En redes sociales están circulando unos videos bajo el título “Duque mentiroso”. Las imágenes registran al presidente cuando en su carácter de senador y candidato se oponía al aumento del IVA y de otros impuestos.
Sin embargo esa actitud del mandatario, aparentemente contradictoria con sus propuestas recientes, debe interpretarse en el contexto de la actualidad nacional. Al posesionarse Iván Duque encontró los closets y escaparates de la administración pública llenos de pavorosos esqueletos: un presupuesto deficitario que pone en vilo los programas mayor impacto para la construcción de equidad; una deuda pública galopante que ya llega al 43 % del PIB y tiene un componente externo cercano a los cincuenta mil millones de dólares; compromisos ineludibles vinculados al acuerdo de paz por valor superior a los cien billones de pesos; un sistema productivo agobiado de cargas e incapaz de generar los empleos que se necesitan urgentemente.
El presupuesto cocinado por el gobierno de Juan Manuel Santos contemplaba un faltante por veinticinco billones de pesos, eliminando la posibilidad de avanzar en la gestación de una sociedad más armónica. Entre los huecos por tapar se contaban $5 billones para inclusión social y familias en acción; $5 billones para salud; $1,7 billones para educación y más de $1 billón para vivienda y saneamiento. Un presupuesto así concebido podría interpretarse como un acto inamistoso, una especie de celada para meter entre los palos al sucesor.
El asunto vino a atenuarse con la introducción de recortes en varios de los otros rubros contemplados, pero persistió un déficit que alcanza los $14 billones, el cual implicaría devastador golpe para la política social del Estado y una conmoción colectiva de impredecibles proporciones. Siendo así las cosas el candidato convertido en presidente, cumplió con el deber ineludible de exponer la realidad encontrada y presentó la propuesta tributaria conocida como Ley de Financiamiento.
Ahora bien, si algún cargo pudiera hacérsele a Duque es el de no haber sido más contundente e incisivo al denunciar los males heredados del gobierno anterior. Pero su actitud quizá estuvo inspirada en el deseo de no echarle gasolina a la candela, no dar motivo para mayor polarización en una sociedad ya bastante fracturada.
Este es un país sin memoria, en el que predominan las pasiones y se desprecia la aritmética. Los críticos no se preguntan por el origen de la situación fiscal que afrontamos; ni por qué se dejaron de tomar en el pasado ciertas medidas impostergables; ni por los compromisos adquiridos sin mayor análisis y que habrán de ser abonados por los gobiernos y las generaciones venideras. Los líderes de la oposición reclaman equidad, inclusión, oportunidades, bienes públicos, empleos, pero también deberían aceptar que atender esas expectativas supone financiaciones adecuadas que por fuerza deben provenir de nuevos tributos.
Los críticos no se preguntan por el origen de la situación fiscal que afrontamos;
ni por qué se dejaron de tomar en el pasado
ciertas medidas impostergables
Para el futuro de Colombia es indispensable que el debate sobre las finanzas publicas sea presidido por el rigor analítico, dejando de lado consideraciones electorales de corto plazo. Es la oportunidad para conocer quienes en nuestra vida pública tiene vocación de estadistas y quienes de simples politiqueros. Y no es que la reforma propuesta sea perfecta, algunos de sus aspectos demandan ajustes, pero ese proceso exige a la par conciencia sobre la gravedad de los desafíos sociales e imaginación para identificar nuevas soluciones.
La falta de sindéresis al analizar la reforma se manifiesta de manera particular en relación con el IVA. Este tributo tiene elementos regresivos que el proyecto propone neutralizar con una devolución general entregada a las familias pobres a través del Sisbén. Se argumenta, sin embargo, que tal retribución no es suficiente porque quedarían por fuera quienes perteneciendo a la economía formal están en la base de la escala salarial con uno o dos salarios mínimos. Pero aspectos como este podrían tener solución acudiendo a otros procedimientos, como sería el de convertir las empresas y empleadores en canal para entregar de las compensaciones periódicas correspondientes al segmento asalariado de menos ingresos.
Para el trámite del proyecto de financiamiento el gobierno enfrenta una circunstancia adversa. Haber atendido el clamor nacional de taponar la mermelada asignada a los congresistas y a ciertos medios de comunicación tiene su costo. Esos medios abandonaron la condescendencia que en el gobierno Santos aplicaban a los temas del gobierno, y han pasado a abordarlos con ánimo inquisitivo, a veces camorrista. Muchos congresistas privados de auxilios parlamentarios o cupos indicativos, sabiendo cercanas las elecciones regionales ven la ley en trámite como un riesgoso desgaste político. Por eso en la actual situación el país necesita que le llegue con mayor contundencia la voz autorizada, fuerte y serena del primer mandatario.
Las dificultades fiscales que afronta Colombia son expresión de los problemas estructurales exhibidos por sus instituciones. Diseñar un Estado que garantice equidad e inclusión, ausencia de corrupción, justicia cumplida, eficiencia, y que además sea sostenible en el tiempo es el gran desafío de Iván Duque. Sin embargo se trata de un propósito cuyos frutos no se verán en el angustioso plazo inmediato. Por eso, gústenos o no, ante el peligro una crisis social, no hay alternativa distinta a la de aprobar la Ley de Financiamiento.
