Uno de los grandes desafíos que debe afrontar la sociedad colombiana en el tránsito de la guerra a la paz es lograr la reparación integral y transformadora de los millones de personas que se vieron afectadas por el conflicto armado. Así mismo, pensar en las víctimas como protagonistas del proceso de construcción de paz y específicamente de la implementación del Acuerdo Final implica en primer lugar, su reconocimiento como sujetos de derechos más allá de la mera consideración como beneficiarios/as de las diferentes medidas propuestas. Este reconocimiento es necesario y clave para la materialización de la premisa que afirma que las víctimas son el centro del Acuerdo.
En consonancia con lo anterior, es fundamental la participación de las víctimas en el debate legislativo para la paz facilitando espacios y mecanismos para que puedan presentar propuestas y recomendaciones frente a las normas en discusión en el Congreso de la República, así como la oportunidad de intervenir en la Corte durante el proceso de control constitucional. De la misma manera, el Gobierno Nacional debe garantizar las condiciones para que las víctimas participen en los diferentes instrumentos que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, particularmente en la Comisión de la Verdad (CEV), en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Condiciones que significan por ejemplo, la plena distinción del rol de la víctima en el proceso judicial, la posibilidad de presentar casos y ser escuchadas sobre su versión de los hechos, el acceso a información, la confidencialidad cuando sea necesario, contar con representación judicial, acompañamiento psicosocial y en general institucional, entre otras garantías materiales.
Las víctimas también reclaman otro asunto transcendental para el restablecimiento de sus derechos: La verdad. Pero, una verdad que realmente sea esclarecedora que dé cuenta de lo ocurrido, de sus responsables y de los daños causados. Una verdad que contemple las particularidades de género, etnia y territorio en el análisis de las causas y consecuencias de los hechos. Una verdad que dignifique la memoria de los miles de muertos y desaparecidos. Una verdad que sirva de base al fortalecimiento de la convivencia en las regiones. Una verdad que respondiendo a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos permita que las víctimas de masivas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el conflicto armado colombiano, sean protegidas y que tales abusos no se vuelvan a repetir.
Por otro lado, cabe mencionar que el país tiene desde hace más de una década programas de reparación a las víctimas del conflicto, pero el acuerdo profundiza el desarrollo de estos con medidas tanto simbólicas como materiales. Es decir, que van desde actos públicos de reconocimiento de las responsabilidades hasta acciones concretas como el desminado, la reconstrucción de pueblos y la entrega de cuerpos. La reparación colectiva se fortalecerá y se enlazará con los programas de desarrollo rural, de restitución y retorno de desplazados. Adicionalmente se fortalecerá la dimensión psicosocial y las FARC se comprometieron a contribuir con la reparación material de las víctimas. Esto es claramente un avance y así ha sido reconocido por diferentes sectores de la sociedad, sin embargo, resulta fundamental:
1. Que las más de dos mil propuestas que fueron realizadas por las víctimas en el marco del proceso denominado “Espacio amplio de participación” que desarrolló la Unidad Víctimas con el apoyo del Ministerio del Interior en respuesta a los establecido en el punto 5.1.3.7 del Acuerdo, sean tenidas en cuenta en el proceso de reforma a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
2. Que dicha reforma contemple cambios en términos institucionales y presupuestales para la mejora en la implementación de la Política Pública de Víctimas, la reglamentación de aspectos como: la reparación colectiva y la reparación de las víctimas que se encuentran en el exterior, y el fortalecimiento de los programas de salud y atención psicosocial, vivienda, empleabilidad y de retornos y reubicaciones.
3. Que se superen las medidas subsidiarias y en cambio se asuma el compromiso de poner en marcha una política social que logre reestablecer los derechos económicos y sociales de las víctimas.
4. Que la pedagogía sobre la justicia transicional sea permanente. Ya que por su novedad no es de fácil asimilación para un país con heridas abiertas y en el que política y justicia se entremezclan constantemente de manera riesgosa.
