El debate de control político impulsado por el senador Marco Anibal Avirama, indígena del Cauca, sobre la implementación del decreto-ley 4633 de 2011 – Víctimas y Restitución de Tierras para Pueblos indígenas, deja un sinsabor para los pueblos originarios de nuestra Colombia. Esto debido a grandes y constantes imprecisiones en las respuestas de la institucionalidad que presenta sus tímidos pasos como grandes avances en la política de atención a las víctimas del país.
No se puede olvidar que el debate tuvo que ser reprogramado por la inasistencia de los ministros, quienes han dejado a un lado el tema y mostraron un real desdén por un tema que es de vital importancia para la paz, aquella verdadera paz que no se firmará en La Habana, sino que se construirá en Colombia con cambios estructurales en la forma cómo viven y vivimos los colombianos. Sin la solidaridad del Congreso que amenazo con un paro legislativo, la presencia de los Ministros y Directores de la Unidad hubiera sido imposible.
Inicia el Ministro del Interior mostrando todos los avances y el compromiso inquebrantable que han tenido con las víctimas del país, y muestra como un elemento de voluntad política el que haya nacido este decreto especifico para pueblos indígenas. Olvida el señor Ministro, que fue ponente de dicho proyecto de ley, que el ejercicio de consulta previa fue un salvavidas que la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas le tiro al gobierno que había olvidado por completo a los pueblos ancestrales del país en la norma. Ante la clara problemática jurídica que se presento por este descuido, juristas de alto nivel buscaron la salida para que la ley no se cayera por falta de consulta previa. Así se incluyo en la misma un artículo que daba facultades extraordinarias al presidente para desarrollar lo que terminaron siendo los decretos para grupos étnicos. Así que no fue un compromiso del gobierno ni respeto por el acuerdo 169 de la OIT, sino la manifestación política de las organizaciones indígenas y su apoyo a las víctimas del país lo que dio viabilidad a la norma.
No deja de sorprender el manejo poco claro y contradictorio de las cifras ofrecidas en el debate de control político en cabeza del ministro de Hacienda y la directora de la Unidad para Atención a las Víctimas. En un ejercicio poco claro y anti-técnico, el ministro de Hacienda presenta tres componentes desagregados para inflar la cifra de inversión en atención a víctimas indígenas. En el debate se presenta como inversión para el decreto 4633 de 2011 $57.393 millones para 2014 y $55.473 millones para 2015. A esto es a lo que llama el componente focalizado de inversión para atención a víctimas de pueblos indígenas.
No cae en cuenta el señor Ministro que de esos recursos focalizados, el 72 % corresponde a los recursos de Incoder, destinados a aplicación, constitución y saneamiento de resguardos. Es decir, son recursos exclusivamente asignado para el objeto misional del Incoder, lo cual no tiene nada que ver con atención a víctimas sino con el ejercicio natural de esta entidad, cuya procesos de constitución tienen un rezago de más de 16 años de acuerdo con la Comisión Nacional de Territorios de Pueblos Indígenas (decreto 1397 de 1996) y con los problemas administrativos que ejemplifica de manera clara el informe de la Contraloría para Asuntos Agrarios sobre este tema. Así se infla la cifra de inversión denominada focalizada sin que realmente esos recursos signifiquen atención a las victimas indígenas.
El segundo componente que informa el Ministro como atención a las víctimas es el rubro de SGP, en especial lo concerniente a salud y educación. Esta partida desde luego no puede hacer parte de la atención a las víctimas, ya que son los recursos con destinación específica y manejados por los entes territoriales, que tienen una naturaleza de atención a toda la población en su derecho que le asiste como colombiano en el marco de la Constitución Nacional. Así visto, estos recursos anti-técnicamente se adicionan para elevar una cifra ya de por si menguada.
Por último se crea la ilusión estadística del componente de recursos no focalizados. Estos, que son el grueso de la cifra presentada en el debate, corresponden a un estimativo matemático basado en el recurso asignado para atención a las victimas ponderado por el porcentaje de población indígena que existe en el registro y el país. Desde luego matemáticamente se puede hacer el ejercicio. Volvemos a los problemas de estadística que presento hace unos meses la Ministra de Educación en su negociación con los maestros. El viejo cuento que dice que si yo me como un pollo, y tú no comes nada, en promedio nos comimos medio pollo vuelve a la argumentación institucional. La situación de indefensión de los pueblos y su realidad material, la imposibilidad de realizar declaraciones colectivas y la íngrima participación en las reparaciones individuales son muestra clara que alguien más se está comiendo los recursos mal ponderados por parte del Ministerio.
Pero como si esto no fuera suficiente, la doctora Paula Gaviria hace la afirmación que desde 2012 se han invertido $100.000 millones de pesos en victimas indígenas. Cifra que en nada concuerda con lo expresado por el Ministro quien afirma que solo para 2014 la cifra asciende a $244.211 millones de pesos. ¿Dónde está el dinero entonces? ¿Acaso la cartera que maneja los recursos del Estado no tiene idea de cuáles son los recursos que se invierten? Que no sepa en que se invierten seria ya grave, pero ¿ni siquiera sabe a cuánto ascienden estos recursos?
Muestra también con orgullo el Ministro de Hacienda que para este año la cifra del presupuesto que se destinará para atención a víctimas será de 9.5 billones pesos. Desde que salió la ley, grandes inversiones se han anunciado a este respecto. Si se hace un promedio de 6 billones de pesos por año, estaríamos hablando de una cifra que ronda los 24 billones desde 2012. A pesar de que los pueblos indígenas dan cuenta de alrededor del 12% de las víctimas del país, la doctora Paula Gaviria afirma que los 100.000 millones de pesos son una cifra importantísima. Pues estos recursos que considera tan altos la doctora son el 0.04% de los recursos invertidos.
El abandono a nuestras comunidades originarias, la falta de cumplimiento a los compromisos pactados, incluso dentro de la normatividad vigente en nuestro país, han servido para re-victimizar, discriminar y seguir acumulando historias y ceros en la ya abultada deuda histórica, que tarde o temprano deberemos pagar como Nación a quienes son la representación viva de nuestra herencia cultural.
@jairooviedo1
