Libres y haciendo fiesta viven en Colombia ciertos políticos, alcaldes, funcionarios, magistrados y otro montón mega-podridos que se han revolcado en corrupción; los cleptómanos de la salud, las pensiones, las carreteras, las alimentaciones escolares o los puentes caídos, aquellos doctorados en robarse el Estado ladrillo a ladrillo, hueso a hueso; libres viven y parlotean estafadores, cuchilleros, gatilleros, curas violadores o congresistas afiliados al paramilitarismo.
Todo un arcoíris de joyitas que circulan soberanas. Esto porque pese a que trituren a la sociedad, en la hechicería judicial “no representan un peligro para la sociedad”, tienen parientes, tienen abogados de maletín a reventar (los nombres son pocos y sonoros), tutelas a su talla abultada, derechos torcidos, términos vencidos, y garantías a lo largo de un tapete rojo de franquicias, inmunidades e impunidades que ya nadie siquiera pierde el tiempo discutiendo.
Los capturados de la “primera línea”, en cambio, están para servir a la mesa del descuartizamiento como la peor plaga; son vándalos, son criminales, el verdadero, quizá el único, peligro para la sociedad, la personificación azufrada del mal (diría Ordóñez atizando su hoguera); por lo demás, simplemente indeseables en el lenguaje oficial del gobierno Duque, arbitrarios que se levantaron junto a cientos de miles de ciudadanos, fuera del “protestódromo” que proponía construir Diego Molano, aquel “genio de la democracia moderna” y funcionario inmune del gobierno.
Empiezo por aclarar que esta no es una defensa a la gente de la llamada primera línea (concepto en sí mismo confuso), no me corresponde, ni sabría cómo hacerlo. No creo de forma alguna que por la circunstancia de que hay delitos terribles, los menos lesivos deban pasar de largo en lo que se denomina el poder mimético de la violencia; espero, como tal vez la mayoría de ciudadanos que, si cometieron transgresiones comprobadas, reciban la sanción o la pena que quepa.
Pero resulta suciamente injusto que estén postradas estas personas que participaron entre miles y miles en el alzamiento, cuando los más repulsivos criminales con sus cuellitos blancos van libres en una nube y mientras los verdaderos causantes de todo aquello que desató el polvorín siguen aparentando ser gente de bien.
Al considerarlos un “peligro para la sociedad” y llevarlos presos se les sindica de: afectar los intereses colectivos, tener retenidas a personas durante 40 a 70 minutos, agredir sicológicamente a personas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación del transporte público, daños al Transmilenio, concierto e instigación a delinquir. Que se sepa, y me empeño en recalcar que esto no tiene finalidad de menos valorar la gravedad de cualquier falta, no todos tienen acusación sustentada profundamente por homicidio.
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¿Dónde habitan los vándalos políticos que convenientemente utilizaron la protesta masiva de los jóvenes y de parte de esta sociedad representada en ellos?
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Cualquiera está en derecho de considerar apropiado que los vinculados a la primera línea sean procesados. Pero cualquiera se pregunta por mínimo sentido ¿dónde están, qué pagaron, por qué respondieron los altos funcionarios que irresponsablemente propiciaron el estallido social con medidas de terror durante la pandemia; dónde habitan los vándalos políticos que convenientemente utilizaron la protesta masiva de los jóvenes y de parte de esta sociedad representada en ellos?; ¿por qué no se conoce que estén bajo medidas de sanción o privación de libertad los policías y civiles que dispararon a la multitud? Se habla de 80 muertos durante las protestas, número incierto ¿sabe alguien de un acusado identificado o preso por una o por decenas de esas muertes?
Iván Duque, disfrazado de policía tras esa jornada, ¿Se disfrazó alguna vez de joven, se puso en los zapatos de gente cayendo, asumió control competente de la situación? ¿Está procesado en algún estrado nacional o internacional, él como comandante de las fuerzas armadas o lo está algún miembro de su gobierno, por estos sucesos sin par en la historia de Colombia?; ¿hay algo pendiente, por ejemplo, por los bombardeos en la zona rural de San Vicente del Caguán al principio del gobierno (donde murieron niños), o por las actuaciones militares, con incierta muerte de civiles en Puerto Leguizamo – Putumayo finalizando el mismo gobierno?
Apenas comparando: ¿no es afectar intereses colectivos robarse todo cuanto se roban los políticos libres? ¿No es instigación a delinquir el andamiaje de corrupción entre funcionarios, contratistas y jueces (libres), en casos de atraco al erario revelados todos los días? ¿El daño a Transmilenio con sus losas, contratos y desfalcos pagados varias veces, no son el peor daño al sistema de transporte, mientras sus responsables siguen campeando? ¿No afecta el transporte público el trancón vitalicio, el achicamiento abusivo de las vías por omisión o acción de funcionarios distritales?
¿Es profundamente menos lesivo para la sociedad todo esto, que los actos de los acusados de la primera línea? Aquellos acusados se volvieron un trofeo de caza en la administración Duque; en la actual se han convertido en una cuerda para estirar, incluso para que parlamentarios allegados al gobierno cobren réditos políticos. En esto hay despótico desbalance.
