Recordemos que el Acuerdo de Escazú no es otra cosa que el “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito en la ciudad costarricense de Escazú en septiembre de 2018 por 22 países. El gobierno nacional, presionado por el paro nacional de 2019, lo radicó con mensaje de urgencia ante el Congreso para su ratificación, en julio de 2020.
Sabía Duque que 130 organizaciones de la sociedad civil estaban impulsando este acuerdo y por eso lo presentó con la mano derecha, pero con la izquierda dio instrucciones a su bancada para dilatar el proceso. En últimas, ganó la marrullería y se acabó la legislatura de 2021 sin que se tratara el tema en el Senado, a pesar de ser radicado con “mensaje de urgencia”.
Pero la ley no deja de ser ley porque así lo quiera el Ejecutivo y el Acuerdo de Escazú inició un nuevo proceso en la Comisión Segunda del Senado, donde fue aprobado solo con los votos negativos de los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.
El Acuerdo de Escazú podrá salir adelante en la presente legislatura, salvo que se atraviesen los que no comulgan con lo que piensan sobre el medioambiente y los derechos de las comunidades raizales, tal como lo hacen hoy los 24 países firmantes del acuerdo.
Como lo hizo el Consejo Gremial Nacional que el 27 de abril, horas después de la decisión de Comisión Segunda del Senado, expidió un comunicado donde le solicita “con todo respeto” al Congreso de la República que no ratifique la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
Ese tratado, que establece los protocolos para la protección del medio ambiente y sus defensores en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, no hace falta en nuestro país al decir del Consejo Gremial Nacional.
¿Que tendrá el fondo del Acuerdo de Escazú para que produzca escozor en tanta gente de nuestro país? Recordemos que, del Consejo Gremial Nacional hacen parte la flor y nata del capital colombiano; basta con mencionar a Fedegan, Asobancaria, Fasecolda, Fenalco, Analdex, Acopi, Fedepalma, etc, dueños del gran capital y dueños de la tierra.
No representan los intereses de las comunidades indígenas o afros, no representan a las asociaciones civiles que exigieron al gobierno nacional la aprobación del acuerdo, no representan a los defensores del medio ambiente y no representan a los sectores populares que reclaman reconocimiento de derechos.
El Consejo Gremial Nacional piensa que es mejor tener a la gente sumisa sin herramientas sobre todo en este país de desigualdades; ¿qué es eso de reconocerles derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia? Y en asuntos ambientales menos aún, porque eso aplica a comunidades indígenas que se creen propietarias del medio ambiente y paralizan cualquier desarrollo. Sería como darle herramientas para que detengan el fracking, por ejemplo.
El Acuerdo de Escazú lo impulsan organizaciones mundiales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento CAF, los 24 países que hasta ahora lo han ratificado y quien sabe cuántas organizaciones más, que entienden que el principal objetivo del Acuerdo es garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. No es otra cosa que proteger e impulsar buenas prácticas en temas de democracia ambiental.
Pero el Consejo Gremial piensa que la ratificación del Acuerdo de Escazú es “innecesario y altamente riesgoso” en cuanto a la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo de inversión, el fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de empleo, entre otros aspectos.
Cuando se busca la implementación de buenas prácticas para el reconocimiento de derechos, sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el respeto a la biodiversidad, los del Consejo Gremial creen que se desincentiva la inversión y la generación de empleo. Piensan que lo uno no puede ir con lo otro.
Las buenas prácticas que se buscan ayudarían a implementar los procedimientos de consulta previa que constitucionalmente deben hacerse en el país y que siguen sometidas a procesos disfrazados de legalidad impulsados por empresas extractoras en contra de comunidades indígenas, o raizales en general, que habitan los territorios que se quieran intervenir.
Allí es donde se entiende lo importante que será para el Departamento de La Guajira la ratificación del Acuerdo de Escazú, dado el futuro que se nos viene encima con los proyectos de energía alternativa que se desarrollarán, quiérase o no, en territorio ancestral wayuu.
