La corrupción se manifiesta en países ricos como pobres, del norte o del sur, en naciones desarrolladas o en vías de desarrollo, subrayó el secretario general de la ONU, António Guterres, al intervenir el lunes 10 en una sesión informativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre corrupción y conflicto.
Según el Foro Económico Mundial la corrupción se roba al menos 2,6 billones de dólares anuales, el cinco por ciento del PBI mundial, informó Guterres.
Ya sean individuos o empresas pagan cada año un billón de dólares en sobornos en todo el mundo, agregó y sostuvo que resolver la corrupción contribuye a "mantener la paz y la seguridad internacionales".
Latinoamérica, desgraciadamente, tiene para ofrecer variado menú sobre el tema y casos diversos, según la etapa que quiera abordarse.
Corrupción larvada, corrupción en proceso de generar conflictos internacionales, conflictos nacionales generados por la corrupción, con brecha más o menos profunda en la sociedad y que pueden llegar al enfrentamiento civil, según el país que se analice.
Los casos emblemáticos del presente en que la corrupción ha llevado a países al borde de la contienda civil obviamente son Nicaragua y Venezuela.
La transformación del país caribeño en un narco-Estado; y la sustitución en el país centroamericano de la dinastía somocista, otrora enriquecida mediante la expoliación de su nación, por el matrimonio Ortega-Murillo, explotó en ambas naciones y hoy se traduce en una crisis humanitaria y migratoria —en el primer caso— con provocaciones hacia su vecino Colombia; y en casi medio centenar de muertos y centenares de torturados fruto de la represión, en el segundo.
Argentina. El miércoles 5, Ernesto Clarens, el financista de los Kirchner desde la época en que Néstor Kirchner gobernaba en Santa Cruz, decidió colaborar con la justicia para aliviar su situación procesal —el juez de la causa Claudio Bonadio luego le concedió el carácter de "arrepentido"— y confesó ante el fiscal Carlos Stornelli haber entregado dinero producto de coimas a Daniel Muñoz, secretario privado del fallecido Kirchner, en el hotel Panamericano y en el apartamento del barrio Recoleta de los Kirchner.
Clarens entregó un pendrive con una lista de 120 obras que debían pagar un sobreprecio —que era recaudado por él para los Kirchner— o sea el llamado "retorno" por habérsele adjudicado las obras a esos empresarios. El lunes 17, Bonadio en una resolución de 558 fojas, pidió prisión para expresidenta CFK como jefa de una banda que recaudaba coimas. La embargó por 4 mil millones de pesos argentinos. La acusa por 22 delitos. En la causa, en total hay 42 procesados.
Otro juez que investiga a los Kirchner, Sebastián Casanello, en cumplimiento de lo ordenado por la Cámara Federal, citó a indagatoria para el martes 18 a la expresidenta Cristina Fernández por primera vez en la causa por lavado de dinero por la que está preso el empresario íntimo del matrimonio presidencial, Lázaro Báez. También en esta causa se investigan 44 propiedades inmuebles y tierras que en los último años requirieron 300 allanamientos informó La Nación de Buenos Aires.
Guatemala. En el otro extremo continental, un exactor cómico elegido presidente, Jimmy Morales, se esfuerza por retrotraer a su país a la triste época de las repúblicas bananeras relatadas por Miguel Ángel Asturias y desafía la ONU.
Morales dio por finalizado el martes 4 el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo establecido en conjunto con la ONU para investigar casos de corrupción, y le prohibió el reingreso al país al encargado de ese organismo, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
Velázquez fue clave en las investigaciones que hace tres años llevaron al retiro de la inmunidad presidencial a Otto Pérez Molina quien luego fue encarcelado, así como su vicepresidente y decenas de funcionarios pertenecientes a los tres poderes estatales. Sus conclusiones respecto al propio Morales se acercaban al presidente, quien está sujeto a un antejuicio en el congreso de su país por financiamiento electoral ilícito, y este no tuvo mejor idea que expulsarlo con el argumento de que "atenta contra el orden y la seguridad pública". Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), declaró a Prensa Libre de Guatemala que la orden presidencial "puede ser ilegal".
