“Toca hacerles la paloterapia”: la advertencia de comunidad de Bosa a los ladrones, dice el titular de un medio de comunicación colombiano en el que se informa sobre el último caso de justicia por mano propia por parte de la comunidad hacia un presunto delincuente. Qué cruel suena, pero qué real y normal es para hoy evidenciar este tipo de actos.
La no confianza en las autoridades y los altos índices de impunidad han llevado a que la sociedad haga las veces de juez y verdugo. Las imágenes y videos en medios de comunicación se han hecho comunes, es decir, una persona acusada de un delito rodeada por gente que la golpea y alguien que graba mientras la justicia se quiere hacer por mano propia. Es por esto que no debemos actuar de esta forma, al hacerlo estamos siendo en ocasiones hasta peor que el mismo delincuente.
Creo que hacemos parte de una cultura de venganza, de revancha y falta de justicia, reglas que el ciudadano considera que no son contundentes para castigar el delito u otros comportamientos sociales llevan al fenómeno de la “justicia por mano propia”, común en países tercermundistas como lo es el nuestro y que ahora crece, de manera alarmante, en algunas ciudades, donde combos y otros agentes armados ilegales aparecen imponiendo un “orden” y haciendo un papel de “jueces” salvadores.
Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), donde se quería saber qué tanta aprobación tenía la justicia por mano propia en los países latinoamericanos se encontró que en Colombia 3 de cada 10 personas acuden o aceptan esta práctica ilegal para resolver sus conflictos.
De otro lado, el país con mayor legitimación de esta práctica es República Dominicana con 42,8 puntos sobre 100, mientras que Trinidad y Tobago manifiesta el nivel más bajo con 19,2 por ciento. Debe notarse que aun si “apenas uno” de cada cinco ciudadanos aprueba el uso de la coerción por fuera del Estado, nuestras sociedades tienen serios y severos problemas para la convivencia y nuestro país no es la excepción.
En otro estudio, Corpovisionarios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sondearon la relación entre cultura y seguridad ciudadana en ocho ciudades latinoamericanas, entre las cuales se encuentran Bogotá y Medellín.
Las conclusiones de este estudio fueron que los hombres jóvenes son más propensos a defender sus propiedades, hacer respetar su honor, su ego y a alcanzar sus objetivos por medios ilegales o agresivos contra el resto de los ciudadanos. También son más propensos a portar cualquier tipo de armas para defenderse, a diferencia de las demás personas, tienen menos confianza en las instituciones y se muestran más de acuerdo con impartir justicia por mano propia.
En Colombia, Antanas Mockus ha criticado con insistencia la aprobación ciudadana del uso de la fuerza para corregir o para matar a un infractor. Y es que estos casos donde se practica la justicia por mano propia está haciendo carrera en el país, cada vez se cometen más, y así como se acrecienta por un lado el número de actos, por el otro crece su peligrosidad.
“Uno de los principales problemas de este anómalo es que no tiene proporcionalidad. No hay una razonabilidad entre el daño y la respuesta. Surge como la retribución ante un daño posible, que desconoce el nivel institucional y la capacidad de diálogo para resolver el conflicto”, considera Yecid Echeverry, docente de la Universidad Icesi y director del grupo de investigación Precedente de la facultad de Derecho de esa institución.
Pedro Enrique Rodríguez, doctor en Psicología y docente de la Universidad del Valle, discurre que “habitualmente la práctica de justicia por mano propia está vinculada a una reacción de indignación por parte de un grupo. Este es un fenómeno grupal. Si bien puede contar con un primer sujeto que activamente propicia el acto de ‘justicia’, es una anomalía que normalmente responde a la indignación, que se detona cuando una comunidad ha estado expuesta a la violencia, y que de alguna manera sobrepasa su capacidad de tolerancia”.
Bryan Forero Díaz, abogado asesor jurídico de la sociedad colombiana de estudios para la educación S.A.S, argumenta “como abogado y conocedor de la ley, acepto enormemente la flexibilidad que existe en la norma, pues permite de muchas maneras la justificación de la libertad de un delincuente. Abogados audaces, o simplemente fiscales dormidos, acuden a los tan famosos vencimientos de términos para que delincuentes de la talla de asesinos y ladrones hagan de la Fiscalía el salón de recreo”.
En contraste, muchas personas piensan en cuantos culpables han quedado libres por destrucción de pruebas o por vencimientos de términos. Y dicen que si una persona no la debe, no la teme, y aquel que en flagrancia sea sorprendido, por su acto debería ser castigado. Es por eso que se ha considerado a la justicia como una no entidad del estado y más bien como una costumbre cotidiana de la sociedad.
