De las universidades de garaje y la ineptitud del Estado

De las universidades de garaje y la ineptitud del Estado

"La cuestión no radica en prohibir la iniciativa privada en el campo educativo, va en una vigilancia real, que no se fije solo en el cumplimiento de unos mínimos"

Por: Johanna Pinto
mayo 03, 2017
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De las universidades de garaje y la ineptitud del Estado

La educación superior se ha vuelto indispensable a nivel laboral y social. Nadie es ajeno a esa realidad, apelando a la etología, es una "ventaja evolutiva": abre puertas a mejores oportunidades de empleo, diversos círculos sociales, y obviamente, oportunidades de apareamiento.

Este fenómeno ha devenido en inescrupulosos que abren universidades y fundaciones universitarias cuya única función es atrapar pobres incautos. Estos que por sus bajos recursos y educación secundaria mediocre matizada con bajos resultados en pruebas Saber Pro, en la gran mayoría, son excluidos de tajo de otros establecimientos educativos privados y públicos y con mucho esfuerzo por parte de sus familias y de sí mismos, confían sus sueños de un futuro mejor a estos lugares.

El Estado ha sido cómplice de este fenómeno. Primero, al reducir el proceso de creación de una universidad privada a la consecución y presentación de una serie de documentos a un ente del MEN (Decreto 1478 de 1994). Estos últimos solo garantizan que las instituciones cumplan unos mínimos bastante superfluos, además de dar manga ancha al refrán de "el papel todo lo aguanta", sumado a la autonomía universitaria (Art. 69 Constitución Colombiana). Dicha autonomía, mal entendida, ha dejado casi que intocables a las instituciones frente a cualquier intervención real por parte del Estado, que la define así : "En el caso de las instituciones privadas (constituidas como personas jurídicas de utilidad común), cuida que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente " (tomado del sitio web del MEN).

Lo anterior daría a entender que salvo revisiones de tipo fiscal y actuaciones reales solo en casos extremos, como el lamentable caso de la fundación Universitaria San Martín, no se hace gran cosa. La cuestión no radica en prohibir la iniciativa privada en el campo educativo, va en una vigilancia real, que no se fije solo en el cumplimiento de unos mínimos que solo llevan a una mediocridad, sino en evaluar con criterios de pertinencia, eficiencia...básicamente, subir la vara.

Segundo, el abandono en el que el Estado tiene las instituciones de educación superior públicas hace que quienes realmente necesitan de ellas, los estudiantes de moderados o bajos recursos, no puedan acceder. Esto puesto que se encuentran con un examen diseñado para que ciertos estudiantes de colegios privados pasen y así cobrar matrículas más altas, o simplemente deben descartarlas ya que deben trabajar de día y estudiar de noche, y muchas universidades públicas adolecen de una jornada nocturna. Finalmente, los bajos resultados en pruebas del Estado que los deja relegados en sus filtros.

El punto no radica en bajar la calidad académica en aras de admitir estudiantes que no estén preparados para estudiar determinada carrera, va en dar más apoyo a las universidades públicas, incluso en la creación de más de ellas, que acojan a los que deseen salir adelante con políticas enfocadas a ellos , dejando poco o ningún campo para que avivatos jueguen con sus ilusiones y tengan que repetirse "la universidad no hace al profesional" mientras ven como jugaron con ellos.

 

 

 

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