En Ecuador, el expresidente, Rafael Correa, refugiado en Suiza, acumula causas en la Fiscalía donde tiene al menos 18 denuncias en esta entidad. Ha sido denunciado como autor intelectual del secuestro de Fernando Balda, tráfico de influencias, peculado, concusión, delincuencia organizada, uso doloso de la deuda, injurias, daño moral, intimidación, genocidio, delito de odio e injerencia en la justicia. La Fiscalía durante el mandato de Correa archivó las denuncias, y paradójicamente indagaba y sancionaba a los denunciantes cuando Correa lo pedía.
En Brasil a la hiper megacorrupción generada desde el trípode Mensalão-Lava Jato-Odebrecht, se sumó hace unos días la reiteración de lo que seguramente ocurra al término del mandato del presidente Temer incluido desde marzo en la lista de sospechosos en la investigación por presuntos sobornos pagados por Odebrecht.
El filósofo y profesor de la Unicamp, Roberto Romano, advierte que el reciente apuñalamiento al candidato Jair Bolsonaro refleja el cuadro actual de una democracia en que las instituciones no están funcionando adecuadamente. Puede inferirse que esa disfunción, consecuencia de la corrupción generalizada en ese país, degeneró en una violencia verbal que fácilmente degenera en violencia física.
En Perú la fiscal Sandra Castro, que investiga al grupo criminal Cuello Blanco de El Callao, informó que el fiscal general de ese país, Gonzalo Chávarry integró esa organización que inundó de corrupción el Poder Judicial peruano. El jueves 6, 27 de los 34 presidentes de juntas fiscales de Perú firmaron una petición para que renuncie Chávarry ante la crisis de credibilidad generada por el informe.
El viernes 7 luego de un operativo policial en Ciudad del Este de Paraguay, se conoció una fotografía en la vivienda particular del presidente Mario Abdo Benítez, en donde aparece con el supuesto capo narco Reinaldo Javier Cabañas Santacruz, alias Chucho. Abdo dijo no conocer al imputado y que él se ha tomado fotografías "con diversas personas". Ocurre que luego del operativo policial el diputado colorado Ulises Quintana, del mismo sector que el Presidente, aceptó haber recibido apoyo del Cabañas para —adivine el lector— su campaña electoral. Por supuesto que dijo desconocer las actividades ilícitas de su benefactor. Un aspecto no menor en este país es la no efectividad del poder judicial.
Hasta Uruguay, generalmente bien ubicado en el ranquin de países corruptos —aunque Transparencia Internacional, entre 2016 y 2017, ya lo registró entre los países que sufrieron una caída en el índice de corrupción— su clase política no quiere ser investigada.
Eso ha declarado Ricardo Gil, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el 30 de agosto al semanario montevideano Búsqueda: "Se manifiesta un notorio interés porque la Jutep no se fortalezca y no pueda efectuar los controles que debe efectuar” (…) El sistema político, más allá de las declaraciones fáciles, no tiene interés en fortalecer el combate a la corrupción". La constatación del jerarca surge a partir de la negativa de todos los sectores políticos a otorgar los recursos presupuestales para que la Jutep pueda cumplir sus cometidos a cabalidad.
Lo que se reseña es solamente lo último, y no de todos los países, que ha surgido en este tema, como una manera de darle carnadura a las advertencias de Guterres mencionadas al inicio de esta columna. Pero en todos los casos, así como en la historia latinoamericana del siglo XX en que menudearon los corruptos, han sido y son deleznables gobernantes y exgobernantes quienes, además de robar, han dañado profundamente el tejido social de sus naciones en una práctica de inaudita irresponsabilidad.
