En días pasados el Congreso de la República aprobó la ley de amnistía que el gobierno calificó como “histórica" para la construcción de una “paz estable y duradera”.
Si bien es cierto que la ley en la letra excluye de sus beneficios a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales y tortura, en la práctica estos delitos terminaran siendo amnistiables, bajo la tergiversada figura de la conexidad política.
Como es usual, después de leer mi texto responda a su propio juicio: ¿Si considera que los delitos de lesa humanidad de las Farc quedarán impunes al terminar la implementación del Acuerdo de la Habana?
Los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma tienen las siguientes características:
i) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático
ii) estar dirigidos contra miembros de la población civil
iii) ser cometidos por uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso
Entre los peores crímenes de las Farc, como vallecaucana, debo destacar el secuestro y asesinato de los 11 diputados de la Asamblea del Valle, que después de 5 años de estar presos, con cadenas y candados en el cuello, fueron asesinados sin razón alguna.
El artículo 23 de la ley de amnistía establece como criterio determinante para amnistiar un delito, su conexidad a un delito político como lo es la rebelión: “aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado”.
Bien podrían las Farc argumentar que la retención de rehenes, como ahora el gobierno llama al secuestro, fue en desarrollo de la rebelión y con ocasión del conflicto armado, convirtiéndose el secuestro en un delito político conexo susceptible de amnistía.
Lo mismo ocurrirá con la masacre de Bojayá, ataque de las Farc a la población civil, con cilindros bombas y pipetas; este grupo terrorista voló la iglesia del pueblo con niños, mujeres y hombres no combatientes en su interior.
El secuestro, agravado con la degradación de la condición humana al someter al preso al uso de cadena y candados, sumado al asesinato y masacre de inocentes, constituye sin duda delitos de lesa humanidad irrefutables a todas luces.
La Fiscalía calcula que hay cerca de dos mil acciones que encajan en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La violación a mujeres civiles, sumado al reclutamiento de menores, las desapariciones, el uso de minas antipersonales y abortos forzados dentro de las filas de las Farc, es otro capítulo de delitos de lesa humanidad que terminarán en la impunidad.
El máximo responsable de delitos de lesa humanidad, en palabras de la Corte Constitucional, es aquella persona que tiene un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que haya: “dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos. Dentro de este concepto se deben incluir entonces, no solamente líderes que hayan ordenado la comisión del delito, sino también conductas a través de las cuales este se haya financiado como el narcotráfico.”
Sin embargo, el narcotráfico en los términos del acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc es un delito susceptible de amnistía y con prohibición de extradición.
Volviendo a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, los cabecillas de las Farc como Timochenko, Iván Marquez, Pastor Alape, que en la lógica del terrorismo tuvieron un rol esencial en las Farc para la comisión de cada delito, teniendo responsabilidad en la totalidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc, deberían ser juzgados sin derecho a amnistía.
¿Hoy donde están estos cabecillas? En la calle. Es fácil imaginar el futuro: los responsables de delitos de lesa humanidad sí tendrán el privilegio de amnistía y estos delitos atroces quedarán en la impunidad.
En un marco jurídico para la paz, la amnistía debería ser parcial y no total. Equiparar el derecho de la paz con los beneficios a los victimarios, que dejan de lado la justicia y verdad para las víctimas y garantías de no repetición, constituye una violación al derecho internacional humanitario por parte del Estado.
Juan Manuel Santos ya casi abandona la Casa de Nariño y las infracciones cometidas en su gobierno caerán en cabeza del Estado Colombiano. El 2018 se convierte en la esperanza de corregir los errores y buscar la construcción de una paz estable y duradera.
Que no nos engañen con la letra de la ambigüedad de ley de amnistía, que excluye delitos de lesa humanidad, pero que permite convertirlos en delitos políticos, como conexos. Si estoy equivocada, que el tiempo les de la razón, con la mejor prueba, los cabecillas de las Farc en la cárcel.
No olviden que de acuerdo a los principios de Joinet “no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia”.
