Un buen número de los actuales senadores colombianos, algunos de ellos, con varios periodos legislativos encima, se ha especializado en construir relatos, a partir de frases de cajón, según los cuales, luego de hacerse elegir y posesionarse como senadoras y senadores, adquieren una especie de superpoder que les permite hacer lo que se les da la gana, así vaya en contravía de lo que les prometieron a sus electores.
Agazapados detrás de la necesaria separación de poderes, actúan de acuerdo con las órdenes de sus patrones, escudándose en ese superpoder de la inviolabilidad de la opinión congresional para solo favorecer los intereses propios y los de su círculo cercano.
Los políticos profesionales situados ideológicamente con el liberalismo económico y el moralismo conservador del siglo XV, al menos en Colombia, coinciden en hacer alarde de su arrogancia, pero, sobre todo, de su hipocresía. Luego de hacer de lado los intereses de quienes los eligieron, normalmente gente humilde, de los sectores más deprimidos de la sociedad, se dedican a obedecer ciegas e irresponsablemente las órdenes de quienes pagaron sus campañas; los representantes de los grandes gremios de la producción, el sector financiero, las EPS privadas, los Fondos de Pensiones o uno que otro empresario de riesgo.
A pesar de la actual facilidad de acceso a casi toda la información, insisten en hacerle creer a sus electores y a la comunidad que los proyectos de ley que les convienen ya tienen suficiente discusión para pupitrearlos sin objeción o, por el contrario, como ha pasado con los actuales proyectos de reformas sociales: salen sin vergüenza alguna a decirle al pueblo que estos proyectos no han tenido estudio ni discusión alguna, a pesar de que se presentaron hace dos años y han existido innumerables audiencias y foros.
Tras de la descarada mentira, se paran orondos frente a las cámaras y los micrófonos de la prensa aliada a decirle al pueblo que se sienten orgullosos de hundir las reformas que ese mismo pueblo les ordenó tramitar. Tiran la piedra y esconden la mano.
Descaradamente, usan a los periodistas amigos para declarar que ellos solo hacían su trabajo y, de paso, denunciar que sus vidas corren peligro. Toda una actuación perfectamente libreteada, en la que, de victimarios, pegan inmediatamente el brinco a victimizarse, tras verse expuestos por el señalamiento popular, a causa de sus fechorías políticas.
Ahora que el actual presidente de Colombia anuncia que ante el irresponsable bloqueo institucional orquestado por los grandes gremios de la producción colombiana y sus aliados políticos en el Congreso y en las altas Cortes, convocará una Consulta Popular, para que el pueblo decida sobre las Reformas Sociales; nuevamente la prensa propiedad de los autores intelectuales y materiales del mencionado bloqueo, corre presurosa a usar a sus “expertos” para hacerle creer al pueblo que la propuesta es inviable y que el presidente tiene la culpa por no “consensuar” con los senadores el trámite de esas reformas.
Actuando de acuerdo con una irresponsable lógica, muchos de los políticos colombianos del centro y derecha, junto con la mal llamada gran prensa colombiana, acuden a la muy delicada estrategia de “golpear al perro para poder decir que es malo”, sin medir las consecuencias de presionar a una sociedad que recientemente demostró su poder en las calles (Estallido social 2020).
Ñapa: Respetuosamente, invito a los lectores y lectoras de estas notas a hacer el esfuerzo de no dejarse engañar por el ejército de expertos y de “X” que ya empezaron a invadir medios y redes sociales, argumentando la inviabilidad técnica, financiera y política de la Consulta Popular convocada por el presidente de Colombia.
Lo realmente cierto es que, a través de este mecanismo constitucional, lo único que se busca es que el pueblo colombiano, de manera soberana, le ordene al congreso de la república que tramite las reformas sociales mandatadas por la mayoría de la sociedad colombiana, en otras palabras; en la consulta le vamos a ordenar a los congresistas que trabajen.
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