Una vez la sociedad colombiana se ha sentido libre de la violencia política –aún sin que se firmen los acuerdos en La Habana–, se percibe en el ambiente el espíritu de la protesta. Era lo previsto y anhelado.
Varios temas están en el centro de la inconformidad ciudadana y popular. El exiguo y arbitrario aumento del salario mínimo impuesto por el Gobierno y los empresarios. El anuncio de nuevos impuestos como el aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y su imposición para productos de la canasta familiar. La intención de aplicar gravámenes a los ingresos de los trabajadores que devenguen por encima de 1,5 millones de pesos mensuales.
Además, la venta arbitraria e ilegal de la principal empresa pública de generación de energía eléctrica –Isagén–, a un fondo de inversión canadiense (realmente dominado por inversionistas estadounidenses), ha tocado las fibras sociales de amplios sectores de la Nación, que encabezados por partidos políticos de oposición denunciaron la inconveniencia de esa privatización sin que el Gobierno atendiera sus reclamos.
Pero existen muchos otros motivos de la visible inconformidad y disposición a la protesta. Entre ellos, el impacto de la inflación galopante, el alto costo de la gasolina, la corrupción e ineficiencia en la prestación de los servicios de salud, el arrasamiento de los recursos naturales a manos de los megaproyectos y de la minería, los altos sueldos y prebendas de los congresistas, y sobre todo, las gabelas y ventajas de todo tipo para los banqueros y para los grandes emporios económicos que se enriquecen de una forma exagerada y visible, mientras el grueso de la población no siente el progreso y bienestar que anuncia a diario la administración de Santos.
El Gobierno había logrado ocultar estos problemas debido a que en años anteriores obtuvo significativos ingresos provenientes de la exportación de materias primas como el petróleo y lograba canalizar algunos recursos de la minería legal e ilegal y de la economía del narcotráfico. Además, el tema de la paz y la terminación negociada del conflicto armado era utilizado como argumento para llamar a la paciencia y a la comprensión de la población para la acción gubernamental.
Sin embargo, hoy se respira otro aire. El tema económico ha empezado a desplazar al de la terminación del conflicto armado. Diversos colectivos de jóvenes desde diferentes ciudades han lanzado la consigna de realizar un paro cívico nacional que se iniciaría con una gran movilización y protesta nacional el día domingo 24 de enero de 2016.
Dicha convocatoria no está encabezada por organizaciones sindicales o sociales reconocidas, sino por personas sueltas que organizan pequeños núcleos para promover, principalmente por las redes sociales, el llamado a la protesta.
Las centrales obreras y las organizaciones de izquierda han mostrado aprehensión y vacilación. Todavía no se han decidido a participar oficialmente. El principal argumento de esas dudas está relacionado con el tema del Proceso de Paz. Se plantea que el objetivo de la protesta es debilitar al gobierno de Juan Manuel Santos, que prepara un plebiscito para refrendar los acuerdos con las FARC.
De acuerdo a quienes así piensan, detrás de la convocatoria al Paro Nacional estaría el ex presidente Uribe, quien “pescaría en río revuelto” para fortalecer su posición en contra de los acuerdos de La Habana. En ese sentido, quienes participen de la protesta del 24 de enero serían manipulados y ayudarían –sin proponérselo–, al debilitamiento del “Gobierno de la paz” y al fortalecimiento de la “Derecha guerrerista”.
En el fondo se revive la discusión de la pasada campaña electoral. La mayoría de la izquierda llamó a votar por Santos para presionar y garantizar la terminación del conflicto. Esa era –para ese momento– la posición correcta. Pero, lo que ahora se demuestra, es que una buena parte de la dirigencia de izquierda se ilusionó más allá de lo razonable con Santos.
Aunque afirmaran que éste era un político neoliberal reconocido, las actuales vacilaciones o incluso la negativa de apoyar la protesta, muestra que llamaron a votar por Santos en medio de una enorme confusión. Se empieza a notar que esa dirigencia izquierdista creía que Santos tenía una cierta y verdadera voluntad “reformista” y “progresista”, y que iba a desarrollar un proceso de democratización del país.
Hoy esa “izquierda santista” está descubriendo, con sorpresa, que la voluntad “reformista” de Santos no pasa del papel. O sea, de los acuerdos de La Habana. Que al donaire de la paz, que al son de la ilusión progresista, el gobierno implementa – con la grosería despótica de una tecnocracia arrogante–, la segunda fase de neoliberalismo, más agresiva y entreguista que la implementada a partir de 1991, con la misma promesa y quimera de la “apertura democrática”.
Eso explica sus temores frente a la protesta. Se pega compulsivamente de la ilusión “progresista” y “reformista”, mientras le deja el campo abierto y despejado al uribismo”, que oportunistamente pretende canalizar la inconformidad en contra del Proceso de Paz. Sin embargo, la realidad muestra que el uribismo no puede ir más allá en esa lucha; ya el contenido mismo de la protesta lo desenmascara frente a su pasado inmediato de entrega de la nación al capital extranjero y de arrasamiento general de los bienes públicos y de los derechos sociales.
Lo que estamos presenciando no es coyuntural. Los indignados colombianos están poniendo a prueba –como lo hicieron en los países árabes y en España– a la sociedad en su conjunto y dentro de ella, a la izquierda tradicional. Es el inicio no solo de una nueva fase de luchas sociales, principalmente citadinas, sino el surgimiento de una “nueva izquierda”, más moderna pero más radical, menos fundamentalista pero más conectada a las necesidades de la vida.
El año 2016 pareciera ser el año de la partición de aguas en Colombia. La juventud y los “profesionales precariados” se liberan de esquemas obsoletos e inician un nuevo camino. Hay que apoyarles con decisión y entusiasmo.
Twitter: @ferdorado
