Camila Vollenweider, máster en sociología y Silvina Romano, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA), ambas argentinas, vienen trabajando sobre el lawfare, un tema que debe abordar seriamente la izquierda, para hacerle frente a este nuevo sistema de gestión política que, de no abordarse, permitirá que se imponga frenéticamente el neoliberalismo globalizado, frenando toda posibilidad de éxito al cambio que requiere la América Latina. Hay que modificar los métodos de lucha, como lo ha hecho la derecha. Seguir copiando las tácticas de lucha de la vieja política conduce necesariamente al fracaso.
Vollenweider y Romano definen el lawfare como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”[1].
Las investigadoras nos recuerdan que la política es —si parodiamos a Clausewitz— “la guerra por otros medios”. No en vano Jorge Eliécer Gaitán, al conformar su movimiento político, lo realizó con estructura militar. Los comités o células políticas, que tradicionalmente componían los movimientos y partidos políticos, los llamó “legiones” y los configuró como tal, algo así como “la compañía” de los jesuitas. La disciplina y formación cultural (no solo ideológica sino emocional) fue fundamento indiscutible de los comandos gaitanistas.
No es de extrañar, entonces, que Vollenweider y Romano continúen diciendo que el término lawfare “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”[2] y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School[3]. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina[4] y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción[5].
Si alguien, al leer esto, ha pensado en Santrich no es pura coincidencia. El exfiscal general, la prensa, el jefe del Estado a órdenes de los Estados Unidos y una opinión pública convencida de lo que les dicen, ilustra perfectamente un clásico caso de lawfare.
Es lo que el establecimiento neoliberal hace con los líderes que representan un peligro como posibles dirigentes de un movimiento alternativo. Pero también lo aplican para destruir el legado ideológico de los próceres que, a pesar de estar muertos —muchas veces asesinados— representan una amenaza al continuismo oligárquico.
Es el caso de Jorge Eliécer Gaitán. No es una casualidad que a una organización delictiva, como lo es el Clan del Golfo, le hayan dado el calificativo de gaitanistas y que la prensa, en lugar de llamarlos por su nombre raizal, como lo hace el indiscutible experto en el tema, Ariel Ávila, que siempre se refiere a ellos como el Clan del Golfo, los medios de comunicación los señalan con el tortuoso y malintencionado apodo que busca denostar el pensamiento gaitanista.
Ávila jamás se refiere a ellos como autodefensas gaitanistas, porque sabe que es una forma soterrada y abyecta de atentar contra la imagen de Jorge Eliécer Gaitán, socavando su legado en la mente de las nuevas generaciones y cometiendo epistemicidio, como lo hacen ciertos académicos con el patrimonio científico que nos legó el líder popular, cuyos paradigmas teóricos y estratégicos son de inmenso valor para la liberación de los colombianos.
No hay duda que es una injuria el que un grupo criminal como el Clan del Golfo se apellide heréticamente gaitanistas y que la prensa le haga eco a ese calificativo injurioso en cabeza de una pandilla de asesinos de líderes populares. Nuestro Código Penal, en su artículo 222 sobre Injuria y calumnia indirectas señala clara y explícitamente que “a las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiera injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o las expresiones “se dice, “se asegura” u otra semejante”. Pero la prensa, cuyos dueños son los cacaos, se burlan de la ley. Vamos a ver hasta cuándo.
Esto es memoricidio, crimen que más temprano que tarde será reconocido en la jurisprudencia internacional como delito de lesa humanidad, porque es la desaparición del patrimonio inmaterial de los pueblos, raíces que anclan al pasado el presente. Como se dice en Francia: “todo pasa, menos el pasado” y yo añado, siempre y cuando no tengamos forjadores de opinión memoricidas.
A decir verdad, el memoricidio no es una técnica nueva. Desde la colonia española la aplicaron contra José Antonio Galán, el Comunero. En su sentencia de muerte se lee que será “declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre...". En forma idéntica el gobierno, desde 2005 hasta hoy, viene haciéndolo con la familia Gaitán, asolando su casa para dar al olvido “su infame nombre”.
También el establecimiento ha cometido epistemicidio para acabar con un “sitio de memoria”, como es el monumento cultual El Exploratorio que, a manera de parque temático, fue concebido para continuar la tarea de Gaitán de forjar una cultura ciudadana mandataria, para sustituir la actual que es delegataria. Decidieron cambiarle de objetivo y darle el insulso nombre de Jorge Eliécer Gaitán, que en nada responde al rescate de su ideología. Pero como con ello violaban la Ley 9 de 1989, se han visto obligados a dejar la obra que se deteriore y se derrumbe.
Para poner los pies en la tierra, bien vale la pena escuchar el programa La Pizarra, dedicado al Lawfare. Se los recomiendo vivamente
[1] Lawfare. La judicialización de la política en América Latina
[2] Offensive Lawfare and the Current Conflict
[3] About Lawfare: A Brief History of the Term and the Site
[4] Pásara, Luis (2012) “International support for justice reform in Latin America: worthwhile or worthless?”
[5] Anti-corruption enforcement in Latin America
