Tres décadas después de constituida, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A parece volver al punto inicial en el que la mayoría accionaria era de naturaleza pública, pero después de haber sufrido cuantiosos despojos que han representado miles de millones de pesos de pérdidas para el distrito y los usuarios. El primer despojo fue en 1996, bien detallado por el economista y periodista Jorge Vergara Carbó en sus columnas, cuando el alcalde de la época se dejó seducir por Aguas de Barcelona AGBAR y por élites barranquilleras para variar la composición accionaria del distrito de Barranquilla, que poseía el 85%, y dejar la mayoría en manos privadas de Inassa.
En el año 2000 se retiró AGBAR y aterrizó el Canal de Isabel II de la municipalidad de Madrid, España, cuyos delegados utilizaron mecanismos especulativos en Panamá y resultaron defraudando a la misma casa matriz española. Más de diez encumbrados personajes ibéricos fueron detenidos por corrupción y defraudación pública y serán juzgados el próximo 24 de mayo por la Justicia de ese país. En este mismo proceso, Edmundo Rodríguez Sobrino, flamante expresidente de Inassa, confesó ante la Fiscalía española que un contrato de “asistencia técnica” por el que TripleA tenía que pagar a Inassa, a sus propios dueños y por asesorarse a sí mismo, 4,5% del recaudo bruto mensual, era ficticio: “Ese contrato no existió, se cobraba para pagar menos impuestos”. Fueron más de 80 millones de dólares que se esfumaron durante 18 años, hasta que en octubre de 2018 la Fiscalía de Colombia, con las pruebas al canto, embargó y secuestró con fines de extinción de dominio el 82,16% de las acciones de Inassa. Hay muchos otros despojos, como el confesado por el exgerente de Triple A, Ramón Navarro, por cerca de $30.000 millones de pesos, por lo cual está pagando pena de más de 15 años.
En diciembre de 2021, Iván Duque hizo una transacción con Alumbrado Público de Barranquilla –llamada ahora K-yena y en la cual el distrito tiene el 65% de acciones y dos inversionistas privados el resto– utilizando el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014 de Extinción de Dominio. En esa forma el distrito de Barranquilla quedó con más del 70% de las acciones, porque uno de los empresarios le cedió sus acciones, y un potentado del interior del país con el 23%, después de haber pagado el 50% del avalúo hecho por la firma especializada Deloitte de la Concesión de TripleA por $565.000 millones. Con este contrato, que goza de presunción de legalidad porque no ha sido declarado ilegal por ninguna autoridad judicial, el distrito recuperó una mayoría accionaria en esta empresa estratégica. En un comunicado público, la Liga Nacional de Usuarios sugirió que el empresario privado debería transar con los 14 municipios del Atlántico la propiedad del 23% accionario y así constituirse TripleA en una poderosa empresa pública de los atlanticenses para beneficio de toda su población.
La transacción entre el gobierno anterior y Alumbrado Público de Barranquilla adolecía de una delicada falencia: que una parte importante quedaba en manos privadas. Se recordaba lo que pasó en 1996, cuando el distrito perdió su mayoría accionaria. Aun así, la transacción tenía dos virtudes: 1) que el distrito de Barranquilla recuperó la mayoría accionaria, más del 70%, y el resto de la deuda se pagaría con utilidades futuras de la empresa; y 2) que si por algún motivo los españoles de Inassa le ganaban el pleito a la Fiscalía y recuperaban el control accionario, la SAE, que custodia dichas acciones con fines de extinción de dominio, no tendría que devolverles la empresa TripleA sino el valor que se había pagado por la concesión, en virtud del parágrafo tercero de la Ley 1708 de 2014: “En el evento de una orden judicial de devolución del bien, el Administrador del FRISCO restituirá a la(s) persona(s) que indique la decisión judicial el valor del bien con que fue transferido al patrimonio autónomo más los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos al FRISCO a la fecha de devolución”.
Teniendo en cuenta lo anterior, había preocupación por la actitud del gobierno nacional y la SAE de pretender desconocer el acuerdo con el gobierno anterior y tener que devolverles la empresa a los españoles en caso de éstos ganar el proceso que les sigue la Fiscalía. La situación se resolvió, porque el 17 de febrero se conoció que la SAE y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, acordaron mantener vigente el acuerdo con el gobierno anterior, haciéndole un importante cambio: que la participación pública en la TripleA debe ser mínimo del 90%, es decir, que el empresario del interior transe su paquete accionario con otra empresa estatal, que podría ser EPM de Medellín, que según el alcalde de Barranquilla ya tiene un memorando de entendimiento con la empresa emblemática de los paisas. Aunque, en opinión de la Liga de Usuarios, mejor que fueran las alcaldías de 14 municipios del Atlántico los que obtengan estas acciones de la “joya de la corona” de los atlanticenses.
Son lecciones importantes en nuestro trasegar para no volver a perder la propiedad de esta empresa fundamental, ni permitir que vuelvan a suceder los infames despojos que tanto daño causaron. Es necesaria una vigilancia permanente, no solo de las autoridades, sino de la comunidad a través de sus organizaciones que se han venido destacando en la defensa del patrimonio público.
