En el año 2018 los firmantes de paz ubicados en la ciudad de Bogotá acordaron conformar una entidad sin ánimo de lucro que trabajara por su adecuada reincorporación, el reconocimiento de los derechos derivados del Acuerdo Final de Paz de La Habana, y, en general, por la implementación integral de este. La denominaron Asociación Nuevo Agrupamiento por la Paz Distrito Capital, ANA D.C, como se conoce su sigla.
Con el tiempo, ante la eventualidad de acceder a diversos proyectos contemplados para mujeres, las asociadas de ANA D.C., todas excombatientes, muchas de ellas de varias décadas en las Farc, promovieron la conformación de un capítulo de la asociación que se ocupara de los temas relacionados con su género. Y lo denominaron ANA Paz. Naciones Unidas y algunas entidades oficiales del Distrito, aparte de la ARN, han trabajado con ellas en distintas tareas.
Hace un par de días, estas firmantes expidieron un comunicado breve, pero cargado de dignidad y contundencia. Expresan en este la indignación que les produce el tratamiento recibido por parte del que se denominó en el punto quinto del Acuerdo, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Particularmente por parte de la Comisión de la Verdad y la JEP. El comunicado contiene frases como estas:
“…La rotulación que hemos vivido, a partir del uso constante de adjetivos como ‘esclavas sexuales’, no solo desconoce el carácter político que motivó nuestro quehacer al interior de la organización, sino que invisibiliza la violencia estatal de la que fuimos víctimas las combatientes, descontextualizando las dinámicas de la guerra y del machismo estructural”.
“…Nuestra intención es resaltar que la gran mayoría de las mujeres de esta organización guerrillera encontramos allí un escenario de reivindicación de nuestro ser político e ideológico, no fuimos sometidas, ni violentadas por nuestros camaradas. Consideramos que se está instrumentalizando el enfoque de género para denigrar de nuestra historia. Tampoco es nuestra intención revictimizar a otras mujeres, sin embargo, la voz mayoritaria de quienes integramos las filas de las FARC-EP no puede estigmatizarse por una narrativa que nos exponga en el rol de víctimas, desconociendo nuestro ser pensante y reflexivo”.
Yo le hubiera añadido, como si no hubieran aprendido a portar y usar armas de fuego para su defensa personal, la de su organización y la de su pueblo, con las que se hubieran hecho respetar de cualquier abuso, de hecho, la razón fundamental de su lucha, enfrentar con las armas los abusos del poder establecido en Colombia, y todas las injusticias que se derivan de este. Ser guerrillera de las FARC-EP fue signo de valentía y orgullo, nunca de sometimiento y vergüenza.
Dos mujeres, como puede constatar cualquiera, aparecen firmando la primera declaración política de los alzados en armas en el sur del Tolima, el Programa Agrario de los guerrilleros de Marquetalia, Miriam Narváez y Judith Grisales. Como ellas, primero decenas, luego centenares y finalmente miles de mujeres hicieron parte de las filas de las Farc. Quizás hubiera habido casos particulares de abuso, como dice el comunicado, pero nunca acciones generalizadas y sistemáticas.
Como han pretendido hacerlo ver desde los tiempos del conflicto todos los que se ubican, en forma declarada o vergonzante, del lado del Estado terrorista de seguridad nacional, que todos los revolucionarios y demócratas de hoy y del pasado han querido desterrar de nuestra patria y hasta de la faz de la Tierra. Cualquiera medianamente informado sobre las leyes de la guerra sabe bien que las operaciones sicológicas de desprestigio y calumnia hacen parte de ella.
La propaganda sucia ha sido instrumento predilecto de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado
La propaganda sucia ha sido instrumento predilecto de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Y esa sí que se usó contra las Farc y las otras insurgencias del pasado. Y al lado de ella el crimen masivo, como lo reveló abiertamente el exsargento de la inteligencia militar José Dorado Gaviria, en su reciente entrevista con Helena Urán, hija de uno de los magistrados asesinados por el Ejército en la retoma del Palacio de Justicia.
Ojalá que la JEP se ocupara de develar la larguísima actividad delincuencial y terrorista de las fuerzas armadas colombianas, ordenada y supervisada todo el tiempo por sus superiores, en lugar de dar plena credibilidad a las artimañas de la inteligencia militar y la Fiscalía que abrevó siempre de ellas. Así se parecería más a la intención con la que fue creada en el Acuerdo de Paz, develar la verdad y los máximos responsables del horror vivido en Colombia.
