“La capacidad de decir lo que uno piensa, de impugnar la ortodoxia política de la época, de criticar las estrategias del gobierno sin temor de ser recriminados por el Estado, es la diferencia esencial entre vivir en un país libre o en una dictadura”.
El debate sostenido en Colombia y el resultado de la consulta pública anticorrupción no hacen sino reforzar nuestra convicción de que los responsable políticos nacionales deben hacer más para explicar la verdadera dimensión de lo que está en juego y la naturaleza de las soluciones establecidas en su programa legislativo y de trabajo de 2018-2022. La solución no es legislar menos, no es un apagón legislativo, sino promover una futura legislación anticorrupción de mayor calidad —tanto normativas como no normativas— con una visión política coherente a largo plazo y cumplimiento de Convenciones Internacionales Anticorrupción. “No cabe duda de que es más fácil aprobar leyes que aplicarlas”.
La lucha contra la corrupción es transectorial y se articula en torno a las tres dimensiones de los impactos —económica, social y penal—, cuya interacción y efectos acumulados aún no se han evaluado completamente. El entorno normativo (iniciativas normativas y corpus legislativo) en el que se mueve esta lucha se hace cada vez más complejo. Ha aumentado la densidad de las normas y a veces de manera no coordinada, lo que puede influir en las actividades económicas o de otra índole de cualquier empresa o ciudadano que repercuten a su vez en la administración de justicia en causas penales, administrativas, civiles y económicas. El Congreso debe procurar que la sobrecarga normativa y las normas que adoptan no tengan una incidencia negativa en el entorno de las empresas o de los consumidores y la sociedad en general, y creen barreras u obstáculos injustificados. Ya es hora de que el Congreso esté a la altura de las exigencias del siglo XXI. Un marco normativo favorable supone seguridad y estabilidad, mejorar la calidad de la actividad normativa y subsanar la fragmentación.
Legislar mejor: una tarea urgente y necesaria
El Congreso de la República debe adoptar una legislación de mayor calidad en la lucha contra la corrupción y plasmar su claro compromiso con la eficacia de la aplicación y el cumplimiento de la legislación a todos niveles. La voluntad política de conseguir más resultados, garantizando, en particular, una mejor aplicación y un mayor control de esta, mejorar el planteamiento del proceso legislativo y poner en marcha una serie de iniciativas para codificar, consolidar y simplificar la legislación vigente, así como abordar el problema de manera global, incluso fortalecer, su papel como autoridad anticorrupción de cara a la opinión pública. Promover un entorno normativo y administrativo favorable es absolutamente indispensable para combatir este fenómeno, que es un insulto a nuestra civilización.
La lucha contra la corrupción es asunto de todos los usuarios de la legislación, de los responsables de su cumplimiento y de las partes interesadas en general. Nos hacen mucha falta las buenas normas armonizadas anticorrupción, unas normas simples y transparentes, eficaces y no burocráticas, bien elaboradas desde el punto de vista práctico y administrativo, acelerando de este modo el ritmo de la modernización del Estado para hacer frente a los retos del futuro. "Legislar mejor" y "regular mejor" no solo se refiere a formular propuestas, sino también a ponerlas en práctica después. Sobre todo, tiene que significar ejecutarlas con mayor sencillez, mayor agilidad y más directamente, dando prioridad a los efectos de la legislación, lo que implica prestar mayor atención a los costes que se derivan de la misma. Si resulta que una disposición va a costar demasiado y tales costes van a superar los beneficios, entonces habrá que suprimirla. Eso no solo es válido para las iniciativas nuevas, pues las que ahora se están tramitando, junto con la legislación ya en vigor, también deben someterse a evaluación a fin de determinar si realmente son necesarias o si entrañan un coste excesivo.
Por mucho que legislemos, si no podemos hacer cumplir la legislación de forma consecuente, el coste de esta sigue recayendo sobre todos los contribuyentes, sobre los empresarios y profesionales. Según Tácito, cuando hay mucha corrupción, hay muchas leyes porque hay muchos comportamientos ilegales, pero la capacidad del estado para hacer valer la legalidad es baja. Muchas veces se introducen en el sistema legal un número infinito de crímenes, pero sin lograr detener o eliminar las malas prácticas y la corrupción rampante. Cuando la corrupción del estado es grande, hay muchas leyes que la disfrazan (sin proporcionar ningún remedio, también porque a menudo carecen de efectividad).
