Cada cierto tiempo los gobernantes aprueban una reforma tributaria en Colombia. La norma es que en cada una de ellas se creen nuevos impuestos para la clase media y los pobres, o se suban los existentes, al tiempo que se disminuyen los tributos que pagan los millonarios del país. De esa manera les compensan por financiar las campañas políticas de los hoy gobernantes.
Este gobierno completa su tercera reforma tributaria, aunque su promesa fue “más salario, menos impuestos”. En eso, como en todo, mintieron. Fiel a su espíritu engañoso, ya ni reforma tributaria la llaman, ahora usan el eufemismo de Ley de Solidaridad Sostenible. Solidaridad de los pobres para sostener a los poderosos y millonarios.
Ya sabemos lo que hacen con la plata que recaudan: subsidios a los bancos, a Avianca (donde trabaja la hermana del subpresidente), 300 escoltas al patrón y su familia, devolución del IVA a Tomás y a Jerónimo con facturas fraudulentas, subsidio al servicio de recolección de la basura y un sistema de riego para el Ubérrimo, un programa de televisión diario para presidencia, campañas de publicidad, 30 millones mensuales a congresistas y otros altos funcionarios, helicóptero y camionetas nuevas para la presidencia, vuelos Bogotá-Cartagena para recoger el vestido de la primera dama, un libro de memorias de la misma señora, contratos estatales para familiares y relacionados de Paloma Valencia y Carlos Felipe Mejía, y glifosato para hacerle la guerra a los campesinos. Y, claro, 14 billones de pesos para comprar aviones de guerra.
Queda claro que en cada reforma tributaria se trata del saqueo sistemático del bolsillo de los colombianos pobres y trabajadores, a quienes se les obliga a pagar impuesto por la compra de alimentos de primera necesidad, para beneficiar los privilegios de las castas gobernantes y el gran capital. Un crimen, aumentar impuestos bajo una pandemia reduce las posibilidades de reactivación económica y de recuperación del empleo. Eso no les importa, solo les interesa proteger y aumentar las ganancias de sus patrocinadores, los millonarios, que bajo la pandemia se han hecho más millonarios, y saquear lo que puedan del tesoro público.
Ahora, ¿por qué sucede esto en Colombia? En primer lugar, porque la sociedad dejó de interesarse en la política, en los asuntos públicos, y dejó que de ello se ocupase la clase política. Los colombianos no se informan ni toman posición por temas como la salud, la educación, el empleo o los impuestos. Dejaron que de ello se encargue una burocracia estatal que no actúa en función de la sociedad como conjunto, sino solo en beneficio de quienes pagan sus sobre sueldos: los banqueros, los ricos, los importadores y el capital extranjero. Esto debemos cambiarlo, si queremos salir de la crisis.
¿La solución? En primer lugar, expulsar del poder a la clase política corrupta y criminal que ha convertido al estado en su finca y fuente de riqueza. En segundo lugar, elegir en el 2022 a un proyecto político que represente lo contrario de los que representa el uribismo, la derecha y el establecimiento. Un proyecto que coloque los derechos sociales de los colombianos por encima de los intereses de los banqueros y los superricos. Un proyecto político que defienda la salud y educación públicas como derechos universales y gratuitos, que impulse la producción nacional que genera empleo, que entregue tierras a los campesinos y que potencie la producción de alimentos, y que desarrolle un programa que enfrente el cambio climático y estimule el uso de energías renovables.
La crisis de desigualdad que Colombia sufre, agudizada por la pandemia, debería empujar a los colombianos a definir un rumbo diferente para el país; impidiéndole al actual gobierno, en lo inmediato, la adopción de medidas que solo benefician a las élites, y eligiendo, el próximo año, un gobierno que abandone el neoliberalismo salvaje y adopte un modelo progresista.
