Estas últimas semanas he visto con frecuencia en medios de comunicación una situación que se despliega en torno a distintos hechos procesales: muchos de los casos que deberían terminar en una sentencia absolutoria o condenatoria han finalizado con orden de libertad por vencimiento de términos, lo que ha provocado que llegue a pensar que algo dentro de nuestro sistema judicial no está funcionando bien.
Pero, ¿qué es la libertad por vencimiento de términos? Bueno, pues resulta que en la Constitución Política, en el artículo 29, está estipulado que cuando una persona que ha estado privada de la libertad cierto tiempo y que tiene un proceso en su contra no encuentra una solución jurídica puede quedar libre; lo cual puede resultar favorable o desfavorable.
Ahora bien, creo que este mecanismo sirve en algunos casos, sobre todo para que quienes estén detenidos tengan la posibilidad de que se les investigue y se les aclare su caso sin que se les vulnere su derecho a la libertad. Sin embargo, ante un sistema judicial tan congestionado como el de Colombia, el tiempo que tarda en aclarase la situación del investigado muchas veces se extiende más de lo que debería por la falta de jueces, fiscales o defensores, o incluso por maniobras y artimañas de los defensores de los mismos detenidos, lo que termina beneficiando muchas veces a quienes sí han cometidos delitos y merecen ser condenados.
Por ejemplo, esta semana a través de los portales de noticias vi que quedó en libertad Francisco Ricaurte, un exmagistrado que fue una de las caras visibles del llamado cartel de la toga. El investigado por corrupción se pudo ir para su casa por vencimiento de términos; aunque esta orden no lo exonera de la responsabilidad ni da por terminado su proceso, sí causa demasiada indignación porque creo que se está saliendo con la suya.
Como ya había pasado mucho tiempo sin que se le realizara un juicio, la defensa alegó que ya se habían vencido los términos y el juez no tuvo otra opción que dejarlo en libertad. Me parece que en este caso lo que hubo fueron un montón de estrategias por parte de la defensa para congelar el proceso. Según Semana, en un artículo que publicó el 25 de agosto: “Los abogados del exmagistrado habían echado mano de todos los recursos que permite la ley para demorar su caso. En cerca de 14 diligencias, la defensa presentó 120 solicitudes probatorias y pidió sin éxito llevar ante los tribunales a casi un centenar de testigos entre quienes aparecían los expresidentes de la Corte Suprema José Luis Barceló y Leónidas Bustos, y figuras de la talla de Juan Manuel Santos o Néstor Humberto Martínez”. Con esto en mente, parece posible que estas artimañas hayan hecho del proceso aún más largo, beneficiando a Ricaurte, quien fue llamado a juicio por presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, entre otros.
Esto me hace pensar que se debe volver a pensar este sistema judicial. El país debe ponerse como prioridad una mejor reforma para la justicia, si no más delincuentes van a quedar en libertad fácilmente gracias a la manipulación al mismo proceso y las estrategias para retrasarlo. Esta reforma debe enfocarse en controlar mejor a los abogados, aumentar el presupuesto para que haya más jueces de buena calidad y así cumplir con los tiempos procesales. Para cerrar, si bien este mecanismo de vencimiento de términos sirve para defender la libertad de los acusados mientras son debidamente investigados, no debería ser utilizado como escape para la corrupción.
