La Constitución Política, consagrada como la carta magna, intuida dentro de los preceptos de Estado social de derecho, nos garantiza una remuneración mínima y vital. Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo y suficiente para cubrir sus necesidades mínimas y la de su familia.
El nuevo gobierno ha radicado un proyecto de ley de financiamiento, previendo mayor afluencia financiera para con ello tapar el hueco fiscal. Sin embargo, esto ha generado un choque con los mandatos constitucionales y legales, habida cuenta de que estos buscan asegurar al trabajador y a su familia la satisfacción de las necesidades básicas, en condiciones de vida digna, que a su vez le permita proveer educación para sus hijos.
Lo anterior, debido a que dicha ley pretende gravar con el IVA los productos de la canasta familiar, perjudicando a la clase media colombiana, que verá mermada su posibilidad de acceder a los artículos básicos de la canasta familiar, obligándolos a buscar alternativas que van en contravía de una adecuada, variada, balanceada y nutritiva alimentación.
Además, la polémica ley propone el cobro del 5% por concepto del IVA a las boletas de entrada a cine, los eventos deportivos, culturales, musicales y de recreación familiar, coartando con ello la oportunidad y el derecho a los trabajadores colombianos y sus familias al entretenimiento, la recreación, esparcimiento y diversión.
Sumado a ello, como está redactada, esta ley gravaría con el IVA la venta de vivienda usada, causando un gran impacto a los colombianos de menos recursos, que por sus ingresos no cuentan con la posibilidad de adquirir vivienda nueva, contribuyendo con esto a la violación del derecho de una vivienda digna de todo colombiano.
Es de anotar que el precio de la gasolina sufrió un alza, convirtiéndola en la más cara de América Latina, trayendo como consecuencia el incremento en el transporte y demás sectores que dependen de este factor, vulnerando el acceso al transporte y desplazamiento del trabajador acorde a unas tarifas justas y acordes a sus ingresos.
Reconocemos la imperiosa necesidad del Estado de recaudar recursos que le permitan cumplir con sus fines, garantizar los programas sociales, efectuar las inversiones necesarias para el posconflicto, coadyuvar a las menos favorecidos con los subsidios, pero también somos conscientes del deplorable salario que percibe la clase media y baja y su pequeño poder adquisitivo, negando la posibilidad para el goce efectivo de sus derechos.
En consecuencia, se requiere que el gobierno y el legislativo busquen soluciones que permitan alternativas de recaudo, financiación y saneamiento fiscal al presupuesto del próximo año sin perjudicar la clase media trabajadora, respetando lo preceptuado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 al referirse a la subsistencia digna establece: (…) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial [que no exclusivamente], la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.
Si no se logra este consenso y aplican otras medidas que garanticen el no gravamen de IVA de estos sectores, estaríamos condenando a la gran mayoría de colombianos a la imposibilidad económica de una vida digna, lo que resultaría contraproducente, puesto que el Estado está llamado a garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos, no a vulnerarlos.
