A día de hoy, dentro de todo el debate en el marco de la reforma a la salud planteada por el gobierno nacional –y empantanada por las disparidades en el mismo ejecutivo- si bien han sido tocados los puntos más neurálgicos del Sistema General de Salud, el de los medicamentos –que es de vida o muerte- se ha dado por obviado ante la crisis que los mismos representan en las situaciones actuales de atención al usuario en salud.
En este sentido, las declaraciones dadas el día 1 de noviembre del 2024 por Bruce Mac Master –según el portal de RCN Radio- como presidente de la ANDI y las promulgadas por la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica –según la edición del día 31 de octubre del 2024 en el portal web de noticias de blu radio-, muestran un gran punto de quiebre con un gobierno que no se encuentra dispuesto al dialogo, y que por el contrario ve con buenos ojos la imposición de medidas encausadas a la estrangulación de los prestadores y promotores de los servicios de salud para que sus mesiánicos fines planteados en forma de postulados legislativos, tengan vocación de éxito en el legislativo colombiano.
En última instancia, aquellos que no podrán ser operados por falta de anestésico o en su de defecto sus dolores inacabados por falta de tratamiento analgésico para paliar los dolores; son los pacientes que –en la mayoría de los casos- no cuentan con una medicina prepagada o con los medios suficientes para obtener una atención más dignificada en un sistema –que mal o bien- que antes de las trabas puestas al INVIMA tenía la capacidad de dotarlos de medicamentos suficientes para el tratamiento de sus dolencias y enfermedades.
Así, ante el silencio cómplice de un gobierno que prefiere imponer más mano firme que los alguna vez criticados por el Pacto Histórico desde los cubículos del congreso y en las calles durante el mal llamado “estallido social”; los perjudicados al final del día serán los mismos colombianos hechizados que a todo lo dispuesto por el presidente claman a Dios que continúe con sus designios mesiánicos, y que ante la ilegalidad de las disposiciones que se plantean desde el ejecutivo, son perdonadas y excusadas con la típica frase: es que no lo han dejado trabajar.
La suerte está echada, el gobierno reinante tiene toda la carne en el asador y está jugándose todas las cartas para modificar el Sistema General de Salud determinado por la Ley 100 de 1993 al costo que sea y por encima de los consensos que la democracia nos hubo enseñado en algunos tiempos ya pasados.
En este sentido, el debate sobre las licencias de los medicamentos, la forma de distribución y demás conceptos concordantes han de ser prioritarios ante la situación de desabastecimiento que tienen algunas entidades hospitalarias a lo largo y ancho del país. Por consiguiente, si la reforma ha de andar el gobierno ha de negociar, si no todo ha de fracasar en categoría de estrépito y a los pacientes se han de perjudicar por unas disposiciones que se han de contemplar insostenibles.
