El Presupuesto General de la Nación (PGN) y la ley de financiamiento son temas centrales en la discusión actual de Colombia. Considero que la discusión no es técnica, ni económica, ni jurídica, sino una discusión política. Y lo digo porque el gobierno está haciendo lo que corresponde, apegado al texto constitucional del artículo 347.
En tal sentido, el gobierno tiene la obligación de presentar el proyecto de presupuesto incluyendo “todos” los gastos que pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva, y si los ingresos calculados no son suficientes para atender los gastos proyectados, entonces debe proponer, por separado, otro proyecto de ley con la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el total de gastos. Además, el presupuesto se puede aprobar sin incluir los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente. Y eso es lo que el gobierno está haciendo.
El PGN para 2025 está calculado en $523 billones para gastos y $511 billones en ingresos, por lo cual hay un proyecto de ley de financiamiento de $12 billones que ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de estas cifras y su impacto en la economía nacional.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho que el país dejó de recaudar $12 billones en el primer semestre planteando dudas sobre las proyecciones fiscales.
Para 2024, el PGN fue de $503,2 billones, lo que representa un incremento del 1,5% para 2025. Sin embargo, se destaca una reducción significativa en los recursos destinados a inversión, que bajarán un 17,4%, mientras que el servicio a la deuda aumentará casi un 20%. El Gobierno ha priorizado sectores como Transporte, Igualdad y Educación en términos de inversión, aunque todos han sufrido recortes respecto a 2024. Las reducciones más drásticas se observan en Recreación y Deporte, Agricultura e Inclusión Social. Pero inexplicablemente el presupuesto de la Junta Central de Contadores se duplica y el de Función Pública se cuadruplica. ¿Quién explica?
Fedesarrollo sugiere recortar el PGN en $26,6 billones para cumplir con la regla fiscal y critica la ley de financiamiento o nueva reforma tributaria, por su potencial impacto negativo en una economía ya debilitada.
La propuesta del Ejecutivo incluye medidas como reducir gradualmente el impuesto de renta para empresas del 35% al 30% entre 2025 y 2030. Sin embargo, sectores como el carbón y el petróleo se enfrentarán a una sobretasa del 15% si sus ingresos superan ciertos umbrales; y se propone aumentar el IVA para vehículos híbridos del 5% al 19% además de ajustar el impuesto al patrimonio que la Corte Constitucional está estudiando su exequibilidad.
Hasta ahora, el trámite va en que el Congreso no aprobó el monto del presupuesto y antes del 25 de septiembre tiene que ser aprobado el primer debate, pero la falta de consenso refleja tensiones políticas y económicas significativas. Si el presupuesto no es aprobado antes del 20 de octubre, el Gobierno lo tendrá que adoptar por decreto. La dictadura fiscal.
La situación actual pone en evidencia la complejidad de gestionar las finanzas públicas en un entorno económico incierto y subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre las necesidades fiscales y las capacidades económicas del país. Además, resalta la necesidad urgente de mejorar la eficiencia en el gasto público y garantizar que las inversiones sean estratégicas para fomentar el crecimiento económico sostenible.
Este debate sobre el PGN y la ley de financiamiento no solo es una cuestión técnica, económica o jurídica; es también un reflejo del tipo de país que se desea construir. Las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones a largo plazo en términos de desarrollo social y económico. Por lo tanto, es crucial que tanto el Gobierno como el Congreso trabajen juntos para encontrar soluciones que no solo sean fiscalmente responsables sino también socialmente justas.
El PGN y la ley de financiamiento son más que simples números; son una declaración sobre las prioridades nacionales y una oportunidad para redefinir el rumbo económico del país hacia un futuro más equitativo y sostenible, teniendo en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo.
