Como a la fecha el nuevo presidente de EE. UU. Joe Biden no ha llamado a Iván Duque ni se ha programado reunión bilateral alguna, parece que en la Cancillería colombiana –y en la Fiscalía- no se han enterado de que Trump ya no está en la Casa Blanca, y que su política exterior no sigue en ejecución. Duque continúa enceguecido con la persecución política a Cuba y en aupar el plan de desestabilización en Nuestra América contra los procesos políticos que no se alineen con la derecha continental. La intervención directa en las elecciones ecuatorianas, violatoria de la soberanía del vecino país es su más bochornoso episodio.
La década anterior a la Revolución Ciudadana dirigida por Rafael Correa, Ecuador tuvo 7 presidentes distintos, ninguno de los cuales gobernó un mandato constitucional completo. Las transformaciones políticas, sociales y económicas, le dieron no solo una nueva constitución y estabilidad política a la hermana república, si no altos índices de crecimiento y desarrollo económico, que se fueron al traste con la caótica administración del pérfido Lenin Moreno (2017-2021) que acordó un paquetazo neoliberal con el FMI a cambio de empréstitos por más de 10.200 millones de dólares.
En medio del retorno de altos índices de pobreza y desigualdad, agravados por el terrible manejo de la pandemia, hubo negocios prósperos bajo la administración de Moreno. El sector financiero ha vivido años dorados a costa de los bolsillos de las y los ecuatorianos. La oligopólica banca ecuatoriana, donde 5 bancos controlan el 84% de activos del sistema, tiene una rentabilidad por activo 4 veces superior a los bancos europeos y cobro de comisiones por más de 4 mil millones de dólares. Con más de 2.6 millones de clientes, se destaca el local Banco de Guayaquil, propiedad del magante-candidato presidencial Guillermo Lasso.
Mientas las calles en todo el Guayas se llenaban de muertos, las arcas del Banco de Guayaquil se colmaban de ganancias. Durante los primeros 8 meses de 2020, el ingreso por intereses creció un 26 % respecto a 2019, mientras que los créditos otorgados solo aumentaron 7 %. En el 2019 cuando ya Ecuador estaba en crisis económica, el banco de Lasso obtuvo su récord de ganancias, embolsillándose 128 millones de dólares. Nada mal para una empresa cuyas utilidades en 2016 al cerrarse el gobierno de Correa, eran de 47 millones de dólares. Así que no es exageración decir que Lasso y su banco cogobernaron con Moreno, gobierno durante el cual se triplicaron sus ganancias. Otro “milagro económico” del banquero ecuatoriano, solo comparable a cuando multiplicó 33 veces su fortuna en un año, gracias a la dolarización y el feriado bancario (1999-2000)
Los “milagros económicos” de Lasso y su banco incluyen el escándalo del Banco Banisi en Panamá, y 49 empresas offshore – es decir de papel- suyas y de su entramado familiar en otros paraísos fiscales como las Islas Caimán o el estado de Delaware. Su turbulenta trayectoria en el opaco mundo de la banca latinoamericana lo hace socio indiscutible de sus congéneres colombianos Sarmiento Angulo y Gillinski. En Panamá Papers y Odebrecht se encuentran todos. Socio comercial muy probablemente, pero de seguro socio político y de clase en la apuesta por mantener la ofensiva de derecha contra procesos antineoliberales en la región y seguir garantizándole altas utilidades a la banca a costa de la miseria de millones.
Sarmiento Angulo es el verdadero poder tras el poder de nuestro país. Un pacto con Sarmiento incluye todas sus propiedades en Colombia: empresas, gobernantes, medios e instituciones. Todas las tiene en su bolsillo, porque han sido fletadas por su bolsillo. Incluye también a sus tinterillos venales- con Néstor Humberto Martínez a la cabeza-, su partido de gobierno, y los entes de control a disposición de éste.
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La utilización de las instancias de justicia para liquidar a los oponentes políticos fabricando montajes judiciales, tuvo en la oposición colombiana a su conejillo de Indias
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Este es el contexto obligado para entender como una fake news de un medio propiedad de la banca colombiana, posibilita que un fiscal del partido de gobierno financiado por la banca colombiana, intervenga en las elecciones de Ecuador, buscando descalificar al candidato de izquierda y garantizar el triunfo el candidato de la banca ecuatoriana. Fieles a nuestra lamentable tradición santanderista el aporte de Sarmiento y el gobierno de Duque es la exportación de la denominada lawfare o guerra jurídica, copiosamente aplicada por el régimen de Moreno en Ecuador al judicializar varios funcionarios del gobierno Correa -empezando por el mismo expresidente-, pero de viejo arraigo en Colombia. La utilización de las instancias de justicia para liquidar a los oponentes políticos fabricando montajes judiciales, práctica que hoy forma parte de la ofensiva de la derecha regional en Brasil, Argentina, Bolivia o Ecuador, tuvo en la oposición colombiana a su conejillo de Indias. En mora están la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad,- donde daré mis aportes al respecto en los próximos días- y otras instancias del SIVJRNR en condenar esta política de guerra sucia judicial que no solo continua en nuestro país, si no que ahora se exporta contra Ecuador, Venezuela y Cuba.
Ante el impúdico viaje del Fiscal Barbosa a Quito, luego de la victoria del Arauz en la primera vuelta, exijo que cese la guerra jurídica. Las presuntas pruebas de relación entre el candidato ecuatoriano son de una ridiculez proporcional a la megalomanía de Barbosa, y para ello cito la carta de denuncia del expresidente Samper: “Entre otras falsedades, la información afirma que el candidato Arauz y el ELN habrían tenido contacto a través de la Cumbre Internacional Progresista celebrada el pasado mes de septiembre, desconociendo que el evento fue virtual. Así mismo desconoce que Uriel nunca operó en el área fronteriza con Ecuador. Y se apoya en un supuesto video cuya veracidad fue descartada por un ornitólogo colombiano al encontrar en el mismo sonidos de aves ecuatorianas jamás vistas en las selvas de Colombia, donde supuestamente, se habría grabado el falso vídeo.”
Si el Fiscal Barbosa dice tener pruebas contra el ciudadano ecuatoriano Andrés Arauz que lo relacionen con el ELN debe abrirle proceso en Colombia. Barbosa cuya inepta Fiscalía no ha podido sancionar hechos delictivos tan prominentes como la Ñeñepolítica, el holocausto en Buenaventura o el genocidio contra líderes sociales, está en la obligación de sustentar las supuestas pruebas y demostrar la legalidad de éstas en un juicio observando el debido proceso. Barbosa, quien dice no tener jefes en Colombia -supone uno que Sarmiento Angulo y Néstor Humberto estarán viviendo en Miami-, pese a su delirio ególatra es incapaz de ganar en derecho el caso, por eso acude al show mediático contando con el concurso de dos medios de la banca colombiana, entrelazados con el candidato Lasso y la derecha continental.
Pongo mi tarjeta profesional a disposición para defender al compatriota Andrés Araúz en Colombia y reto al señor Fiscal a iniciar un proceso jurídico con la publicidad debida en nuestro país, si considera que su flagrante injerencia en las elecciones ecuatorianas tiene un atisbo de sustento jurídico y no responde exclusivamente a un mandado político que involucra al presidente de la República y a la banca colombiana.
Que en el Ecuador no se olvide que el establecimiento colombiano que asesinó a Sucre, bombardeó Sucumbíos y los cercó de bases militares norteamericanas, ahora quiere descalificar a Arauz.