Estas opiniones no están alejadas de la realidad, en los medios donde se evidencian estos actos, las personas implicadas en el acto que son entrevistadas por los periodistas mencionan que están aburridas con los ladrones, con la inseguridad y piden al Estado poner más de su parte y empezar a actuar al respecto. Exigen soluciones y ser tenidos en cuenta.
Es injusto tachar a Colombia de ser un país violento, el conflicto armado interno de más de 50 años no ha pasado en vano. La respuesta violenta de las personas, casi natural, cuando están en una situación de superioridad frente a su agresor, tiene varias razones.
La causa fuerte para que los linchamientos se den en Colombia y en Latinoamérica pasa por el profundo descontento social por la justicia. Lo que haría que la gente ya no esté interesada, por ejemplo, en protestar, sino en actuar por mano propia.
Entre las manifestaciones más frecuentes pero también más dañinas de la justicia por mano propia cabe mencionar: La autoadministración de seguridad, dada en aquellos barrios donde se adoptan medidas de protección vecinal y se establecen dar “comisiones de seguridad” a los delincuentes para que estos no delincan en sus calles (requisas, retenciones y otros actos ilegales).
Los linchamientos, que consisten en que un grupo de personas atrapen in fraganti a un delincuente y, en vez de entregarlo a las autoridades, lo golpeen, algunas veces hasta provocarle la muerte. Ver casos como estos en los medios de comunicación o en las redes sociales es preocupante, no sabemos quién en realidad es peor, si el ladrón o quien lo está agrediendo haciendo uso de la tal y mal llamada justicia por mano propia.
Y por último, la corrupción como vía para hacer justicia; en la que se trata de aceptar o promover que cuerpos policiales actúen en contra de la ley para aprehender a un delincuente. En total, creo que todos estos actos donde se muestra la justicia por mano propia pone en entredicho la existencia misma del Estado.
Recordemos que lejos de ser mecanismos efectivos de control, estos actos reproducen y aumentan los niveles de inseguridad, supone amenazas a la integridad de las personas y tiene graves implicaciones sobre la legitimidad y aceptación popular del Estado.
Las posibles explicaciones son porque los capturados por los ciudadanos quedaron libres y en poco tiempo las víctimas volvieron a ver a los mismos delincuentes en sus zonas habituales. Ahora, en muchos casos los infractores fueron puestos en libertad porque eran menores de edad, porque no se fundamentó bien la captura ante la Fiscalía, porque las víctimas no denunciaron o porque la cuantía del daño fue tan baja que no se avanzó en los procesos de detención y audiencia de legalización.
Otras son la anomia, ya que en Colombia es común la desorganización social y el aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Y el armamentismo ciudadano, que se ha vuelto famoso por la venta de armas no letales como alternativa de defensa personal, este porte masivo de armas autorizado o no, le está dando al ciudadano la potestad de ejercer justicia por mano propia.
Para finiquitar esta práctica, es necesario aplicar medidas concretas, correctivas y preventivas, es decir, el Estado debe primero recuperar la soberanía en los territorios donde la violencia se ha privatizado y donde se apela a la justicia por mano propia debido a la falta de legitimidad estatal.
Para eso, creo que sería necesario mejorar la credibilidad de las instituciones (policía, Fiscalía, entre otras), para ampliar la seguridad jurídica de los ciudadanos y afianzar el papel de los gobiernos locales, los cuales, como ejecutores de la función de policía, pueden plantear y ejecutar políticas integrales para evitar este azote.
Es importante concentrarse en los sectores donde es mayor el riesgo, y esto supone combinar las acciones persuasivas y punitivas con programas preventivos y pedagógicos para desincentivar el recurso a la justicia por mano propia. Aunque se trate de un trabajo de largo plazo, la ciudanía tendrá que ser educada para la paz y para llegar a acuerdos que eliminen cualquier forma de agresión y cambien el imaginario colectivo de la cultura de la violencia o la anomia.
Por otro lado, es muy importante mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos difundida por los medios de comunicación, disminuir la visibilidad de hechos violentos y descartar la justicia por mano propia como mecanismo justificado, único y adecuado.
Y finalmente, el Estado debe regular completamente el armamentismo ciudadano, registrar y dar cifras de los eventos de justicia por mano propia y fortalecer los canales de denuncia ciudadana para poder responder de manera pertinentemente y rápida a las necesidades y expectativas de la sociedad.
