y hasta comportamentales referentes a la lactancia están ampliamente documentados y no es pertinente repetirlos acá, lo que sí es claro es que la ampliación de la licencia de maternidad es una iniciativa buena, aunque insuficiente. De no hacerse una genuina reforma laboral que mejore integralmente las condiciones de los colombianos, seguirán existiendo ciudadanos de primera y segunda clase: los unos, en la formalidad, con vacaciones, licencias y primas; los otros, contratistas o independientes, con exiguos pagos, largas jornadas (sujetas a horario las más de las veces), y la incertidumbre por el expedito y jamás indemnizado fin del vínculo contractual. Semejantes angustias, por obvios motivos, son enormes para las futuras madres de toda condición, en especial aquellas que no tienen ingresos fijos y son codependientes de sus parejas o redes primarias con todo lo que ello conlleva. En conclusión, no es sólo que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo, es que aún desde el vientre se resaltan tales diferencias, en desmedro no de unos pocos niños sino de toda la ciudadanía en general.
