El 9 de septiembre del presente año, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra 142 militares, hecha por un Juez Penal Militar y confirmada por el Tribunal Militar. (Rad- No 45104-2015 SP-12042)
El famoso caso “la guaca de las Farc donde un grupo de soldados se encontró unas caletas llenas de dólares, sirvió para que la cúpula militar de la época diera ejemplo a los demás integrantes de la fuerza, de tal modo que no se apropiaran del material de guerra; pero no contaba el gobierno y los altos mandos militares, que este es uno de los golpes más duros a la moral de la tropa ya que a estos militares se les dio la baja, fueron encarcelados, multados y judicializados en un proceso que duro más de doce años por un delito que jamás cometieron.
¡Sí señor¡ así como lo están leyendo, a estos oficiales, suboficiales y soldados no se les podía imputar el delito de peculado.
El peculado consiste en que un servidor público, en este caso los militares, se llegare a apropiar de un bien del Estado que este bajo su tenencia o custodia. En este caso el dinero correspondería al Estado, si los militares quienes tenían una misión diferente, hubieran informado sobre el hallazgo y posteriormente hicieran su incautación, pero no lo hicieron; por consiguiente su falta disciplinaria o delito correspondería a otro, menos al de peculado.
El Juez Sexto Penal no podía condenarlos por peculado porque este dinero nunca perteneció al Estado, ni antes ni después de que los militares se lo encontraron en un operativo militar en el 2003, donde buscaban unos secuestrados y llevaban más de dos meses sin comer en la espesa selva de la macarena.
Para que este dinero supuestamente perteneciente a la columna Teófilo Forero de las FARC el cual estaba enterrado en varias caletas, pasase a manos del Estado colombiano, o perteneciere a él, primero tenía que haberse hecho el respectivo informe al superior y su posterior incautación.
Este dinero no estuvo bajo tenencia o custodia por estas dos compañías del ejercito ya que ellos nunca reportaron su hallazgo y mucho menos lo incautaron, simplemente se lo quedaron para ellos ya que en su mayoría soldados profesionales con sueldos ínfimos y de familias humildes colombianas pensaron que podían solucionar su forma de vida; así como lo hacen los altos mandos, políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco; claro que ellos no lo tomaron de los impuestos de los colombianos.
Este juez militar, quien debía juzgar por la falta disciplinaria a estos soldados por no haber hecho la respectiva incautación de los dineros, (desobediencia, saqueo, otra menos peculado...) muy seguramente presionado por sus superiores, los condena por peculado, ya que de este modo los enviarán a la cárcel y perdiendo sus carreras militares como efectivamente ocurrió, dando un escarmiento a los demás compañeros.
Lo peor de todo es que a pesar de que diversos abogados defensores hicieron hasta lo imposible por demostrar el error, la vulneración al debido proceso y principio de legalidad, fue de oídos sordos por el Tribunal Militar y la misma Corte Suprema de Justicia
Hasta el estudiante de derecho mas distraido comprende que el principio de legalidad obedece a que todo ciudadano debe juzgarce con las leyes preexistentes y no con valoraciones, arbitrarias y defectuosas del acervo probatorio.
Fue tal el descalabro al debido proceso y principio de legalidad contra estos 142 militares que la misma Corte Suprema de Justicia respaldo una teoria fuera de contesto que se llama la "relación funcional" de los servidores para seguir un argumento fantasioso y decir que los militares tenían la custodia y tenencia de los dineros cuando en la realidad se sabe que no es así.
Estos tres estrados judiciales jugaron con la dignidad y libertad de estos excombatientes, pisoteando su derecho a un debido proceso y haciendo analizis y valoraciones irresponsables a tal punto que tuvieron que sacar la ley 1201 del 2008 para este tipo de delitos y peor aun la utilizarón de escudo para argumentar sus débiles razones, olvidandose del principio de irretroactividad y favorabilidad.
Este caso es muy importante por el gran impacto en los medios y en la ciudadanía, pero ahora ya no es famoso por la gran cantidad de dinero que supuestamente se encontraron, si no por la forma como la justicia penal militar y la ordinaria, procesó a estos militares y los condeno a sabiendas de que el proceso tenia graves inconsistencias desde el comienzo.
Es una oportunidad muy buena para que el pueblo colombiano, y en especial el Congreso de la Republica analice el modo de como procede la justicia penal militar y más aún en los albores de la justicia transicional del proceso de Paz que se va a dar.
Cualquier oficial, suboficial o soldado prefiere enfrentarse en combate al enemigo ya que tiene muy bien claro lo que le espera, pero enfrentarse a un proceso judicial injusto, después de haber entregado su vida al uniforme es lo más triste y deprimente ya que un soldado vive y muere por su bandera y jamás se imagina que el enemigo sea quien le dio las armas para la lucha.
La punta de lanza en la defensa y seguridad del Estado Colombiano en estos cincuenta años de conflicto armado han sido los soldados rasos o profesionales, quienes dejando atrás a su familia le ponen el pecho al enemigo y miran de frente a los ojos de la muerte, combatiendo ante sus fauces.
Gracias a Dios muchos de ellos valientemente ganaron sus batallas pero también muchos de ellos cayeron bajo la bayoneta del enemigo, mientras sus superiores recibían medallas y ascensos.
No sé dónde pueda quedar la moral del soldado o de la tropa? lo único que se puede inferir de todo esto es que si después de una guerra el enemigo sale mejor librado de sus secuelas, quiere decir que no está totalmente acabada.
Es claro que existen miembros de la fuerza pública que cometieron graves errores pero aun así se les debe garantizar un debido proceso, algo que no tuvieron estos soldados que terminaron siendo víctimas de su propio organismo.
La más clara impresión de la manera de cómo se siente un militar derrotado por un sistema judicial se puede resumir en las palabras de este oficial:
“haber sido un guerrillero o paramilitar. Con seguridad estaría gozando de la libertad” Jaime Humberto Uscátegui. General (r).
Alejandro Florez.
Abogados Asociados.
