“La verdad es la primera víctima de la guerra” escribió Esquilo en año 500 a. C.
Pues bien, las comisiones de la verdad han tenido enormes riesgos en los países que por los conflictos de la guerra fueron propuestas por los Estados y la comunidad internacional para contribuir con los procesos de reconciliación y esclarecer las responsabilidades de todos los actores de los enfrentamientos armados.
Quizá la más trágica historia sobre la comisión encargada de desenredar el origen, desarrollo, responsabilidades individuales e institucionales de la guerra fue la establecida por el gobierno de Álvaro Arzú con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, para ponerle a fin a la barbarie que duró treinta y seis años.
Efectuado el trabajo investigativo, recopilado en cuatro libros, que realizó monseñor Juan José Gerardi, inflexible defensor de la reconciliación y los derechos humanos, el 24 de junio de 1996 se presentó en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala, con asistencia de dignatarios de todos los poderes gubernamentales y delegados internacionales.
El documento Guatemala Nunca Más recogió los testimonios de víctimas que sufrieron abusos y violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tales como torturas, secuestros, toma de poblaciones inermes, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de niños, desapariciones forzadas, desplazamiento, masacres y genocidios.
El informe creó un clima de agitación nacional y el arzobispo apareció asesinado dos días después de presentada la memoria histórica, concluyéndose que el asesinato fue ejecutado por una facción del ejército, inconforme con involucrar a la institucionalidad.
Las indagaciones revelaron, como le escuché al investigador Henry Monroy, que inicialmente abordó la investigación y debió protegerse en el exterior, que los militares trabajaban al servicio de la Casa Presidencial de Guatemala. Fueron condenados a 30 años de prisión.
En Colombia se acaba de presentar, de conformidad con los Acuerdos de la Verdad (DAV), el segundo informe sobre el Bloque Calima de las AUC, depredaciones paramilitares y narcotráfico en el sur occidente colombiano, dirigido por los directores generales Gonzalo Sánchez y Álvaro Villarraga Sarmiento, con la Coordinación de Mauricio Barón Villa y Luisa Fernanda Hernández Mercado, evento realizado en Salón Cultural del Banco de la República de Popayán.
Tal como lo señaló Álvaro Villarraga Sarmiento, la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad por años silenciada, elaborando un escrupuloso informe que conduzca a desagraviar e indemnizar a las víctimas, con base en lo establecido en la Ley 1424 de 2010.
La comisión, que no tiene funciones judiciales, recibe pruebas y evidencias, averigua por los problemas estructurales que incitaron a la violencia política, los desafueros en el ejercicio del poder, la concentración de la propiedad, la ausencia de mecanismos de amparo y la total ausencia del Estado en las zonas del conflicto.
Si bien es cierto que se reconoce la magnitud del trabajo sistematizado emprendido por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), es necesario afirmar, por esa misma razón, que la recepción de testimonios y pruebas institucionales, al igual que la búsqueda de evidencias, adolece de sensibles imprecisiones que, con la intención de desagraviar e indemnizar a las víctimas, terminan produciendo indeliberados desconocimientos.
Tal como acontece con la no inclusión, en el informe No. 2, sobre el citado Bloque Calima de las AUC, sobre las alertas, todas ellas documentadas, efectuadas por la Defensoría del Pueblo Regional del Cauca y la Gobernación del Cauca, de ese entonces, que en el acopio de la información aparece valorada como: Alertas desatendidas de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, información que deberá ser superada, con el fin de enmendar, en el actual documento, un posible sesgo de desconocimiento y una presunta prevaricación en la fuente institucional.
La verdad histórica, en lo que atañe a la Defensoría del Pueblo Regional del Cauca en el mes de junio del año 2000, a raíz de la aparición del Bloque Calima, es que se hicieron pronunciamientos de denuncia y repudio por los medios, se efectuaron reuniones de apoyo y acompañamiento a las comunidades, se organizaron comités de derechos humanos en ese territorio, se desatendió la prohibición de dejar insepulto un cadáver en el sitio La Mina y no solo la entidad lo recogió sino que además lo transportó a Timba (Cauca) y Timba (Valle) para la realización de las diligencias de levantamiento y necropsia y posterior entrega a sus familiares.
También se solicitó mediante oficios que conforme a la ley deben aparecer en los archivos de las instituciones ante las cuales se actuó, la intervención urgente de altos dignatarios del Estado como el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el fiscal general, ante los cuales se denunciaron de manera enfática los hechos criminosos y sus proyecciones, para que el Estado, en ese entonces, cumpliera con su deber de protección y garantía de los derechos humanos, ante la evidencia de desplazamientos, homicidios selectivos y en general, de la barbarie que protagonizó el Bloque Calima de las AUC en el Naya.
Ese es el reto, si el diagnóstico de la CNMH-DAV es aceptado por todos los actores activos y pasivos involucrados en la guerra, es mucho más fácil rehacer el universo social destruido, no solo por la violencia armada sino por todas las violencias.
Salam Aleikum.
