La CEPAL constata que 175 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza por ingresos, de los cuales 75 millones están en situación de indigencia. Y, en particular en Centroamérica, seis de cada diez hogares viven en la pobreza.
Estos indicadores deberían generar iniciativas gubernamentales en los gobiernos de la región que en el presente no parecen efectivas. Iniciativas innovadoras si consideramos que en varios de los países latinoamericanos gobernaron hasta 2015, o gobiernan, partidos autodenominados “progresistas” que supuestamente abordarían este drama como algo prioritario.
No obstante en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, cuatro países iconos del autodenominado socialismo del siglo XXI, la corrupción que ganó a estas administraciones, más la ineficiencia administrativa y el asistencialismo populista se sumaron para impedir un cambio en este cuadro de inequidad.
También en Chile, gobernado por la socialista Michelle Bachelet, el informe ubica carencias: “el 75,8% de los hogares en asentamientos informales en ese país no tienen acceso formal a agua potable y el 91.5% no cuenta con saneamiento adecuado”.
Estados Unidos no escapa a este preocupante escenario, país en el que un 14,8 por ciento de su población, es decir 46.7 millones de personas, se encontraban en situación de pobreza en la medición cepalina de 2015. También Canadá ofrece un 13.5 por ciento de su población, 4.6 millones de personas, viviendo con ingresos bajos.
Pero en términos de desigualdad, América Latina y el Caribe continúa siendo “la más desigual del mundo, con una brecha de desigualdad económica que refuerza las desigualdades sociales y de género a pesar del crecimiento económico observado en la última década”, puede leerse en el informe “Pobreza y derechos humanos” presentado el martes 5 de diciembre pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Citando al PNUD, el informe sostiene que diez de los quince países más desiguales del mundo se encontrarían en América Latina, región en que, según cifras de 2014, el 10 % de la población acaparaba el 71 % de la riqueza.
En el Caribe los países con mayores porcentajes de población pobre son Haití (77 %); Belice (41.3 %); Granada (37.7%), Guyana (36.1%) y Sta. Lucía (28.8%).
Pobreza y democracia. En el informe se recuerda que la Carta Democrática de la OEA, aprobada en Lima en 2001, plantea que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente” y que “la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”.
El informe citado ofrece un impacto diferenciador de la pobreza y concluye que “las mujeres se ven afectados en mayor medida por la pobreza y se encuentran en particular desventaja en el ejercicio tanto de sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales”.
Pero quizás el indicador más grave por sus consecuencias a futuro es el siguiente: “más de 80 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza o pobreza extrema, lo que representa más del 45% de la población debajo de 18 años”.
De acuerdo a cifras de CEPAL y UNICEF, uno de cada cinco niños vive en condiciones de pobreza extrema, lo que equivale a más de 32 millones de la región, siendo los niños indígenas y afrodescendientes mas afectados.
Esta pobreza infantil afecta a países como Canadá, con alto nivel de desarrollo y donde cerca del 14% de los niños “padecen de pobreza relativa” o en EEUU, donde los niños pobres suman más de 16 millones. Países como Argentina, Brasil, Chile, Jamaica, México, Paraguay y Republica Dominicana aportan millones de niños “afectados por desnutrición crónica” cuya cifra global es de 8,8 millones de niños, niñas a y adolescentes en toda la región.
Un título principal de portada de la revista Semana de Colombia en su última edición de diciembre [Nro.1857] dice: “Cada noche en Colombia, uno de cada dos niños se acuesta con hambre”.
Naturalmente que el informe de la CIDH incluye conclusiones y recomendaciones, así como una evaluación de las medidas estatales adoptadas por los diferentes Estados para paliar esta situación de inequidad que se arrastra desde los orígenes latinoamericanos.
El informe sobre Pobreza y derechos humanos insumió dos años de investigación, a partir de 2015 en que CEPAL constató que la pobreza regional había crecido un 4,1% respecto al año anterior, lo que configuraba una “tendencia alarmante” indicativa de que la región está caminando en sentido contrario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015 - 2030) aprobado por Naciones Unidas cuya meta número 1 es erradicar la pobreza.
