La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
La libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeñe su magisterio. Es evidente que tratándose de materias o de áreas en las que la investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este derecho puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que, en el campo general de la enseñanza, también el derecho en mención garantice la autonomía e independencia del docente. La función que cumple el profesor requiere que este pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la libertad de cátedra, junto a las facultades que se acaba de describir, incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar.
De igual manera dice:
La libertad de cátedra no puede ser utilizada por el profesor para cubrir con su manto actuaciones arbitrarias, que desconocen el significado participativo del proceso de aprendizaje, el cual debe fundamentarse en prácticas democráticas y en los principios y valores de la participación. La libertad de cátedra es compatible con el ejercicio de la docencia, abierta a la participación de los estudiantes y de los padres de familia, actores y no simplemente sujetos pasivos de la educación.
Es decir, que la libertad de cátedra es un derecho constitucional que poseen los profesores de enseñar los temas como consideran sin obliterar los demás derechos constitucionales. En particular, la enseñanza no está limitada por poderes políticos, económicos y sociales sino constitucionales. Sin embargo, ¿se puede decir que en Colombia existe la libertad cátedra?
Hasta el momento no se puede afirmar que sí o no rotundamente, pero se puede pregonar que depende. ¿Depende de qué? Del territorio, de la institución, de lo rural, de lo urbano, de los dueños de los establecimientos educativos si son laicos o religiosos, de los actores por fuera de la ley que usurpan la academia, etc. Sin olvidar que hay otro limitante: la mediocridad de algunos estudiantes que se conciben clientes y en esta última es la que me voy a basar en el presente escrito.
De un tiempo para acá un fenómeno que ha crecido y se confirmó en la pandemia que han emergido los clientes educativos. Alumnos que están convencidos de que porque pagan el semestre si están en una institución privada o pública, según sea el caso, tienen el derecho de recibir el cartón sin el mínimo esfuerzo. En efecto, solo con hacer un ligero diálogo en este caso con profesores de diferentes universidades en Colombia nos encontramos que es un fenómeno reiterativo en el que pareciera que algunas universidades han sacrificado la calidad educativa por la cobertura y por los ingresos.
Precisamente si se amplía lo antes expuesto se encuentran un cúmulo amplio de quejas de estudiantes porque los profesores exigen, o porque debaten o critican el establecimiento. Es más, hay partidos políticos de ideología ultraderecha que han buscado cercioran la libertad de cátedra o mejor, utilizan un lenguaje ofensivo y terrorista para minarla.
De igual modo, dado el poder que les han otorgado a los estudiantes con la evaluación docente, que debe hacerse, algunas universidades han optado por “si el estudiante se queja tiene razón”. “Es más fácil conseguir un profesor que un estudiante”. No obstante, es curioso que así como este fenómeno avanza y algunos críticos dicen que es una de las variables de la extinción de las universidades en el futuro también se han aumentado las quejas frente a las negligencias de muchos médicos como cada vez se caen más puentes, como abundan “profesionales” que no saben leer ni escribir. En efecto, estos resultados se pueden relacionar con los precarios indicadores de competitividad y productividad del capital humano colombiano si se analiza desde el Consejo Privado de Competitividad como del Global Competitiveness Report.
En suma, lo que se puede sintetizar es que hay una relación directa entre menos exigencia por parte de los profesores, mayor empoderamiento en la evaluación de los estudiantes, mediocridad de muchos “profesionales” y la creencia nefasta que pagar te hace profesional. No solamente en pregrado pues también se ve en los posgrados. La universidad como institución que amplia como enriquece el ecosistema empresarial y el tejido social tiene como objetivo lo antes dicho. Sin negar que también son organizaciones que, aunque dicen ser sin ánimo de lucro dejan excelentes dividendos su gestión. Esto último ha ocasionado que el lenguaje neoliberal de la optimización contribuya a que cada año salgan más personas con certificados que profesionales. Cada vez más se empotra que el culpable es la forma de enseñanza del profesor y no el sistema neoliberal, lo cual ha contribuido a limitar, ya sea por medio de la cancelación de contratos de los profesores, la intimidación a nivel organizacional, las quejas de los alumnos mediocres que solo van por su certificado o por poderes religiosos anacrónicos que nos quieren devolver a la Edad Media la libertad de cátedra.
¡La libertad cátedra es un derecho constitucional y el gremio educativo debe defenderlo con capa y espada!
Fuentes
Consejo Privado de Competitividad
