El día de hoy vengo a hablarles de un pequeño monstruo que fue creado hace, exactamente 28 años. Una supuesta solución a un problema que afectaba notablemente la calidad de vida de muchos colombianos, pero que a la hora de la verdad resultó ser una vía de acceso fácil y rápida a la degradación de uno de los bienes jurídicos más importantes: la salud. Me refiero claramente a la Ley 100 de 1993; proyecto que fue creado con múltiples propósitos y que, al día de hoy, parece que son más las tareas pendientes que las entregadas por el dichoso Sistema Integral de Seguridad Social.
Se supone, según cifras arrojadas por el Ministerio de Salud, que antes de este sistema existía notablemente un inequitativo acceso a los servicios médicos profesionales, que las garantías solo cubrían las necesidades del 24% de la población colombiana y que acceder a la atención médica u hospitalaria representaba un verdadero sacrificio económico por parte de todas las familias, pero yo me pregunto, ¿qué ha cambiado?
Prácticamente las barreras para ser atendido por una institución prestadora de servicios médicos siguen estando difíciles, incluso hasta parecen ser más arduas y penosas para los usuarios; recordemos lo que sucedió está semana: el paramédico llegó con un paciente estabilizado, el vigilante sacó su revolver y se negó a permitir el ingreso de la persona que se encontraba en la ambulancia. En este engorroso y bizarro ingreso, la persona falleció. ¡Es más que insólito!, pero ahí no acaba todo.
¿Cuánto demora una persona en obtener una cita con un especialista en estas supuestamente facilitadoras entidades prestadoras de salud? Según la Supersalud, el tiempo de espera para una cita con el médico general es de máximo 3 días, pero para la consulta con un especialista no hay término, es decir, una inagotable y penosa espera. Con ese lapso, la patología se agrava, o peor aún, la persona fallece, y fallecerá sin haber accedido a los servicios médicos profesionales que requería para ser tratada; es decir, que el 24% que accedía en aquel entonces a estos servicios no parece haber aumentado en su cobertura.
Ahora bien, sigue siendo un esfuerzo financiero increíble por parte de las familias colombianas, ya que a diario escuchamos las discusiones que las personas tienen con el sistema: “que no les dan los medicamentos, que tienen que interponer un derecho de petición, que la tutela”, en fin. Es increíble que un país donde el precio para acceder a una medicina sea o la larga espera de que un litigio salga favorable; o empeñar la vida a ver si así se costea un servicio particular que permita obtener una solución más pronta y efectiva.
Pero este Frankenstein que tenemos por sistema de salud era la supuesta mejor de las soluciones, un monstruo formalista y protocolario; porque estamos frente a un sistema indolente e insensible, en el cual prevalece el mero trámite, el papeleo y no lo que realmente debería importar: una garantía plena y efectiva de salud para las personas.
