Los síntomas de desgaste en la vida de ciudades y en sus gobiernos locales en el caso colombiano son evidentes; según las políticas públicas nacionales e internacionales, es ciudad un centro de alta densidad poblacional, con más de cien mil habitantes que tenga una función socioeconómica, político-administrativa y cultural importante, en un ecosistema subregional, regional y/o nacional.
La organización formal de las ciudades contemporáneas está compuesta por elementos urbanos reconocidos como el sistema movilidad, los espacios verdes (jardines, parques urbanos, reservas ecologías, parques nacionales, entre otros), tramas urbanas, equipamientos públicos, y elementos geográficos naturales (cerros, lagos, ríos, montañas, etc.) Hoy especialmente se demandan saltos tecnológicos en las infraestructuras, los suministros energéticos y los servicios de transporte. Esto implica además una gestión eficiente e incluyente de la economía y de los recursos materiales partiendo de una planificación urbana coherente que potencie la accesibilidad universal a los derechos básicos y a la productividad y la movilidad urbana sostenible.
Las circunstancias de crisis urbana que implican gran cantidad de concentración de poblaciones diversas, con una gran presión migratoria sobre las ciudades y con gran debilidad institucional, que potencian los índices de exclusión, pobreza y de violencias sociales nos arroja a la tarea colectiva de transformar y recuperar la ciudad como bien común; esto pasa por elegir buenos gobiernos, pero no se agota en ello; la vida colectiva requiere que los (as) pobladores (as) urbanos (as) nos reconozcamos como agentes que hacemos y nos hacemos a la vez en la ciudad. Reconocernos en el marco de unas ciudadanías activas es fundamental
Es importante recordar al lado de los derechos fundamentales y los Derechos ambientales, sociales, económicos y culturales que implican prestaciones, reconocimientos, goce de condiciones vitales, existen deberes de la persona y del ciudadano, claves para lograr la realización plena del derecho a la ciudad: 1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3) Respetar y apoyar a las autoridades democráticas, ejerciendo a su vez la veeduría, la vigilancia y auditoría de las actuaciones de los y las gobernantes.
Sobre la base de comprender esta relación de derechos y deberes, el derecho a la ciudad se construye en el habitar, en el morar, en la convivencia, en la interacción cotidiana; hacer una ciudad resiliente implica construir acuerdos de una comunidad política diversa que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean ocasionales o estructurales, esperados o inesperados.
________________________________________________________________________________
Hacer una ciudad resiliente implica construir acuerdos de una comunidad política diversa que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos
______________________________________________________________________________
Para afrontar este tiempo y para diseñar nuevas agendas urbanas se requiere de una planificación adecuada y cuidadosa con la finalidad de evitar o disminuir impactos negativos futuros; debe ser sustentable donde puedan conservarse los recursos naturales, así como en una ciudad que incluya la resiliencia natural urbana, entre otros servicios ambientlaes; pero también se debe profundizar en una dimensión de competitividad sustentable que posibilite la transformación de las economías ilegales y la estrechez de las legales en procesos productivos con mayor sentido de inclusión.
En ese marco es fundamental levantar el Derecho a la Ciudad que es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. El referente global del “derecho a la ciudad” que se asume como la posibilidad de los habitantes urbanos de disfrutar completamente de la vida urbana, con todos sus servicios y ventajas y tomar parte activa y directa en el manejo de los asuntos de la ciudad, es sin duda, un insumo central para transformar la Colombia urbana.
Asumir este paradigma en muy diversos campos es activar los procesos de movilización social e incidir en la formulación de políticas públicas, territoriales, sectoriales, poblacionales, pero con un sentido de transversalidad, para construir visiones de conjunto. ¿Cómo hacerlo? Participando, colaborando con organizaciones sociales en los territorios urbanos, observando las gestiones públicas y los espacios de participación ciudadana, generando acciones solidarias y creativas para concretar el goce colectivo de los derechos de conjunto para el habitar urbano; apoyando a las comunidades y poblaciones más vulneradas, formándonos como ciudadanos que habitamos cuidades, que elegimos gobiernos con programas de gestión que nos representen, pero que no delegamos todo nuestro poder y capacidad de crear y transformar nuestras ciudades.
Resolver los problemas civilizatorios del país implica asumir la transformación de nuestros entornos urbanos y eso necesita de fortalecer las organizaciones ciudadanas y estar atentos a lo que van marcando los nuevos movimientos y expresiones de cultura urbana, o dicho en otras palabras: urge atender las líneas de tensión y orientación que se van marcando como consensos y conflictos en nuestras ciudades, urge hacernos camino y movilización por la vida en la ciudad.