Hace unas semanas salió en los medios la imagen de una joven sentada en la silla del parlamentario Álvaro Uribe esbozando una sonrisa triunfante y con un letrero que decía: PARACO. De la procedencia de la joven no se sabe mucho, pero se infiere que era parte de la delegación del movimiento estudiantil que había asistido al congreso a exponer sus demandas en torno a la financiación de la educación pública. Días después, unos estudiantes, también en defensa de la universidad pública, salieron a las calles a manifestarse y dejaron pintadas las paredes del edificio del famoso medio de comunicación RCN. Al menos, por algunos instantes al ser pintado de varios colores, el medio pareció ser más democrático. Conocido muy bien por su papel fundamental como actor clave en el desarrollo del conflicto armado, RCN es propiedad de Carlos Ardila Lülle, uno de los hombres más ricos del país, lo cual vale la pena recordar para demostrar que los medios de comunicación no son neutrales, (aunque deberían), y tienen dueños y responden obviamente a sus intereses y a su línea editorial.
Tanto para el primer caso como para el segundo, los colombianos asistimos a un estruendoso debate en redes sociales y medios de comunicación sobre lo que algunos llaman “el vandalismo” de quienes protestan, y los límites que, según algunos sectores, deberían existir a la hora de expresarse. Paradójicamente quienes más salieron a criticar los grafitis de los jóvenes, fueron aquellos que más se les escucha hablar de libertad de expresión: los grandes medios. Que contradicción.
Lo que es universalmente cierto, es que la libertad de expresión no debe ser coartada de ninguna manera. En ninguna parte se dice que este derecho se trata solo de la libertad de expresión de los grandes industriales a través de un medio propio y su libertad de ofrecer (imponer) su visión del mundo. Tampoco en ninguna parte dice que aquellos que no tienen acceso a los grandes medios, ni poseen un medio de comunicación propio no puedan expresarse a su manera.
En ese orden de ideas, podríamos decir que cualquier forma de expresión artística, popular o callejera está permitida y no debería ser criminalizada. Ahora bien, existen en teoría, límites que se quieren imponer al ejercicio de este derecho justificando, por ejemplo, que a veces el ejercicio de los derechos presupone en algunos casos la transgresión de otros. En este caso el de la propiedad privada, ese derecho que tiene Ardila Lule a pintar su empresa del color que le venga en gana; y en el caso de AUV, su derecho a no ser llamado PARACO.
Como consecuencia de todo ese debate, me he topado en redes con varios comentarios, pero principalmente con algunos de gente que repudia estos actos señalándolos de “vandalismo”. Algo debe estar ocurriendo en algunos ciudadanos que se indignan por unas paredes de un medio de comunicación untadas de pintura y que no lo han hecho por las consecuencias que la manipulación de ese mismo medio ha hecho en nuestras cabezas durante los últimos años con la basura de sus contenidos. Si bien, la pregunta se responde a sí misma, es más preocupante ver como el ejercicio de la actividad periodística ha sido más bien peligrosa para aquellos periodistas alternativos que trabajan de manera voluntaria en medios difícilmente financiados como Prensa Rural, El Turbión y NC Noticias, entre otros. Estos sobreviven a pesar de la falta de financiación (¿quién va a pagar una pauta en un medio de izquierda?), pero también muy a pesar de las amenazas en su contra, estas si graves y peligrosas, porque creo yo, que hay que tenerle más miedo a un panfleto de las Águilas Negras que a unos huevos con pintura lanzados a la pared de un edificio.
Lo que debería estar en el tapete ahora mismo en esta discusión sobre la libertad de expresión es, por ejemplo, ¿qué pasó con los canales y medios de comunicación que iban a ser entregados a comunidades campesinas, barrios, víctimas e incluso a la Farc como consecuencia de los acuerdos de la Habana? ¿Cuándo será realidad que la gente del común y los partidos de oposición tengan de verdad acceso a los medios para exponer sus puntos de vista? Y cuando digo acceso no hablo de ser invitado a una emisora bogotana una mañana para poder comentar algún tema de la vida pública nacional. Me refiero a la posibilidad de participar en el diseño y la producción de contenidos para la televisión y la radio. Eso sí sería libertad de expresión.
No permitamos que el debate sobre la libre expresión se nos vaya por el camino que los grandes medios quieren. Por ejemplo, eso de cohibir las distintas expresiones populares para demandar derechos criminalizando ciertas prácticas de resistencia no violenta para que se acomoden a la estética de las grandes élites. Una cosa es que se haya pretendido hacer un acuerdo para abandonar el uso de las armas y de la violencia por parte del Estado y de la insurgencia de las Farc-Ep, (entre otras cosas solo cumplido por la insurgencia) y otra, es que se hayan abandonado las formas de resistencia no violenta que hacen parte del acumulado histórico de las luchas colombianas y en general de los pueblos del mundo. A otro con ese cuento.
No creería que la insurgencia dejó las armas para quedarse en un cómodo sillón reaccionando a grandes problemas nacionales a la manera que quisieran las elites. Se equivocan quienes creen que, desde las organizaciones de base, y desde las ciudadanías libres, por el cuento de que “estamos en tiempo de paz”, vamos a reaccionar siguiendo al pie de la letra el código de policía. Me perdonan, pero la resistencia no violenta y la desobediencia civil en esencia incluye también no cumplir ciertas reglas establecidas por un régimen; reglas que en últimas fueron impuestas por ciertos sectores y no por procesos democráticos como debería ser. En tanto no se agreda físicamente a alguien, ni se violen los derechos fundamentales de otros ciudadanos, las acciones no violentas tienen su razón de ser y son tan antiguas como la moda de andar a pie y tan permitidas en muchos países como cualquier expresión artística. Lo contrario sería la total sumisión ante los designios de una casta en el poder que no se escandaliza por los dineros escondidos de reconocidos periodistas en Panamá, pero que si se escandaliza por unos jóvenes expresando sus puntos de vista por medio de un spray.
Desde hace rato RCN está siendo vetado y ya no nos representa a muchos colombianos. Antes de responsabilizar a la oposición política por supuestos atentados a sus periodistas, deberían cuestionar las razones del repudio de los colombianos a su medio de comunicación, y preguntarse por su clara inclinación a la ultraderecha colombiana y su servilismo a los grandes capitales, incluyendo a su propio dueño. Preguntas ingenuas que no van a ser respondidas. Al fin y al cabo, el que paga escoge la melodía y ningún periodista en RCN sería tan imbécil de escoger otra manera de ver la realidad pateando la lonchera de jugosos salarios ofrecidos por Ardila Lülle.
