Era el año de 1986, yo tenía 13 años y ya era una lectora voraz. Leía todo lo que se atravesaba por mis manos: los libros del colegio, las revistas Selecciones del Reader's Digest (que compraba mensualmente mi papá), los libros de mi hermano (cuatro años mayor que yo) y por supuesto, los libros que iba sacando en préstamo de la biblioteca del colegio. Mi único tesoro era el libro de Cosmos de Carl Sagan que me habían comprado luego de insistir por meses.
La verdad, además del par de enciclopedias con las que solía estudiar, no había muchos libros en casa. Así que me sorprendió un día ver a mi papá llegar con un libro nuevo: Los pecados de Inés de Hinojosa. Próspero Morales Padilla era cliente regular de la cigarrería de la que era dueño mi padre y por alguna razón, de la cual nunca me enteré, le regaló un ejemplar autografiado de su novela.
Un libro nuevo era una tentación así que después de que lo dejó mi papá, sin pedir permiso lo tomé para leerlo. Cuando me descubrió me lo quitó de las manos, me prohibió leerlo por que no era para mi edad y se lo regaló a una prima. Nunca más volví a ver ese libro.
Recuerdo la frustración que sentí ante ese acto de inesperada represión. Muchas preguntas pasaron por mi cabeza. ¿Qué es lo que no debía leer? ¿Por qué mi papá pensaba que no debía leerlo? ¿Por qué desterrar el libro de la casa? ¿Debía entonces pedir permiso para volver a leer algo? ¿Iba a suceder eso con otros libros? ¿Controlaría mi papá de ahí en adelante mis lecturas? Afortunadamente nunca se repitió el suceso, pero la angustia de ese día es algo inolvidable.
Vuelvo a este episodio de mi niñez luego que la semana pasada aprobaran una ley para que los ciegos colombianos puedan leer utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El tema de fondo de esta ley es tan sencillo como transparente: permitir a la población de personas ciegas y con baja visión el acceso a las TIC y con ello darles la posibilidad de leer en un formato accesible. El proyecto incluye lo que en derecho de autor llaman "una excepción" el permiso para que sea legal transformar el formato de los libros para volverlos accesibles para ellos. Para cualquiera que lo vea como un problema de derechos esa excepción no es más que la garantía que debe ofrecer el Estado para salvaguardar sus derechos al acceso a la información, educación, cultura, y un largo etcétera de derechos que por años no han podido ejercer.
La ley, una vez firmada por el presidente, asignará recursos públicos para proveer el software lector de pantalla a los beneficiarios con el fin de que puedan “leer” textos escaneados. Inicialmente se garantizaba este acceso a las personas ciegas y con baja visión directamente. Sin embargo, el texto aprobado permite el acceso al conocimiento, información y cultura solo a través de unas aún muy ambiguas instituciones autorizadas.
Para todos, este es un proyecto de intenciones nobles que pasó sin mayores modificaciones los tres primeros debates del Congreso, pero que durante el último, en la instancia final, justo antes de ser votado en la plenaria de la Cámara de Representantes y de forma apresurada, dos congresistas: Oscar de Jesús Marin Marín y Diego Alberto Naranjo Escobar, con el apoyo del ponente del proyecto en la Cámara John Jairo Roldán Avendaño, introdujeron una proposición para cambiar un artículo e introducir la figura del "tercero de confianza".
Esta nueva propuesta fue aprobada en cuestión de minutos sin considerar el pronunciamiento de Dean Lermen, representante de varias organizaciones de personas ciegas. La propuesta invocó como justificación el fantasma de la piratería. Claramente su función era poner de nuevo trabas al acceso y privilegiar el punto de vista de las empresas editoriales que nunca han mostrado interés en permitir o alentar este tipo de normas. Todo apunta a que la propuesta del tercero de confianza fue impulsada por el lobby de la Cámara Colombiana del Libro.
Por tercero de confianza se entiende una institución que tiene el aval del Estado (su confianza) para hacer accesible una obra. Es una figura que el lobby internacional de las editoriales ha impulsado con el supuesto fin de evitar la piratería. El autorizado es quien puede hacer accesibles las obras filtrando y controlando las elegidas que no serán todas ya que incluso obrando de buena fe, las instituciones tienen recursos limitados y por tanto terminarán haciendo una selección. De esta forma, el resultado de esta ley es sacrificar la autonomía de esta población en el acceso al conocimiento y la información para proteger a los titulares del derecho de autor.
Para mí el acceso a la información y al conocimiento no debe depender de nadie. El Estado debería garantizar que todos podamos leer lo que queramos. Ahora bien, en esta situación concreta y reconociendo la situación de vulnerabilidad de la personas ciegas y con baja visión el Estado debe garantizar con más razón el ejercicio de sus derechos fundamentales (como el acceso a la información, la educación, la cultura y un largo etcétera) y en esa misma línea darles las herramientas para que ese acceso se dé en igualdad de condiciones, como lo que hace cualquiera que pueda ver. Esa garantía que otros llamarán tímidamente una excepción, no solo debe ser a favor de ellos sino incluso de quienes pueden facilitar ese acceso: las bibliotecas, colegios, universidades y otras instituciones similares. Las cifras así lo exigen: más del 80% de esta población vive en la pobreza y solo el 2% accede a Internet.
Para mí el tercero de confianza es la figura de mi papá arrebatándome el libro de las manos, prohibiéndome su lectura y desterrándolo por siempre de mi casa. Claro, reconozco que él tenía la autoridad para hacerlo, que yo era muy joven para leer las aventuras de Inés durante la época de la Colonia, pero también hay una gran diferencia. Un par de años más tarde mi padre me dejó leer lo que quisiera, nunca más interfirió aunque no le gustaran mis lecturas y nunca coincidiéramos en nuestra selección de autores y géneros. Desde entonces, yo mantengo mi autonomía para escoger qué leer y cuándo leerlo. En el caso de los ciegos, se debe propiciar una norma que les dé esa autonomía e incluso complementarla con un guiño para que entidades que les pueden facilitar la vida también lo hagan. Creer que la solución es que ellos son menores de edad que van a estar sujetos siempre a la tutela de otro es algo que a todos nos debería indignar.
Sinceramente, espero que llegue el día en que las personas ciegas puedan tener la misma autonomía que yo para leer. El día que no tengan que pedir permiso. El día que tengan la libertad de escoger y no tengan que esperar a que alguien decida por ellos. Este proyecto de ley pasa ahora a un proceso de conciliación y por el bien de todos, siguiendo ese precepto de brindar igualdad de oportunidades a todos y todas, y puestos a escoger espero que el texto final prefiera la versión del Senado que da autonomía a los ciegos. Espero que se rechace la figura del tercero de confianza que incluyó la Cámara. Incluso me pregunto si durante la conciliación se pueda agregar la versión de Cámara a la de Senado, así los ciegos son autónomos y el gobierno también puede autorizar entidades que les apoyen. En suma, espero que los ciegos de una vez por todas puedan ser autónomos e independientes en su lectura pero si necesitan apoyo que existan entidades que les ayuden legalmente.
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