La desfinanciación que anuncia el Plan Nacional de desarrollo (PND) para indemnizar a las víctimas del conflicto armado ha encendido las alarmas tanto de las víctimas como de las organizaciones defensoras de víctimas. El senador Iván Cepeda relata con preocupación que de las 8.794.542 víctimas registradas hasta el 1 de enero de 2019, el gobierno de Iván Duque tiene programado en el PDS reparar solo a 420.000. Por su parte, la representante Juanita Goebertus denuncia que la disminución en cuanto a la reparación es de 282.000 víctimas, en relación con el cuatrienio anterior.
La violación sistemática de los derechos de las víctimas, es decir, la revictimización de quienes hemos tenido que cargar en nuestros hombros una guerra que no es nuestra —una guerra que mayoritariamente continúa perjudicado al campesinado colombiano, a los pueblos indígenas y a las familias de zonas rurales de más bajos recursos— y pagar con el precio de perder nuestras familias y hogares, ha prevalecido por más de 70 años. La falta de garantías de los derechos más básicos por parte del Estado colombiano —como son el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada, la garantía de las libertades, el derecho a la justicia, el derecho a vivir dignamente— ha alimentado la guerra, obligando a muchos jóvenes, ya sea por la necesidad o en contra de sus voluntades, a engrosar las filas de los diferentes actores del conflicto armado (paramilitares, guerrillas o Ejército Nacional). El Estado colombiano es el único responsable de la guerra en Colombia por su falta de voluntad para garantizar aquellos derechos.
Debido a los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales defensores de los derechos humanos, los cuales en su mayoría son víctimas del conflicto armado, hoy nos sentimos inmersos en una dictadura militar y no en una democracia participativa y menos aún, en un Estado social de derechos, por tanto, nos acogemos a las normas internacionales que legitiman la protesta social, como son: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (Artículo 5) Convenio 169 de la OIT (artículos 28, 29 y 30, sobre los derechos de los pueblos indígenas), entre otros instrumentos internacionales y a la Constitución política de Colombia (artículo 37), para llevar a cabo la gran movilización el 9 de abril en solidaridad y por la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado.
El comité de comunicaciones de la Mesa Distrital de Bogotá, luego de analizar las demandas de las víctimas del conflicto armado y sus temores, diseñó conjuntamente con víctimas de diferentes departamentos de Colombia que residen en la ciudad de Bogotá la siguiente estrategia para la gran movilización de las víctimas y de todas aquellas organizaciones y personas que se solidaricen, el 9 de abril de 2019.
En cuanto a la solidaridad: las víctimas marcharán desde la sede de los diferentes consejos de cada ciudad hacia las plazas principales, en dicha marcha las víctimas presentarán diferentes manifestaciones artísticas, culturales y consignas alusivas a las prioridades de cada ciudad y departamento. Se espera y se convoca para que en cada plaza, las organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales, comunitarias, defensores y defensoras de derechos humanos, a los artistas, vecinos, amigos, familiares, estudiantes, trabajadores, etc, para que se solidaricen; esperando el arribo de las víctimas en cada plaza con una calle de honor. En la concentración en cada plaza mayor o principal; el arte, la cultura, a socialización, la unión y el amor por la justicia social serán los ejes que hagan resistir en las plazas, para visibilizar y exigir la garantía de los derechos de las víctimas.
En cuanto a la memoria: los actos simbólicos para la reconstrucción y conservación de la memoria histórica dependerán de las necesidades de cada departamento y de cada ciudad.
En cuanto a la seguridad: todas las víctimas del conflicto armado que lo consideren necesario marcharán con antifaces como forma de protesta por los asesinatos a líderes sociales y para proteger su identidad.
Se convoca a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes sociales, artistas, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias y a toda la ciudadanía en general a que se solidaricen con las víctimas del conflicto armado; por la Paz, por la memoria histórica y por la justicia social.
Desde ya las víctimas del conflicto armado nos unimos al paro cívico nacional convocado por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).
