Desde el inicio de su gobierno, Gustavo Petro ha promovido su polémica propuesta de "Paz Total" como una solución para el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en su afán por impulsar acuerdos con grupos armados al margen de la ley, ha demostrado un preocupante desdén frente a las normas mínimas del Estado de derecho. La reciente declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional sobre la intención de elevar estos acuerdos al bloque de constitucionalidad revela el trasfondo de una estrategia que busca, por encima de la legalidad, beneficios directos para grupos criminales y guerrilleros.
https://www.fedecolombia.org/_files/ugd/b7abd9_c5e18dae868d4074a04b49005ca6510d.pdf
Un plan que viola la Constitución
El fallo del alto tribunal responde a una demanda presentada por Andrés Caro Borrero, presidente de la Fundación para el Estado de derecho, a través de la sentencia C-416 de 2024, en la cual se evaluó la constitucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total. El Señor Andrés Caro cuestionó que la norma eliminada elevaba los acuerdos con actores como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc a la categoría de tratados internacionales, sin la debida intervención del Legislativo. Caro argumentó que esto otorgaba “poderes excesivos a los negociadores” al permitir que los acuerdos humanitarios fueran directamente vinculantes, evadiendo el control democrático.
En esta sentencia, la Corte declaró inexequible una disposición que permitía la incorporación automática de los acuerdos de paz al Derecho Internacional Humanitario (DIH), argumentando que dichos acuerdos tienen una naturaleza política y no constituyen normas del DIH.
La iniciativa de Petro de elevar los acuerdos con grupos armados al bloque de constitucionalidad fue declarada inconstitucional por la Corte, dado que violaba principios básicos como la supremacía de la Constitución y la separación de poderes. De haberse aprobado, esto habría blindado los acuerdos de cualquier modificación futura, quitándole al Congreso su facultad legislativa y otorgando al Ejecutivo un poder desmedido.
Uno de los argumentos centrales de la Corte Constitucional fue que los “acuerdos de paz no pueden ser considerados tratados internacionales, ya que estos son acuerdos políticos internos y no instrumentos normativos con reconocimiento supranacional”. Petro intentó utilizar un atajo jurídico para imponer su agenda, sin los controles democráticos adecuados.
https://www.corteconstitucional.gov.co/
Beneficios que Petro intentó otorgar a los criminales y los actores armados involucrados
La Paz Total de Petro mostró un nivel alarmante de excesos e insensatez, otorgando beneficios desproporcionados a grupos criminales sin exigir contraprestaciones claras ni establecer mecanismos de control efectivos. En su afán por negociar con 23 grupos armados ilegales, el Gobierno propuso amnistías generalizadas, reducción de penas sin distinción de delitos graves y la excarcelación de cabecillas criminales, sin exigirles siquiera un proceso riguroso de justicia transicional. Además, ordenó el cese de operaciones militares contra estos grupos, permitiéndoles consolidar su control territorial en más del 35% del país, poniendo en peligro la soberanía nacional. La falta de supervisión internacional y la ausencia de sanciones reales convirtieron la Paz Total en un cheque en blanco para la impunidad, incentivando a estos grupos a fortalecerse en lugar de desmovilizarse. Este intento de legalizar y validar estructuras delictivas no solo desconoció el orden constitucional, sino que también traicionó a las víctimas, minimizando sus derechos frente a los intereses de los victimarios.
Petro y su desesperación ante el fracaso de su estrategia
La estrategia de Petro no solo ha sido rechazada por la Corte, sino que también ha demostrado ser inefectiva en la práctica. A pesar de sus intentos por negociar con grupos armados, las tasas de violencia no han disminuido y muchas organizaciones ilegales han aprovechado la tregua para fortalecer sus estructuras criminales.
En este contexto, el presidente parece estar desesperado por obtener resultados que le permitan justificar su política. Al enfrentarse a la oposición del Congreso y al fallo de la Corte Constitucional, ha recurrido a discursos agresivos y ha descalificado a las instituciones democráticas, acusándolas de obstaculizar la paz.
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