La lucha contra la corrupción obliga a movilizar numerosas políticas, más allá de la penalización y la prevención, y requiere la mejora de todos los instrumentos de apoyo público con el fin de abrir un diálogo que permita definir objetivos comunes y crear sinergias para desarrollar un modelo de gobernanza.
El plan de acción incluirá algunos objetivos principales: además de la financiación pública, aumentar el potencial humano y la colaboración entre los sectores público y privado (representantes del sector privado), las finanzas y los responsables políticos. Se prestará especial atención a la formación y a la coordinación de los programas y las políticas nacionales, regionales y locales, así como invertir aún más y más eficazmente en educación y formación (lo que incluye promover la difusión de la excelencia y transparencia en todas las instituciones públicas). Las otras políticas de prevención que contribuyen (transparencia, códigos de conducta, rendición de cuentas, declaración de bienes, etc.), cada una a su manera, a la lucha contra la corrupción también deberán movilizarse sin perder de vista sus propios objetivos. Aunque el desarrollo de un marco estable para instrumentos de "legislación blanda" es un elemento estratégico (Por instrumentos de «legislación blanca» se entienden la corregulación y la autorregulación). Solo así será posible legislar mejor.
Se debe reforzar también la concienciación política sobre la lucha contra la corrupción. El Congreso deberá perfeccionar el marco regulador, mejorar la concepción de la legislación en beneficio de los ciudadanos, reforzar el respeto y la eficacia de las normas y minimizar el coste económico para que la defensa de los intereses públicos contribuya al desarrollo de la actividad económica en lugar de frenarlo. En efecto, legislar mejor, esto es, garantizar un marco regulador de calidad, redunda en beneficio de todos (véase Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea).
La promulgación de muchas leyes, regulaciones y políticas anticorrupción tiene consecuencias nefastas
Corruptissima republica plurimae leges es una frase latina de Tácito (Annales, Libro III, 27) que se traduce literalmente como: "hay tantas leyes cuando el estado es corrupto". En otras palabras, cuando el estado es muy corrupto y con apariencia de legalidad, las leyes se multiplican, porque no solo se regulan de forma correcta en beneficio del bien común, sino también ad personam y ad hoc: a favor de los intereses de mil corruptores individuales por razones de ambición o ventaja personal o para ventaja de terceros. Cuando ocurre esto último, las personas malintencionadas y tendenciosas desde el punto de vista político y corruptas se interesan más por el bien de sus seguidores que por todos los ciudadanos. Significa, asimismo, que los gobernantes corruptos promoverán muchas leyes a fin de crear confusión burocrática para disfrazar sus malas acciones. Nadie tendrá una imagen clara del sistema legislativo y los límites entre legal e ilegal serán ambiguos. Además, para desentrañar la complejidad burocrática, aquellos pocos capaces de hacerlo o con el poder de burlarlo pedirán sobornos a cambio de tales servicios.
Observaciones finales
Comienza entonces el calvario en el atascado sistema parlamentario. Aquí es donde comienza el verdadero y tortuoso debate en sentido ascendente que parece no tener final; simplificar la legislación vigente para "legislar mejor" muy en serio, retirar las normas que resulten superfluas, especialmente en cuanto a la reducción de las cargas administrativas y supervisar con transparencia la aplicación y el cumplimiento de la legislación, que incluye garantizar la coherencia entre dichas normas. En materia de lucha contra la corrupción, Colombia tiene que representar en los debates internacionales un importante papel para luchar contra la corrupción y garantizar la compatibilidad de los compromisos internacionales con su legislación interna para poder garantizar la seguridad jurídica indispensable, completada por enfoques no normativos. Asimismo, mejorar la normativa anticorrupción y simplificarla. Estos cambios son necesarios y sería ilusorio intentar oponerse a ellos. Es necesario, pues un equilibrio entre todos estos elementos al mismo tiempo que se aplica el principio de "legislar mejor". Gracias.
Nota
Señor presidente, quiero creer en la buena fe y dedicación —y ciertamente creo en su propia buena fe, que quede claro— de su mandato presidencial. Hablo de buena fe, como persona que cree en la unidad del país y que está convencida de que la misión de su presidencia es impulsar unas políticas morales que no intenten imponer a ninguno soluciones a cuestiones respecto a las cuales nosotros mismos estamos divididos y que la solución a esta situación está en el diálogo. Hemos votado por usted y lo seguiremos apoyando en su avance por este camino. Puede estar segura de que seguiremos apoyando todas sus iniciativas, que permita seguir avanzando en este tema y los problemas actuales, y a la vez observaremos muy atentamente la forma en la que cumplen con sus responsabilidades como presidente.
