En Puerto Colombia Atlántico, en una particular fiesta familiar de cumpleaños, el pasado fin de semana se dieron enfrentamientos y murieron personas en medio de una balacera tremenda. En Cali, semanas atrás circularon vídeos de la forma como un ciudadano respondió a un intento de hurto, disparando y dando muerte al presunto delincuente; ante el desespero por el crecimiento de la ola delincuencial, fueron muchas las voces animando a que se tome la vía de la justicia por cuenta propia. En Bogotá se cuestionó el hecho de que en medio de enfrentamientos callejeros y protestas, la policía dejara en libertad por vía administrativa a personas detenidas por promover y realizar los desórdenes y agredir la fuerza pública. En el aeropuerto internacional El Dorado se detuvo un militar activo llegando de Miami con material para repotenciar armas automáticas, sin los debidos registros de importación y cometiendo posible delito de tráfico de armas. Estos asuntos conmueven el país urbano por estos días y lastimosamente son episódicos y cíclicos en las últimas décadas.
Las noticias de muertes atracos, riñas, venganzas, enfrentamientos, son parte del relato cotidiano de la vida en las ciudades; sin duda, estos asuntos se replican en la demanda pública a las autoridades civiles y de policía para que intervengan con las acciones pertinentes; sin embargo, las respuestas se proveen de formas puntuales y mediáticas, lo cual hace que los picos de violencia vuelvan a manifestarse periódicamente. Así llevamos medio siglo.
Son muchos los factores a tener en cuenta en un análisis reposado; economías ilegales, narcotráfico, despojo, comercio de armas, contubernios políticos, fragmentación social y espacial del hábitat urbano, ausencia de un proyecto integral de la vida en la ciudad, mal manejo de los conflictos y fracaso en las políticas e instituciones de seguridad que en no pocos momentos han sido cooptadas por las lógicas del crimen y la economía ilegal.
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Detener la muerte violenta, el hurto y la agresividad que acecha en cada esquina, es responsabilidad de las autoridades pero también requiere de nuestra capacidad de actuar como comunidades urbanas
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El problema es que ante semejante reto colectivo, más que comunicación y concertación, lo que tenemos es un fenómeno de teléfono roto entre las ciudadanías, los gobiernos locales y la policía: ante cada evento de victimización, la queja y la denuncia ciudadana crece, especialmente porque hoy tenemos mucha posibilidad de difusión de estas situaciones por redes y medios digitales; también crece la presentación gubernamental de estadísticas en forma de promedios y tasas que buscan menguar la tozudez de los hechos vivenciados por la población, con cifras que muestran el avance institucional y la esperanza de resolver el problema. Los gobiernos más avezados incluso suelen usar las cifras para desestimar las preocupaciones ciudadanas y para señalar que en materia de seguridad vamos bien
Mientras eso sucede, el país sigue acumulando datos de victimización y los agentes criminales como los entornos urbanos de violencia se hacen más veloces y complejos, constituyéndose en fenómenos persistentes que hacen difícil la vida en las ciudades. El lío es que esto tiene que ver con nuestras formas de vida personales y colectivas, con nuestras maneras de estar, producir, consumir, movernos, habitar la ciudad; se implica con las mediaciones institucionales y con el Estado que tenemos, tan perfilado para adaptarnos a las violencias, más que para transformarlas. Para comenzar a afrontar estos asuntos de seguridad humana, tenemos la tarea de visualizar los contextos de urbanismo en cada ciudad y región, reconocer las dinámicas de segregación espacial, visualizar las formas de fortalecer lo público, potenciar la ciudadanía, el vinculo cívico y especialmente la capacidad de abordar los conflictos urbanos que agotan a cualquier poblador con un sentido de justicia transicional, restaurativa y dialogada, que pasa por avanzar en desarmar la sociedad, tanto en el sentido de sacar las armas de circulación, como de reeducarnos para la reconciliación y la paz. Tenemos pues el reto de reformar nuestras propias formas de vida y de restablecer el vínculo social e institucional.
Detener la muerte violenta, el hurto y la agresividad que acecha en cada esquina, es la principal responsabilidad de las autoridades públicas, pero también requiere de nuestra capacidad de actuar como comunidades urbanas y ciudadanías. Más allá de la propaganda del burócrata de turno que mide día a día el indicador que más le convenga, necesitamos instalar una nueva conversación urbana renovada, tanto entre autoridades como entre empresas, familias, comunidades, ciudadanías, sobre los factores que nos atan al suelo de las violencias estructurales, criminales, de intolerancia, de exclusión y segmentación territorial, para trascender a respuestas más fraternas y solidarias; solo avanzando en ese sentido podemos superar el teléfono roto y enfrentar un problema que nos quita la vida.
