La protesta social ha sido por años una expresión democrática, un espacio de expresión y reflexión donde los diferentes actores sociales llevan sus molestias, necesidades y reclamos a las calles. Las marchas dirigidas por Martin Luther King Jr. en defensa de los derechos civiles para la comunidad afroamericana, los primeros grupos sindicales que lograron condiciones dignas de trabajo, la Primavera Árabe, entre otros, son espejos históricos de grandes logros obtenidos por aquellos que se alzaron en defensa de sus causas.
Bueno, Colombia no ha sido un país ajeno a los cambios que llegan fruto de la protesta social. Durante la semana que pasó fuimos testigos de una importante jornada de marchas de todo el sector educativo. Gritos, arengas, carteles, trinos y cadenas en WhatsApp animaron el mensaje de una nueva generación de estudiantes universitarios, muchos de ellos aún en etapa escolar cuando el país vivió el último gran paro estudiantil en 2011. Por aquel entonces el ahora expresidente Santos se vio obligado retirar el proyecto de la ley con las modificaciones de la Ley 30 que, según el gobierno de entonces, eran la salida a la crisis.
Aquella reforma procuró garantizar la entrega de mayores recursos de acuerdo a la calidad de los programas, el nivel de producción científica y nivel de formación de sus docentes, convirtiendo los recursos de la educación superior en una especie de recompensa por el buen desempeño de la institución, excluyendo a aquellas que necesitan de los mismos para garantizar una prestación óptima de sus servicios. Han transcurrido 7 años desde ese paro, y mucha agua ha corrido por debajo del puente. Para analizar el contexto, que nos lleva a las nuevas protestas, debemos hacer un repaso de las cifras que retratan la actual situación por la que atraviesa la educación.
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) estima que la tasa de cobertura en educación superior es del 48,9% para el 2015, frente a un 23,7% que registró en 2002. Digamos que para el 2019 estaremos llegando a un 50%, si los compromisos adquiridos por el señor ministro de Hacienda de garantizar mayores recursos al sector dan los resultados esperados. Esto quiere decir que de 100 bachilleres que desean estudiar, apenas 50 encontrarán un cupo en el sistema.
Actualmente existen 82 universidades (31 oficiales, 50 privadas y 1 de régimen especial), cifra que se complementa con las 205 instituciones o escuelas de formación técnica y tecnológica, y sumando una que otra institución que alcanza el reconocimiento del Ministerio de Educación, la cifra puede estar rondando las 347 IES (Instituciones de Educación Superior). 115 de ellas ubicadas solo en Bogotá, 52 en Antioquia, 39 en el Valle del Cauca, 18 en Santander y 17 en Atlántico, para un total de 241, equivalente a un 69,4% de la oferta.
¿Qué podemos concluir con este primer diagnóstico? Que en efecto es la cobertura uno de los principales problemas que padece el sistema. Departamentos como Boyacá, Caldas, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre y Tolima cuentan con menos de diez (10) IES, y otros departamentos como Amazonas, Arauca, Caquetá y Casanare con apenas un (1) IES.
En cuanto a la oferta de programas de Maestría, el SNIES registra 1.465 diferentes alternativas de estudio, en las cuales 21.224 estudiantes se han matriculado en 2015. En materia de Doctorado, las entidades oficiales presentan 141 programas en entidades oficiales (59,7%) y 95 en instituciones privadas (40,3%), en los cuales se inscribieron 1.185 aspirantes a doctorado en 2015. Es poco el volumen de científicos e investigadores que estamos formando en nuestro país, si consideramos el número de bachilleres que ingresan a la educación superior, y que los más brillantes buscan aplicar a programas de calidad en otros países.
Si seguimos avanzando en el análisis, llegaremos a una misma conclusión: el sistema educativo en general necesita más recursos, si en verdad queremos una oferta del 100%, y alcanzar estándares de calidad, necesitamos un mayor esfuerzo presupuestal por parte del gobierno nacional. Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), para ponerse al día la deuda con la educación superior se necesitan 15 billones de pesos. En el presupuesto de 2019 la educación lidera con 41,4 billones de pesos, sin embargo, eso no significa que más recursos lleguen a las universidades públicas, estas apenas reciben el 10,6% del total (4,4 de los 41,4 billones de pesos), pues el grueso de la plata se queda en la educación básica y media y cerca de 10 billones, en pagar las pensiones de los profesores de colegios y universidades.
El presidente Iván Duque, sensible al clamor de la opinión pública y el eco político que producen las marchas, en una reciente intervención garantizó el giro de un billón de pesos adicionales al sistema de educación, provenientes del presupuesto bianual del Sistema General de Regalías, con esto, educación se consolida como el sector que mayores recursos recibirá del gobierno, aumentando igualmente los recursos para inversión de 1,9 billones a 4 billones. Al parecer las marchas sí han dado resultado.
Más allá de este contexto en que se desarrollan las marchas, vamos a reflexionar en sus soluciones, y es que los jóvenes de universidades públicas y privadas, profesores e incluso padres de familia, exigen soluciones, sea quien sea el responsable de la cartera y el presidente que nos gobierne.
Primero, falta de recursos es innegable, y el llamado al Ministerio de Hacienda para garantizar las asignaciones en el presupuesto del 2019 no se hizo esperar, sin embargo, es necesario reestructurar la política pública para garantizar que los recursos sean direccionados eficientemente para mejorar la calidad y cobertura.
Segunda, el sistema educativo debe enfocarse mucho más hacia la investigación. Según estudios de la Cepal, la fórmula I+D (Investigación + Desarrollo) es la llave hacia una economía pujante y una industria moderna y competitiva, y es la Academia el corazón de la ciencia y el conocimiento. Espero que abunden los grupos de estudio y semilleros de investigación entre los jóvenes que marcharon por las calles.
Tercero, de ninguna manera podemos estigmatizar las protestas. Recientemente se divulgó el correo electrónico que envió un profesor de la Universidad de Rosario, calificando como “escoria” a estudiantes del Sena, usuarios de Icetex, estudiantes y profesores de universidades públicas y demás, quienes participan de las manifestaciones. No vamos a tolerar a los vándalos que se infiltran en ellas para causar desorden, rayar paredes y atacar buses de TransMilenio, pero tampoco vamos a estigmatizar a quienes lo promueven y participan de las mismas.
La reflexión sigue. Mi llamado es a seguir trabajando en construir una educación pública universitaria gratuita, científica y de calidad. Menos promotores de la violencia y más jóvenes investigadores. Menos déficit y más universidades con enfoque internacional. Vamos a ver cómo sigue el debate en esta nueva jornada de protestas.
