A un tris de que el presidente, el abogado y político Iván Duque Márquez ponga su rúbrica para sancionar la ley que extiende por diez años más los beneficios estipulados en la 1448, más conocida como la de víctimas, se escucharon varias voces, muchas de ellas escépticas y pocas con alguna luz de entusiasmo, de allí que es pertinente subrayar que en este mar de barbarie en el que parece naufragar la Colombia del siglo XXI, tener esta herramienta jurídica dentro de nuestro ordenamiento es un bálsamo para las más de 9 millones de personas que a lo largo y ancho del territorio han sido blanco de una acción violenta venida de parte de quienes todavía creen que nos movemos bajo la tutela del Código Hammurabi, cuyo elemento de inspiración fue la ley del talión, más conocida por invocar mi ojo por tu ojo y mi diente por el tuyo.
De allí que en principio podemos subrayar como esperanzador el mensaje que al respecto dio el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, que le agradeció a los congresistas que participaron en esas discusiones al catalogar esta aprobación como una noticia histórica. Rodríguez Andrade dijo que, al aprobarse este proyecto, "se les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto". "Lo que buscamos es fortalecer, no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas, y como también lo ha pedido el presidente, avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas”.
Sobre el mismo tema, uno de los mayores protagonistas para que esta ley se convirtiera en lo que es hoy, Roy Barreras Montealegre, señaló que al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario, de allí que la corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad. Entre tanto la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de su titular Fernando Carrillo Flórez, recordó que su despacho había pedido que la prórroga de la ley de víctimas fuese de 15 años y no de 10, como finalmente se hizo, argumentando que se necesita más tiempo para materializar la implementación de las distintas acciones a favor de las víctimas, como la reforma rural.
Según la Procuraduría, hasta el momento solo han sido indemnizadas 879.821 víctimas, lo que corresponde al 12 % de los nueve millones que hacen parte del registro nacional de víctimas, lo que significa que se necesitarían alrededor de 50 años para culminar el proceso de reparación.
Por eso ahora es la hora de ir a alguna de nuestras regiones del departamento para tratar de conocer la forma cómo fue recibida la noticia de la extensión de los beneficios, y para ello hablamos con el personero del municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, sin duda una de las regiones que más ha sido aporreada por la violencia de todo tipo, al punto de que los últimos datos conocidos, es la muerte violenta de dos personas en un sitio público en Tarazá y la de 4 más asesinadas en la madrugada del viernes en la vereda Bamba Arriba, en jurisdicción de El Bagre.
Se trata de José Gabriel Navarro Ramírez, quien señaló que al hacer referencia a la importancia de la prórroga de la Ley 1448 de 2011, lo obliga a recordar que fue a partir de que el Estado como tal, reconoció la existencia de un conflicto armado interno, hecho que enardece al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y por ello cada vez que puede calificar de traidor al también expresidente, Juan Manuel Santos Calderón. Sin embargo, señala, que designar a aquellos años aciagos como el resultado de un conflicto interno, fue la clave para sacar adelante una iniciativa con los alcances como la Ley de Víctimas, de donde se desprenden una serie de medidas de atención, asistencia y reparación integral, con actos que garanticen la no repetición.
El Bajo Cauca antioqueño, para nuestra desgracia, ha aportado una gran cuota de vidas en esta guerra fratricida y por eso a la fecha son incalculables el número de huérfanos, las viudas y las madres que han tenido que llorar la caída de sus seres queridos a manos de guerrillas y paramilitares. Según las cifras oficiales, con corte al 31 de octubre del 2020 a nivel nacional son 9.068.190 las personas que han sido reconocidas como víctimas del conflicto, de las cuales 203.318 han declarado haber sufrido hechos victimizantes, tales como el homicidio, la desaparición, la tortura, el secuestro, y el desplazamiento, entre otros.
Entre tanto, las mismas cifras señalan que en la región del Bajo Cauca, Caucasia y El Bagre se llevan el horroroso primero y segundo puestos, respectivamente, pero la experiencia que me ha dado el haber sido personero de mi natal municipio de El Bagre en el 2012, cuando entró en vigencia la ley 1448, nos esmeramos para que todas las personas que hubiesen sufrido afectación por cualquiera de los hechos estipulados, pudieran acercarse al despacho a presentar su declaración.
Sin embargo, y es lo preocupante, la experiencia de quienes han conocido en detalle lo que ocurre en esta región, lleva a afirmar que los datos suministrados no son ni la mitad de la cifra de las víctimas que ha dejado hasta la fecha este conflicto cada vez más degradado, en donde, según las autoridades, las tales luchas sociales le han dado paso a una feroz pelea por temas como las drogas ilícitas, la extorsión y para ver quién se queda con el territorio bajo la mirada impávida y cada vez más complaciente de las autoridades. Lo anterior se desprende del hecho de que muchas personas no declararon en los términos que la ley estableció para tal fin; ya por desconocimiento, por temor o por la simple decisión de no darle valor económico a sus seres caídos.
Hay que señalar con claridad, puntualiza el personero de Zaragoza, que la ley de víctimas, por muchas bondades que tenga, no ha logrado llegar hasta donde hemos querido porque estas han sido reparadas en un porcentaje muy mínimo, debido a que la atención y asistencia que el Gobierno Nacional, Departamental y Local les ha brindado ha sido irrisorio, y los actos de victimización cada día son más visibles, por lo que la prorroga a la ley es lo mínimo que las víctimas esperan a fin de obtener una verdadera atención, asistencia y reparación integral.
En conclusión, las víctimas del Bajo Cauca requieren de quienes somos operadores de la misma, una garantía plena para que sus derechos sean reconocidos a plenitud, así esto suene a música celestial, de allí que la prorroga aprobada conlleve alcanzar el propósito real de la norma, que las víctimas no sigan siendo tratadas como el pan de queso maluco al que se les somete a un paseo de vulneración con el que se pretende no asistir.
Los personeros municipales como únicos entes locales que atienden a las víctimas del conflicto en lo local requieren de un mayor fortalecimiento, ya que no es posible que un despacho con dos funcionarios, donde uno es quien tiene la responsabilidad de la atención con insuficiencia de recursos sea quien resulte garante de los derechos de las víctimas, subrayó el jefe del ministerio público en esta cabecera.
