Más allá de si el victimario es el Estado, los paramilitares, las bacrim, el narcotráfico, o la insurgencia que negocia el fin del conflicto armado en sendas Mesas, hay un sujeto sobre el cual de manera permanente y cada vez con mayor intensidad e impacto pesan los horrores, la barbarie, la degradación humana y social de nuestra guerra de todos los días: las víctimas.
Sí, las víctimas.
Esa legión de compatriotas irredentos que van y vienen por la geografía nacional del despojo, el desplazamiento, la persecución sin tregua, la humillación y la indignidad, en permanente y sucesivo proceso de degradación humana y social; de inmoral sometimiento de toda laya al victimario.
Víctimas contra su querer, voluntad y derechos que, cual Sísifo en las cumbres de la modernidad y el mercado global, fase superior del capitalismo, ven derrumbarse la esperanza del resarcimiento debido y prometido como derecho básico; como deber moral de una reparación que en su materialidad, es la prueba plena del daño causado.
Un daño que, en su dimensión humana, emocional y moral, no es reparable, pero sí susceptible de ser redimido en los ámbitos básicos de reparación material del perjuicio causado en las condiciones y calidad de vida de quienes han sido sujetos de la victimización por causas ajenas a su voluntad, condición social, de género, de fe o ideológicas.
Que es cuanto ha ocurrido, en mayor o menor proporción, a quienes hoy arrastran la indigna y vergonzante condición de víctimas por causa de un conflicto armado y sus derivados, del cual no han sido promotores ni han participado como no haya sido para recibir y padecer sus siniestras consecuencias.
Secuelas catastróficas de una guerra que
tiene su más pavorosa y cruenta rapiña
en la sociedad civil de nuestros campos y ciudades.
Las secuelas catastróficas de una guerra que, más allá de los muertos y lisiados que deja la confrontación armada entre sus contendientes, tiene su más pavorosa y cruenta rapiña en la sociedad civil de nuestros campos y ciudades.
En colombianos en los que la irracionalidad del conflicto no repara como no sea para perpetrar en ellos el despojo, el secuestro, el desplazamiento, la persecución política, la exclusión, la violencia, el terror y el crimen en sus formas más execrables.
En millones de compatriotas, ocho aproximadamente, de todas las geografías, clases, condiciones sociales, raciales y étnicas, que hoy deambulan su condición de víctimas en un país que los trata como de categoría inferior; de excluidos e indignos de los derechos básicos constitucionalmente inherentes a su condición de nacionales.
Es de dar por descontado que, con la incorporación en los Planes de Desarrollo, 2016–2019, nacional, departamentales y municipales, de la Política Pública de Víctimas y Restitución de Tierras, y de las dinámicas generadas en el gobierno del presidente Santos en vías de materializar esa política de Estado para la reparación efectiva, a las víctimas por fin se les reconozcan sus derechos integralmente.
Y si el fin del conflicto armado generador de esta diáspora empieza a marcar el fin de las armas que lo avivan, el de las víctimas es de perentoria solución para evitar la hecatombe social que alberga en sus entrañas.
Poeta
@CristoGarciaTap
E: víctim
