Dimar Torres fue asesinado el 22 de abril de 2019 en el municipio de Convención (Norte de Santander). En su momento las primeras versiones entregadas por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, indicaron que la muertes del excombatiente de las Farc se había presentado por un forcejeo entre él y el cabo segundo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez, quien disparó. El cuerpo de Dimar fue encontrado por la comunidad con señales de tortura y mutilación.
En la tarde de este martes, luego del juicio disciplinario que adelantó la Procuraduría contra los militares que participaron y tuvieron que ver en el homicidio del exinsurgente, fue destituido e inhabilitado por 20 años el entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita. Según el ministerio público el alto oficial fue determinador, provocador e instigador de la muerte de Dimar Torres Arévalo.
Así mismo destituyó e inhabilitó por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, por ser el autor material del crimen. Los soldados profesionales Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, a 12 años por ser cómplices del crimen.
La Procuraduría logró demostrar que el teniente coronel Jorge Armando Pérez, dio órdenes a sus soldados para identificar al presunto responsable de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja García, ocurrido diez días antes, al pisar un campo minado. La orden del alto militar, según las investigaciones, no fue judicializarlo, sino asesinarlo y así vengar la muerte del militar.
Para la Procuraduría Dimar Torres no era parte de comflicto armado, ya que después de su reinserción era un civil. También aseguró el ministerio que Torres era un hombre protegido por el Derecho Internacional Humanitario y que al matarlo sin justificaciones los militares violaron este marco jurídico internacional.
El cabo segundo Gómez Robledo, según el ente de control, fue quien retuvo, requisó y asesinó al excombatiente con el fusil de dotación. Los demás soldados sancionados por la Procuraduría lo ayudaron para ocultar el cadáver, las pruebas en el lugar y la moto en la que se movilizaba Dimar Torres.
Para la Procuraduría la falta de los militares está catalogada como gravísima a título de dolo.
