Dos meses de protesta social en Bogotá han generado una fuerte reacción de la administración distrital en cabeza de Claudia López. Se posesionó en medio del rechazo a la violencia policial del paro de noviembre de 2019 y lideró manifestaciones de rechazo como alcaldesa electa, pero los últimos días de violencia la han enviado al otro lado de la política.
Desde el pasado viernes, cuando Cristian Camilo Vélez murió por una cuerda instalada en inmediaciones del Portal Américas, López resaltó las graves irregularidades de la Primera Línea. Los enfrentamientos con líderes políticos de izquierda, y en especial con la Colombia Humana, se multiplicaron.
Los enfrentamientos del lunes 28 de junio que conmemoraron los dos meses del inicio del paro nacional fueron un punto de quiebre. No solo por la masividad de los bloqueos, que se llegaron a extender en 10 puntos en simultánea, sino por los hechos ocurridos en Usme en los que seis buses del Sitp fueron tomados por los manifestantes.
La presencia de cascos industriales y máscaras de gas entre los manifestantes hizo que López acusara al senador Gustavo Bolívar de financiar las protestas y relacionar esta financiación con la muerte de Vélez y el robo de los buses. Los equipos de seguridad, según la alcaldesa, fueron comprados con una vaca impulsada por Bolívar, la cual llegó a recoger más de 200 millones de pesos.
La acusación directa de Claudia López fue criticada muy fuertemente por los movimientos de izquierda. Los miembros de Colombia Humana, encabezados por Gustavo Petro, exigieron rectificaciones de las afirmaciones de la alcaldesa. Bolívar y las concejales de la bancada petrista se sumaron a esta petición.
Al contrario, el uribismo apoyó marcadamente la posición de la alcaldesa que había sido una de sus grandes opositoras desde la campaña presidencial de 2018. Entre las advertencias estuvo un trino del propio expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático.
El otro elemento que acerca a la alcaldesa y el jefe de Estado es la necesidad de recurrir a los dineros de la Nación para los ambiciosos programas de infraestructura que plantea López. Una muestra de esto se dio el martes, cuando Duque y López se unieron para presentar el recorrido e iniciar el proceso de obras de la segunda línea del Metro de Bogotá. Allí, el mandatario anunció la entrega de 9 billones de pesos que corresponde al 70% de la construcción de la obra hasta 2030.
Este interés económico ha sido expresado por otros mecanismos: la alcaldesa apoyó los artículos de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla que legalizaban los ingresos de sobretasa a la gasolina y financiar proyectos sociales. La ley de la sobretasa pasó posteriormente con la autoría de su pareja y aliada política, la senadora Angélica Lozano.
Todas estas protestas han generado una fuerte reacción entre la izquierda, donde había gran parte de la fuerza de la coalición de López en el Concejo. Las concejales de Colombia Humana Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal y Susana Muhammad anunciaron que se declaran en oposición, luego de haber estado en independencia desde la elección de 2019. Los sectores a la izquierda del Polo Democrático, en cabeza de Carlos Carrillo, y del Partido Verde hicieron movimientos para retirarse de la coalición de gobierno distrital.
Para colmo, la tregua entre los partidos de derecha y López no pasó de un breve flash. La mandataria trató de defenderse de las acusaciones en redes sociales en las que la tratan de uribista, recordando que durante el gobierno de Álvaro Uribe fue amenazada de muerte. Esto volvió a provocar la ruptura con los líderes del Centro Democrático.
El anuncio de una reunión entre la Primera Línea y la Alcaldía motivó que los concejales y representantes del uribismo y los partidos cristianos arreciaran sus críticas. López sacó de los breves acercamientos en una semana convulsa un valioso apoyo en varios proyectos, pero a costa de crear una grieta en la coalición que la eligió y ganar ataques de todos los extremos.