En 2008 el Estado colombiano terminaba de extinguir los dominios de la sociedad Valencia Henao, embargada por orden judicial en el 2003 después de comprobar que este hacia parte de un entramado societario ligado a la familia del excapo del narcotráfico en Medellín, Pablo Escobar. Entre las pocas propiedades que quedaban por rematar era una bodega, una oficina y la mitad de otro local-bodega en una zona de gran importancia industrial de la capital paisa, las cuales fueron subastados en un evento público realizado por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes-DNE.
A dicha subasta asistió el comerciante Luis Jaime Salazar, quien se interesó por las propiedades y las compró en conjunto. Salazar depositó tres cheques por $1.938 millones, el valor total acordado por los tres inmuebles, a la cuenta del entonces liquidador Pablo Arango, designado por la hoy inexistente DNE para administrar la sociedad Valencia Henao. El dinero tendría que ser trasladado al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
El negocio se habría cerrando aparentemente y, a través de actos administrativos, se tramitaban con la DNE la firma de traspaso de las escrituras a Salazar, el nuevo dueño. Sin embargo, dicho trámite nunca se dio y las escrituras de las tres propiedades permanecen en un limbo jurídico que ya cumple 12 años prolongándose.
Habían pasado un par de años y Salazar seguía convencido de que había hecho un buen negocio. Para él era normal porque mensualmente recibía muy puntual su parte de los arriendos por cada propiedad, aunque las firmas de las escrituras nada que llegaban y las excusas del liquidador Arango, eran cada vez más rebuscadas.
Grande fue la sorpresa del empresario cuando se enteró que el 50% del local y la oficina que compró estaban embargados por una demanda civil en la que estaba hundida la sociedad Valencia Henao desde mucho antes de que él la comprara. Además, descubrió que la oficina y los dos parqueaderos que compró por $240 millones tenían una deuda con la administración del edificio que superaba el valor de venta del inmueble.
El liquidador, Pablo Arango, le dejó muy en claro que tenía que ser él mismo quien saneara el bien, por lo que Salazar pidió reintegro de los recursos, pero se quedó esperando pues esto nunca fue una opción. Ahí empezaría un proceso legal que incluso hoy sigue siendo un dolor de cabeza para ambas partes litigantes.
En sus argumentos legales, Luis Jaime Salazar argumenta que las escrituras nunca se firmaron porque Pablo Arango no quería perder los honorarios correspondientes por ser liquidador de la sociedad Valencia Henao, porque firmar las escrituras significaba el fin de la sociedad. También denunció que Arango, en su calidad de liquidador, no hizo el trámite del traspaso de papeles y no pagó los impuestos prediales para torpedear los paz y salvos que en las notarías eran requeridos para poder cerrar el trato al que llegaron en el 2008. Las deudas eran muchas y todas debían estar resueltas para firmar los papeles.
El interior de las oficinas compradas por el empresario Luis Jaime Salazar
Algunos años después, el expresidente Juan Manuel Santos anunciaba la liquidación de la DNE y todos los bienes del Frisco pasaron a manos de la nueva Sociedad de Activos Especiales-SAE en septiembre del 2014 cuando esta entraba en operación. Fueron 3 años de cartas y correos semanales de Salazar a la recién creada SAE sin tener respuesta concreta sobre sus escrituras. Era como si nadie supiera nada sobre su caso. Y aunque seguía recibiendo puntualmente lo correspondiente al arriendo de estos inmuebles, llegado el 2017 se le acabó la paciencia e interpuso una demanda en el Consejo de Estado contra la SAE.
Fue en ese momento en que Salazar dejó de recibir sus pagos por los cánones de arrendamiento. La razón era que para los abogados de la SAE no había evidencia de que el empresario había pagado por los tres inmuebles de la Sociedad Valencia Henao.
Solo hasta el 2019 luego de una tutela, el ingeniero antioqueño logró que la Vicepresidencia del Banco Agrario le enviara una certificación del ingreso del dinero a las cuentas autorizadas por la DNE. Con esta prueba, el empresario presentó ante la SAE una petición para la suscripción de las escrituras, y una vez más la SAE se negó. La consignación de compra, al haberse hecho por medio de la cuenta bancaria personal del liquidador, en este caso Pablo Arango, había torpedeado los protocolos internos del FRISCO, sobre todo porque Arango supuestamente entregó dicho dinero al Fondo al menos un año después de haberlo recibido a título personal.
Finalmente, la SAE remitió el caso al Comité de Negocios del Nivel Central, el cual determinó después de 91 sesiones que la escrituración de la bodega y el local bodega debían hacerse definitivamente en favor de Luis Jaime Salazar. El tercer predio, las oficinas, según indicaron fuentes oficiales de la institución sigue inmerso en un proceso de demanda por parte del administrador del edificio porque siguen cuotas pendientes por pagar.
