Las protestas empezaron hace quince días cuando los estudiantes alzaron su voz de protesta contra la inseguridad reinante en Venezuela, a raíz del intento de violación de una joven en pleno campus universitario. La intolerancia del gobierno de Maduro quiso acallarlos con detenciones masivas que generaron, la reacción contraria. Al final de la semana cuando los estudiantes protestaban frente a la Fiscalía pidiendo la liberación de los detenidos, la Fuerza Pública entró a actuar con toda su violencia apoyada en los llamados Tupamaros –fuerza de choque armada de las bases chavistas que el gobierno de Maduro tolera-, dejando tres muertos y más de sesenta heridos. El gobierno de Maduro quiso tapar los hechos que solo el canal colombiano NTN 24 (filial internacional del canal RCN) que se trasmite en Venezuela por cable, trasmitió, y que ocasionó su censura, sacándolo del aire. Las medidas coercitivas contra los medios de comunicación han ido en aumento al punto que solo a través de las redes sociales puede saberse lo que realmente está pasando el Venezuela. Incluso, Twitter Inc. comentó que el gobierno venezolano bloqueó las imágenes de la red social en ese país para que las personas no pudieran verlas.
El gobierno de Maduro ha señalado a Leopoldo López Mendoza como el líder detrás de la protestas social y lo busca desesperadamente para detenerlo, igual que a Fernando Gerbasi ex embajador de Venezuela en Colombia e Iván Carratú Molina. Leopoldo López afirma que él solo busca un proceso legal y constitucional de revocatoria del mandato de Maduro.
López Mendoza es un economista de 43 años, formado en Estados Unidos, que fue elegido alcalde de Chacao en el 2000 por el movimiento Primero Justicia y ejerció el cargo durante ocho años. Junto a Capriles lideraron la resistencia contra los atropellos y abusos de autoridad del entonces Presidente Hugo Chávez.
En noviembre el gobierno venezolano inhabilitó a López Mendoza para ejercer cargos públicos por tres años por haber supuestamente obtenido de manera irregular una donación de la petrolera PDVESA, lo cual le impidió aspirar a la Presidencia de Venezuela. López llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington y en septiembre de 2011 ésta declaró por unanimidad responsable al estado venezolano de haber violado el derecho a ser elegido y estableció que los órganos competentes "deben asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyen impedimento para la postulación a cargos públicos". Este es el precedente que animó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a acudir a la Corte en Washington para atajar la decisión del Procurador Ordóñez cuya sanción pretende inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 15 años.
El Chavismo quiere impedir la participación activa de Leopoldo López y después de su derrota judicial y la reaparición en la vida política del joven líder, un tribunal de Venezuela ordenó el jueves pasado su detención acusado de la supuesta instigación de lo los hechos violentos. La jueza de control Ralenys Tovar emitió la orden a instancias de la Fiscalía que lo imputa de los cargos de asociación e instigación para el delito, intimidación pública, incendio a edificio público, lesiones graves, homicidio y terrorismo.
El tema del posible golpe de Estado es vox populi en Caracas, pero por otras razones. Este lo desataría las tensiones internas del gobierno que nacen del enfrentamiento entre el Presidente Maduro y el Presidente de la Asamblea Diosdado Cabello que es sin duda la voz de los militares que se han visto ampliamente favorecidos por el Chavismo pero quienes quieren regresar a poder aprovechándose de la debilidad y la falta de gobernabilidad de Nicolás Maduro. Lo único claro es que tal como están las cosas, los venezolanos están lejos de lograr alguna calma política, económica o social.